La mayoría de la investigación que se lleva a cabo en el mundo se realiza gracias a fondos públicos. Sin embargo, la publicación la realizan empresas privadas que sólo permiten la difusión de la ciencia mediante el pago de costosas suscripciones. Public Library of Science es una iniciativa que gracias a Internet pretende romper el monopolio en la difusión de investigación de los grandes grupos editores.
El mundo de la información científica es muy extraño. ¿No es paradójico que sean los científicos quienes producen y ofrezcan gratuitamente la materia prima que nutre las revistas sin que, a cambio, tengan libre acceso a sus contenidos? La sorpresa va en aumento cuando consideramos otros aspectos de este negocio, pues el prestigio de todas estas publicaciones depende de la calidad de lo que publican, una circunstancia que, al igual que el mercado de los futuros compradores, sólo pueden asegurar los científicos mismos. Ya se ve que estamos hablando de un asunto muy peculiar, y eso que todavía no hemos entrado en el meollo de la cuestión.
Michael Eisen, uno de los promotores de la Public Library of
Science (PLoS), nos ha contado que nunca pensó que la
información científica fuera un grave asunto político pues, obviando
los problemas que plantea conseguir datos fiables en el laboratorio,
siempre estuvo cerca de alguna de esas buenas bibliotecas que no
escatiman gastos en suscripciones. Pero la expansión de Internet y
las nuevas tecnologías de la información le abrieron los ojos. Dice
Eisen que quiso desarrollar una Base de Datos que aprovechara la
facilidad para acceder on-line a grandes fondos bibliográficos,
correlacionando las investigaciones sobre secuenciación genómica con
las ofrecidas por los clínicos sobre las patologías con potencial
origen genético. Y como es muy diferente intentar buscar material
empírico para publicar un paper que ensamblar datos de distinta
procedencia obtenidos mediante robots informáticos, los editores le
recordaron que la información que estaba correlacionando era
propietaria (tenía dueño) y que, en consecuencia estaba vulnerando
las leyes de la propiedad intelectual. O sea que comete un delito
quien trate de usar los datos científicos publicados para fabricar
nuevas herramientas de trabajo como, por ejemplo, una Base de Datos.
El conflicto no sólo es chusco, sino aberrante. "La literatura
científica la producen los científicos para que sea usada por gente
como yo. La principal motivación para publicar algo -escribe Eisen - es que otras personas lo lean y lo
usen. Por eso soy científico. Por esto son científicos los
científicos. Y el hecho de que no lo pudiera hacer me pareció
completamente absurdo". Tan absurdo, que decidió incorporarse a la
cruzada del Open Access, un movimiento que cuestiona el
monopolio que las grandes corporaciones editoriales ejercen sobre la
distribución de la información científica y que cuenta ya con
lúcidos activistas como Peter Suber o Stevan
Harnad y con poderosos apoyos para lograr sus fines, además de
toda la parafernalia de newsletter, blognews, news, junto a las listas de correo que coordinan
Suber en la Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition
Open Access Forum y Harnad en la American-Scientist Open Access Forum.
El movimiento no deja de crecer todos los días. Se calcula que son ya
30.000 los científicos de 180 países que han firmado la Open Letter de PLoS que promueve el boicot a las
editoriales que restrinjan el acceso a sus fondos. En la actualidad,
la Word
Summit of Information Society (2003) organizada por la ONU y la
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the
Sciences and Humanities, promovida entre otras por la Max Planck
Society, el CNRS, el INSERN, la Wellcome Trust y la Academia de
Ciencias de China, han adquirido fuertes compromisos en la dirección
del open acess. Y no sólo pueden reseñarse buenas intenciones.
Además de las 814 revistas on-line registradas en el Directory of Open Access
Journals que promueve la Universidad de Lund, muchas
instituciones de muy diferente carácter suministran herramientas
open source (también llamadas free software) para allanar la tarea
del tránsito hacia el open knowledge. La lista es larga: SciDevNet,
HighWire, Citebase, BioMed Central, Hinari, OAIster, Creative
Commons, eScholarship Repository, Eprints sofware, Project Sherpa,
OpenCourseWare, CDSWare,...
