|
Se trata de 300 ayudas anuales concedidas por el ministerio, cada una estimada en 130.000 euros, que buscan la estabilidad del investigador. El programa I3 no va dirigido sólo al colectivo Ramón y Cajal, estimado en aproximadamente unos 600 investigadores en España, aunque reconoce que éste es uno de sus «objetivos prioritarios».
Estos investigadores, de entre 30 y 40 años, en los que el 50 por ciento son mujeres, tienen un currículum científico «impresionante», y representan la élite del científico «junior» en nuestro país, dice Luis F. Rull, catedrático de Física Teórica y miembro de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC).
El programa I3 funciona de la siguiente manera: el centro de investigación contrata a priori al investigador que considera, por su valía, que es el idóneo para conseguir el puesto fijo. Remite el contrato fijo al ministerio de San Segundo, que lo traspasa a la Agencia Nacional de Evaluación (ANEP).
Tres años pagados. La ANEP evalúa los logros científicos del contratado, y si su informe es favorable, el ministerio «premia» la decisión del centro pagando los tres primeros años de contrato.
El programa ha despertado bastante malestar en la Asociación Nacional Ramón y Cajal (ANIRC). Algunos lo han calificado como «un parche», un «paso atrás», o «claramente insuficiente».
La razón estriba en que «es el centro quien selecciona al que va a hacer el contrato, y en quien recae el poder», según afirma un investigador Ramón y Cajal a este diario. «En esa selección puede haber componentes políticos dentro de los centros».
La misma fuente también cita el riesgo de que se produzca endogamia, un fenómeno que ha sido constatado muchas veces en el tejido científico de este país.
En otras palabras, el investigador, sea un Ramón o Cajal o de otra naturaleza, no puede optar a esta incorporación por sí solo y presentar su candidatura y su currículum científico por iniciativa propia, sino que tiene que ser el centro quien lo contrate a priori.
«Me parece muy bien que sea un programa abierto a todo el mundo, y no sólo a los Ramón y Cajal», dice una investigadora de este programa, doctora en Astrofísica, a este diario. Advierte que «la decisión de un centro puede estar motivada por cosas muy variadas que no tengan que ver necesariamente con el perfil investigador, que es lo que se supone debería primar, o por lo menos ese perfil es el que han "vendido" con el programa Ramón y Cajal».
La ANIRC, en un comunicado, ha tachado el plan en términos muy duros, como «otra oportunidad perdida para la ciencia española».
Entre otros aspectos, critica el hecho de que la evaluación sea a posteriori, una vez firmado el contrato, lo que va en contra de la filosofía del programa, que se evalúa a priori las cualidades del candidatos.
Eso puede provocar recelos en los centros, asegura en un comunicado, que de esta forma se ven obligados a contratar «a ciegas» sin tener la seguridad si el contratado será finalmente incentivado o no.
Para Rull, la cuestión debería basarse en la evaluación independiente. «La clave es que el Centro no decide nada, la decisión la deben tomar los comités formados por gente que debe tener el respeto de la comunidad científica. Cuando han querido casar esta idea con la "tradición" de que sean las universidades las que decidan, chirrian las estructuras por todos los lados».
«DEJAR EN PAZ AL CANDIDATO»
Un portavoz del Ministerio de San Segundo explicó a este diario que este programa de incentivación «deja en paz al candidato, ya que son las Comunidades Autónomas y las universidades quienes deciden contratar a los individuos como fijos».
Y añade que «la ANEP», es quien valora si este contrato es de calidad», con lo que en caso afirmativo, el centro es quien recibe la ayuda. La ANEP está considerada como un organismo de bastante prestigio entre los propios Ramón y Cajal consultados por este diario.
«El ministerio no establece qué tipo de contrato se deben hacer», asegura el portavoz con lo que se deja el poder de la selección de los candidatos al propio centro.
|
