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Los pilares en los que Educación quiere basar la nueva norma son: "Fomento de la autonomía de las universidades, flexibilidad (para adaptarse a la heterogeneidad de centros) y respeto a las competencias de las comunidades". Educación tiene previsto presentar mañana un informe sobre esta reforma en el Consejo de Coordinación Universitaria.

Más de 350.000 personas se manifestaron el 1 de diciembre de 2001 en Madrid, incluida una veintena de rectores, contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) promovida por el Gobierno del PP. El entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, también estuvo allí. El presidente manifestó ese día que "ningún proceso de cambio social se debe hacer sin contar con los que están implicados en él y sin un gran consenso" y aseguró que si llegaba al poder derogaría esa ley. Seis meses antes, Zapatero había presentado personalmente una ley universitaria alternativa.

La propuesta para el debate de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades está inspirada en gran medida en ese texto. Y tres de las cuestiones que recoge esta propuesta han sido repetidas en muchas de las intervenciones de Zapatero tanto antes como después de ocupar la presidencia del Gobierno. Son: implantar una única prueba para el acceso a la Universidad (el Partido Popular estableció una reválida tras el bachillerato más pruebas voluntarias por facultades); el reconocimiento de la experiencia profesional para poder incorporarse a la Universidad en cualquier momento -una iniciativa denominada Universidad Abierta-, y la eliminación de la prueba de habilitación nacional para ser profesor funcionario, sustituyéndola por una acreditación de méritos.

Educación no tiene previsto derogar la Ley Orgánica de Universidades sino modificarla con una nueva ley orgánica. El Ejecutivo abrirá un proceso de debate con rectores, comunidades y agentes sociales. Su objetivo es que se apruebe antes de que acabe 2005. Es decir, se trata prácticamente de los mismos plazos que se ha marcado para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Las principales cuestiones para el debate de la nueva ley son las siguientes:

- Elección del rector. Se propone dejar libertad a las universidades en sus estatutos para decidir el sistema de elección del rector y la duración de su mandato. Desde que entró en vigor la LOU, en enero de 2002, los rectores han sido elegidos por la comunidad universitaria por sufragio universal ponderado. Antes, con la Ley de Reforma Universitaria, una norma derogada por la LOU, los escogían los representantes de la comunidad universitaria que componen el claustro de la Universidad.

- Acceso a la Universidad. Habrá una única prueba en la que participarán las universidades y los centros de educación secundaria. La regulación de esta prueba se recogerá presumiblemente en la ley que sustituya a la LOU. De esta norma se eliminará, por tanto, la posibilidad de establecer exámenes posteriores por facultades. En la ponderación de la notas de la prueba de acceso a la Universidad tendrán más peso las asignaturas relacionadas con la carrera que se quiera cursar. En la actualidad, el bachillerato tiene un 60% de peso en la nota media de acceso a la educación superior y la nota de la selectividad el 40%.

También se regulará otra cuestión para el acceso de los profesionales y personas mayores: la Universidad Abierta, que permitirá reconocer la experiencia laboral convalidándola por créditos universitarios.

- Coordinación del sistema. La configuración del Consejo de Coordinación Universitaria -un órgano consultivo del que forman parte el Gobierno, los rectores, los consejeros de las comunidades y personalidades elegidas por el Congreso y el Senado- será revisada y reformada para, entre otras cuestiones, incorporar en él a los estudiantes.

- Representación estudiantil. Se creará un estatuto del estudiante. Ahora no existe. El objetivo del Gobierno es vertebrar la representación estudiantil estatal y recoger los derechos y deberes de los alumnos universitarios.

- Evaluación de los centros. La polémica Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -el órgano que se encarga de la evaluación de las universidades y de los profesores- pasará de ser una fundación jurídicamente privada financiada con fondos públicos, a convertirse en una agencia pública.

- Representación de la sociedad. El presidente del Consejo Social, el órgano de las universidades que conecta a la sociedad con la educación superior, será elegido por dos tercios del Parlamento de cada comunidad autónoma y no por el Gobierno autonómico, como ocurre ahora.

- Conexión con la investigación. Se creará el Consejo Universitario de Investigación (CUI), con la finalidad de unir universidad e investigación. Alrededor del 70% de la investigación que se hace en España se realiza en las universidades.

- Órganos de gobierno. Éste es el mismo objetivo que persigue la propuesta con la supresión de la Junta Consultiva. Este órgano fue creado con la LOU y tiene el objetivo de asesorar al rector y al consejo de Gobierno del centro. Entre las críticas de los rectores a la LOU estaba el exceso de órganos que han acabado teniendo las universidades porque contribuye a retardar mucho la puesta en marcha de iniciativas.

Además, se pretende eliminar la imposición de que haya representantes políticos en el consejo de gobierno de las universidades. En la actualidad hay tres de estos representantes en cada universidad. El Ejecutivo pretende que las universidades socialista tengan más autonomía para decidir su gobierno y su estructura.

- Fiscalidad de las universidades. Se revisará la fiscalidad actual de las universidades para mejorar su situación. Este aspecto deberá ser negociado entre el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias. La mayoría de los impuestos que pagan las universidades son municipales. Los colegios de infantil, primaria y secundaria están exentos de ellos.

Autor:   Susana Pérez de Pablos