El 30 de enero pasado los
ministros de ciencia y tecnología de 34 estados miembros de la OCDE
hicieron pública en París una Declaración que deja poco espacio para las dudas,
conminando a sus gobiernos a "Buscar la transparencia en las
reglamentaciones y políticas ligadas a los servicios de información,
de informática y de comunicaciones que afectan a la circulación
internacional de datos para la investigación, y reducir los
obstáculos inútiles para el intercambio internacional de tales
datos". El 31 de diciembre de 2003 el consejo editorial del Journal
of Algorithms (Elsevier) tras dimitir en pleno, difunde una Declaración de Independencia y anuncia el
lanzamiento de ACM Transactions on Algorithms. El alto precio, según
se explica en la carta de dimisión, fue también la causa de que los
editores de Machine Learning Journal abandonara Kluwer para pasar a
convertirse en el Journal of Machine Learning Research. Son muchos
los casos: European Economic Review (Elsevier) se transformó en el
Journal of European Economic Association, Labor
History (Taylor & Francis) es ahora Labor y
Molecules (Springer Verlag) se sigue llamando Molecules
pero ahora corre con MDPI. En todos los casos, los editores redactan
una Declaration of Independence y solicitan a los
autores que confiaban en la versión comercial de la revista que
envíen sus trabajos para ser difundidos en la modalidad open access.
Sin duda el negocio montado alrededor de los artículos
científicos es uno de los factores decisivos para la emergencia del
problema. En la actualidad se publican en el mundo unas 24.000
revistas que sacan a la luz unos 2.500.000 papers al año. No todas
las revistas valen lo mismo, pero la suscripción de algunas como
Brain Researh alcanza los 22.000 euros, aunque el valor medio hay
que situarlo en 1500 euros. En conjunto hablamos de un negocio de
unos diez mil millones de euros al año y al que se le calculan
márgenes de beneficio cercanos al 30%. Elsevier, el mayor emporio
editorial tiene en su catálogo unas 2000 revistas, lo que le supone
beneficios de hasta 600 millones de euros. Las cifras son
significativas porque hasta las instituciones ricas tienen problemas
para abordar estos gastos. La Universidad de California, por
ejemplo, paga por suscripciones 30 millones de euros (el 15, por
cierto, es para Elsevier).
La otra variable inevitable es quién paga el trabajo necesario para producir
la montaña de papel a la que hemos aludido. Y aunque los cálculos no son exactos,
sí valen para proseguir nuestro argumento. Se cree que la inversión de fondos
públicos en ciencia alcanza un monto gigantesco: 83.000.000.000 de euros. La
consecuencia es clara, pues cada artículo le cuesta a la arcas del estado (de
algún estado del mundo) alrededor de 400.000 euros. No importa lo convencidos
que estuviéramos hasta ahora de la pertinencia del movimiento open access, pero
quien llegue a este punto creerá que estamos locos de remate o, peor aún, inventando
los datos. Por desgracia son ciertos. ¿Y cómo entonces hemos organizado una
empresa tan ruinosa y abusiva para los intereses públicos? Lo reconocemos: si
no fuera porque el problema tiene una larga historia, aquí habría mucha gente
obligada a dar cuentas ante algún comité parlamentario de investigación. No
es de historia, sin embargo, de lo que queremos hablar. Lo que nos interesa
es la iniciativa Open Access. ¿Qué se entiende exactamente por open access?
La Budapest Open Access Iniciative (BOAI, 2002; versión oficial en español) la define como "disponibilidad
gratuita en la Internet pública, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los
textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como
datos para sofware, o utilizarlos para cualquiera otro propósito legal, sin
barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar
acceso a la propia Internet". La BOAI incluye también la recomendación de que
el autor conserve el mayor control posible sobre la integridad de su trabajo,
un privilegio que, sin embargo, no recomienda la posterior Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)
para evitar futuras restricciones a cualquier uso o distribución de la totalidad
o de algún fragmento del original publicado. El asunto ha sido objeto de discusiones
apasionadas que alcanzaron su cénit con motivo de la propuesta del demócrata
Martin Sabo de la Public Access to Science Act (2003) para prohibir
la concesión de derechos de propiedad sobre cualquier conocimiento obtenido
total o parcialmente con fondos públicos. La ley no se limita a reconocer el
derecho de los científicos, sino que lo extiende a toda la ciudadanía, legitimando
así la viabilidad de la participación en ciencia de los llamados expert-citizen
que emergen de entre los colectivos de afectados (como los enfermos de SIDA),
los activistas de diversa procedencia (del tipo ecologistas) y los partidarios
del sofware libre (comunidades hackers). La tendencia errónea a confundir gratuidad
con open access ha sido uno de los principales temas de enfrentamiento, pues
se banalizan los temas cuando todo el problema se limita a la mera reducción
de la factura por suscripciones --o, en el Tercer Mundo, el bajo o nulo coste,
como sucede con iniciativas del tipo AGORA (Access to Global OnLine Research in Agriculture)
o HINARI (The Health InterNetwork Access to Research
Iniciative), ignorando otros obstáculos como los que pudieran introducirse según
la tecnología de acceso y las herramientas de búsqueda autómatica, o los derivados
de las políticas de mantenimiento on-line del documento o de reconocimiento
de derechos de propiedad intelectual sobre el conjunto o una parte del texto.
