"Derecho al conocimiento y acceso a la Información en las Políticas de Medio Ambiente" recoge las ponencias y aportaciones presentadas al Seminario sobre el Derecho al Conocimiento y Acceso a la Información en las Políticas de Medio Ambiente celebrado en Madrid a finales de 2004, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Administración Pública. Se trata de una publicación interdisciplinar ya que cuenta con la participación de juristas, de directivos y funcionarios dedicados cotidianamente a gestionar programas y proyectos de política medioambiental, de representantes de organizaciones no gubernamentales así como de profesionales del ámbito de la consultoría profesional y de la investigación. Este enfoque plural otorga una adecuada visión de conjunto acerca de los diversos aspectos y problemas derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información medioambiental.

La ratificación por parte de España del Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 (Convenio de Aarhus) -cuyo contenido es objeto de un extenso y concienzudo trabajo del prof. A. GARCÍA URETA- ha supuesto un avance importantísimo en la efectiva consecución de los tres derechos que garantiza y proclama su art. 1 (información, participación y acceso a la justicia). Por lo que se refiere al primero de ellos, el citado Convenio establece que la información cumple un papel esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir en los asuntos públicos y en el control de la gestión medioambiental de los poderes públicos.

Desde una perspectiva más práctica el estudio da cuenta también de las experiencias y proyectos futuros implementados por las diversas Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) en relación con su obligación de facilitar al público la información actualizada respecto de todas aquellas cuestiones que afecten al estado del medio ambiente. Los casos del Ministerio de Medio Ambiente, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Zaragoza conforman una valiosa fuente de información para estudiar posibles modelos y fórmulas alternativas desde las que abordar el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a los sujetos públicos en esta materia.

En otro grupo de ponencias, se aborda la problemática de las fuentes de información para la investigación (M. VÁZQUEZ VALERO) y el de las herramientas mediante las cuales se puede acceder a datos, programas y proyectos relacionados con el medio ambiente (A. MAGARIÑOS COMPAIRED) cuyo adecuado conocimiento resulta "imprescindible para establecer estrategias de búsqueda adecuadas a cada cuestión" (pág. 153).

El estudio se completa con otras tantas aportaciones en las que se estudia el derecho de acceso a la información ambiental desde una perspectiva sectorial -la que corresponde a la evaluación estratégica, págs. 207 a 222- así como desde el punto de vista empresarial, de los movimientos ciudadanos y de la opinión pública.

"Derecho al conocimiento y acceso a la Información en las Políticas de Medio Ambiente" representa, en definitiva, una valiosa contribución para el conocimiento del derecho de acceder a la información medioambiental y su adecuada gestión por parte de las Administraciones Públicas; aspectos que han sido abordados por la recientemente aprobada Ley 27/2006, d 18 de julio (BOE 19 de julio), por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).