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Ambos aspectos son de especial relevancia para España. El primero, porque de los indicadores más recientes sigue deduciéndose que la nuestra es de las economías más atrasadas en la satisfacción de todos los capítulos de la Agenda de Lisboa. La brecha digital con el promedio europeo (no digamos con las más avanzadas economías nórdicas) se acentúa; la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), de efectos suficientemente demostrados sobre la productividad, es en España de las más bajas de la OCDE. También lo es la eficacia de nuestro sistema educativo.
Ahora, cuando las cuentas exteriores exhiben las limitaciones competitivas de un patrón de especialización impropio de una economía avanzada, caemos en la cuenta del tiempo perdido (y de los recursos no asignados) en los últimos años: la inversión en I+D, así como la dotación de capital humano y tecnológico de España es de las menores de la UE, lo que determina la reducida tasa de crecimiento de la productividad, la más baja de la OCDE, después de México. Y sin crecimiento de la productividad no hay economía que garantice prosperidad a medio plazo.
De ahí el interés del presidente del Gobierno en conseguir fondos europeos específicos para el desarrollo tecnológico, una vez que gran parte de las transferencias comunitarias tradicionales (8.000 millones de euros al año) van ir a los nuevos socios a partir de 2007. Es una iniciativa razonable, pero el principal aval de la misma deben proporcionarlo las políticas que adopte el propio Gobierno, acompañadas del correspondiente esfuerzo inversor. No es de recibo que el principal receptor de fondos comunitarios haya sido al mismo tiempo el más cicatero en el fortalecimiento de la inversión en conocimiento. A tiempo estamos de corregir un error estratégico de tal envergadura.
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