Hablamos entonces de problemas de extrema complejidad y que conectan los problemas
del open acess con los del GPL o copyleft y el open source sofware.
No todo el mundo está de acuerdo. Y, en efecto, algunas corporaciones poderosas
han manifestado su inquietud por una deriva que, en su opinión, amenaza con
liquidar la excelencia científica. El derecho a la reproducción sin límites
jurídicos o técnicos conducirá, según Federation of American Societies for Experimental Biology
(FASEB), a un descomunal incremento de la piratería, reduciendo también los
estímulos a la producción original. La Association of American Universities (AAU) advierte
de la amenaza que pesa sobre el sistema de financiación privada de la investigación.
Los científicos, en cambio, parecen muy satisfechos. Todo indica que la publicación
en open access multiplica la visibilidad de los textos, es decir su índice de
impacto. Como lectores está probado que los investigadores, cuando pueden elegir,
prefieren descargarse el paper a su PC antes que desplazarse a la biblioteca
del centro de trabajo. Sin embargo, la resistencia a publicar en las nuevas
revistas decrece a un ritmo más lento que el previsto o, quizás debiera decirse,
del esperado. Todo indica que nadie quiere publicar en una revista cuyos mecanismos
de control de calidad estén en regresión. Los científicos se alimentan de prestigio
y su bulimia no conoce límite. Parece claro que, en términos generales, el open
access se ve como una opción profesional y éticamente muy recomendable para
los demás, pero la mayoría duda sobre los perjuicios que se puedan derivar para
la carrera personal. ¿Está justificada semejante preocupación? ¿Representa el
open acces una amenaza para la ciencia? Todo indica que no, aún cuando se trata
de un debate abierto. Hay tres mecanismos principales de dar acceso al público.
El primero es crear revistas libres y hacer recaer los costes de mantenimiento,
incluidos los derivados del sistema de referee y edición, sobre los autores.
Esto implica cambiar la mentalidad actual y considerar la publicación de los
trabajos como una parte sustancial de la investigación misma y, al igual que
se adquieren reactivos, se organizan coloquios o se pagan viajes, habría que
presupuestar también el coste de la publicación, bien entendido que sería sin
ceder a la revista, ni mantener para ningún miembro del laboratorio, derecho
alguno de propiedad. Sabemos que ahora se paga por publicar en muchas revistas,
y que con el sistema que aquí se está describiendo se reducen notablemente los
costes. La plataforma BioMed Central, pionera en este campo y que federa
más de cien revistas, cobra 1.500 US$. La operación en su conjunto demanda soluciones
como las que está promoviendo Creative Commons, un movimiento que está dando soluciones
a los conflictos que plantea la alternativa Open Knowledge en todos los campos
del saber, desde el software a la música, pasando por la ciencia y la literatura.
El segundo
procedimiento es menos radical y agrupa un conjunto variado de
alternativas que combinan la vieja fórmula del acceso pagado con la
más novedosas del aceso libre. Hay revistas que después de un cierto
tiempo (entre 6 meses y un año) abren el contenido de sus índices,
otras regalan el acceso para instituciones situadas en el Tercer
Mundo. Las menos cobran por la versión en papel y regalan la versión
electrónica. Y en este punto hay una mala experiencia que recordar,
pues sabemos que el British Medical Journal después de 10 años de
ofrecer acceso libre, regresará a la fórmula del acceso restringido
a algunos de sus contendidos a partir del año próximo. Aunque sólo
el 12% de los ingresos procedía de suscripciones y el resto de la
publicidad, parece que una reducción del 9%, unida a otros factores,
han obligado a BMJ a cambiar tan ejemplar política.
