La declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo ha logrado disminuir en un 79,5 % el número de posibles casos de COVID-19 en España, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oviedo
Según un estudio liderado desde la Universidad de Oviedo y publicado en la revista Economic Discussion Papers, el número de contagios potenciales por coronavirus en España se reducido en un 79,5 % por la declaración del estado de alarma del 14 de marzo.
Esto ha beneficiado especialmente a las provincias que están más cerca de los principales epicentros de la COVID-19, ya que la declaración ha roto el círculo vicioso de contagios entre provincias.
El estudio, elaborado por Luis Orea, investigador del departamento de Economía y del grupo OEG de la Universidad de Oviedo, e Inmaculada C. Álvarez, también investigadora de este grupo y de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que el número de casos confirmados hubiera aumentado, en ausencia de estado de alarma, de 126 a 617 mil casos a fecha de 4 de abril de 2020. Con dicha medida, por tanto, se han evitado alrededor de 491 mil infecciones confirmadas.
Mejor momento para decretar la alarma
Los resultados también ponen de manifiesto que se hubiera podido ahorrar un número aún mayor de contagios y, por consiguiente, de fallecimientos, si las medidas de control asociadas a la declaración de alarma se hubiesen puesto en marcha con solo una semana de antelación.
El número de casos confirmados hubiera pasado a 47 mil, lo que supone menos de la mitad de los contabilizados a fecha 4 de abril. Según los autores, esta disminución probablemente habría evitado el colapso de muchos hospitales.
En líneas generales, los datos indican que una mayor población, junto con un elevado número de personas de mediana edad y con estudios superiores contribuyen a adelantar la aparición de contagios.
Asimismo, los investigadores concluyen que el inicio e intensidad de las epidemias provinciales depende de la movilidad internacional, lo cual sugiere que las medidas de control de viajeros procedentes de zonas previamente afectadas, como es el caso de Italia, deberían haberse puesto en marcha mucho antes, en línea con las decisiones adoptadas en otros países.