La
tercera modalidad recomendada por los partidarios del open acess ha
sido el autoarchivo. El procedimiento es muy simple y cuenta con
miles de apoyos entusiastas. Los autores son animados a enviar sus
papers (eprints) a repositorios que cumplen los requsistos de la OAI antes de ser sometidos al control de calidad
(peer review). Tras la revisión el autor puede negociar con la
revista la publiciación del contenido completo en la forma
postreview. Si los editores no aceptaran, entonces el autor puede legalmente incluir las reformas introducidas en el
texto inicial (prereview) en la forma de un archivo adjunto como corrigenda. Sin duda estamos ante un procedimiento
que puede avanzar más deprisa que los dos anteriormente citados.
Pronto serán multitud las instituciones, y muy especialmente las
asociaciones y academias de carácter profesional, que se agolparán
por tener una iniciativa que facilite y estimule la práctica del
autoarchivo. Recientemente el gobierno de Canadá ha decidido poner
en línea todas las tesis defendidas en el país, UNESCO y toda su red
académica (IAP, ICSU, ALLEA y FASAS, entre otros organismos) ya
están abogando por el OAI. La Royal Society impulsó en 2003 el
informe Keeping Science Open, el MIT ha lanzado DSpace una
plataforma open source para archivar eprints documentos. El gobierno
holandés ha lanzado DARE, la Universidad de California impulsa el
proyecto California Digital Library y el CERN ofrece CDSWare otro
sitio basado en open source que puede actuar como servidor de
documentos.
Son muchas las iniciativas, pero sería injusto no mencionar la primera: arXiv.org,
promovida desde 1991 por Los Alamos National Laboratory (a veces llamada xxx,
debido a que su servidor era xxx.lanl.gov) y desde 2001 trasladada a Cornell
University. ArXiv recibe cada día unas 150.000 visitas y cuenta con unos 260.000
textos de física, matemáticas y demás especialidades afines. Otros depósitos
parecidos son cogPrints (ciencias cognitivas, neurología, psicología, lingüística,...)
y PubMed Central (medicina, biología). Es imposible concluir esta parte sin
hacer una pequeña mención a los problemas asociados con las tecnologías necesarias
para asegurar la creación y mantenimiento del archivo, como también para garantizar
el acceso y/o la búsqueda de información libre en la red. Es dificil exagerar
la importancia de este aspecto y lógicamente son muchas las páginas web dedicadas
a facilitar desde el punto de vista del software la viabilidad global del proyecto
open access. Entre ellas citaremos GNUPrints que proporciona herramientas open
source para la publicación on-line, los buscadores ARC, Citebase y CrossRef,
y el gestor de metadatos METAe, además de la revista D-Lib dedicada enteramente
a la investigación sobre las bibliotecas digitales
Todo indica que el movimiento open access no es una moda pasajera y que a medio
plazo será muy dificil justificar el hecho de que el conocimiento, pagado, producido
y validado con recursos públicos, pueda acabar siendo propiedad de unas empresas
que no sólo le niegan el acceso a los ciudadanos, sino a los mismos científicos.
Hay otro aspecto que sólo hemos tocado tangencialmente y que está implicito
en toda la discusión. Hablamos de la dimensión ética del asunto, pues nada parece
tan razonable como admitir que el conocimiento debería ser patrimonio de todos,
un bien común que legaremos a las generaciones futuras de la misma forma en
la que nosotros hemos recibido las leyes de la gravitación de Newton, las de
circulación de la sangre de Harvey, la Teoría de la Relatividad de Einstein,
el principio de Arquímedes o el mapa del genoma humano. Lo cierto es que con
la llegada de las nuevas tecnologías de la información los problemas han adquirido
una magnitud portentosa y las alarmas han saltado por todos los rincones. Negar
el acceso a la información científica a los ciudadanos, ya sea por su condición
de supuestos iletrados, ya sea porque su familia, institución o país no dispone
de recursos suficientes, es una opción por completo inaceptable que retrasa
el avance de la ciencia y cuestiona los fundamentos mismos de la democracia
Antonio Lafuente
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