Tenemos que ser conscientes, además, de la tremenda dificultad que plantea a las políticas de I+D+I y por tanto a la mejora de nuestra competitividad la cada vez más compleja estructura de nuestro Estado.
En efecto, a la vista de los resultados de competitividad en España (el informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial coloca a nuestro país en posiciones decrecientes) se deduce que hay problemas de fondo que impiden que con instrumentos similares (o en algunos casos incluso mejores) a los existentes en otros países las empresas españolas apuesten por invertir en I+D o innovar. Dos son los que especialmente me preocupan.
El primero y más importante es la educación. Los resultados de varios estudios e informes como el de la OCDE sobre la Educación en los países desarrollados y el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes -PISA- colocan a España en una posición muy retrasada y sorprendentemente pareja a la posición que alcanza Estados Unidos. Pues bien, un reciente estudio de McKinsey refleja que los resultados de Estados Unidos en materia educativa que constata el Informe PISA se traducen en una reducción anual del 20% de su PIB y lo equipara a una recesión nacional permanente. La única forma de asegurar un cambio radical de nuestro modelo de crecimiento y hacer de España una economía basada en la generación y aplicación del conocimiento consistirá en mejorar radicalmente nuestro sistema educativo. Si la responsabilidad del cambio de modelo de crecimiento no es asumida por los responsables de nuestro sistema educativo tanto o incluso más que por los responsables de nuestras políticas científicas y tecnológicas los esfuerzos que se hagan en estas últimas serán inútiles. Servirán, con gran dificultad, para que el desastre no sea total pero no conseguirán más que pequeños incrementos en los indicadores que miden el carácter innovador de nuestra economía.
Y el segundo es la grave fragmentación y proliferación de diferentes políticas educativas, científicas y tecnológicas que nuestra estructura actual del Estado y su reparto de competencias viene produciendo y seguirá produciendo. El Estado no puede escudarse en que deben ser las Comunidades Autónomas las que independientemente y de manera aislada deben asumir la responsabilidad de formular y desarrollar las políticas científicas y tecnológicas ni mucho menos las educativas. En un mundo como el actual y en el contexto de crisis en el que vivimos no dispondremos de recursos para seguir alimentando múltiples políticas independientes si lo que perseguimos es eficacia. Por el contrario necesitamos la unión y cooperación alrededor de objetivos comunes. Esto no quiere decir que las Comunidades Autónomas no deben destinar recursos a dichas políticas y ejercer control sobre ellos sino que deben aceptar el liderazgo y la coordinación que, construida con la participación de todos, debe asumir el Estado de la misma manera que el Estado debe ser sensible y asumir políticas más acordes con la situación real de nuestra economía reconociendo y aprovechando la diversidad de nuestras empresas y agentes proveedores de conocimiento. El objetivo debe ser la simplificación de la tremenda burocracia generada por la multiplicación de programas demasiado dirigistas y poco flexibles que impiden o coartan la libre iniciativa de los agentes, que lo único que ha conseguido es que España alcance un presupuesto público de I+D similar a la media de los países de la OCDE pero con una eficacia en materia de competitividad muchas veces menor. El Estado no debe caer en la comodidad de limitar hasta la casi nulidad su responsabilidad en materia educativa y en políticas de fomento de la innovación empresarial satisfecho con sus resultados en materia científica y su incremento en volumen de producción de artículos científicos publicados. Correremos el riesgo de fragmentar, también, las políticas científicas perdiendo los éxitos logrados y llevando a nuestro sistema científico a los estándares de nuestro sistema educativo.
Es por ello, con el ánimo de que el Estado vaya reconstruyendo su capacidad de liderazgo y por tanto de coordinación, por lo que debemos repensar la estructura del presupuesto del Estado, invirtiendo en donde no se invirtió lo suficiente, potenciando o introduciendo medidas e instrumentos que hayan demostrado ser eficaces a la hora de impulsar la I+D+I empresarial y la innovación tanto a escala nacional como autonómica.
ORIENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO HACIA LA COMPETITIVIDAD
Sin embargo, reducir el gasto público parece incompatible con abordar inversiones esenciales para mejorar nuestra competitividad y construir un modelo económico menos vulnerable. Aún así, más preocupante que reducciones de cualquier calibre sería que no existiera una reorientación del presupuesto hacia políticas de I+D+I eficaces conforme a nuevos objetivos. Para abordar este necesario redireccionamiento de nuestras políticas científicas y tecnológicas con alguna probabilidad de éxito será preciso seleccionar mejor los objetivos y asignar mejor los recursos, pero también reconocer que existen problemas de fondo que ahogan nuestra capacidad de innovar y emprender como es el lastre que supone un deficiente sistema educativo y la tremenda dificultad que plantea a las políticas de I+D+I y por tanto a la mejora de nuestra competitividad la cada vez más compleja estructura de nuestro Estado. Una práctica esencial para mejorar nuestros indicadores productivos es instaurar mecanismos de evaluación de los programas públicos de I+D+I orientados a resultados en términos de retornos e impacto económico. Analizar los resultados del presupuesto público destinado a los programas de apoyo a la I+D+I en función de su retorno económico permitiría otorgar una visión de negocio a la I+D+I, manejar un lenguaje al que nos tenemos que empezar a acostumbrar si lo que se pretende realmente es escalar posiciones en la competitividad de nuestro país. Así se lograría reorientar las políticas hacia aquellas herramientas que existen en España más vinculadas a la transferencia tecnológica como son los Centros Tecnológicos. Estos organismos pueden actuar de interlocutores de un gran colectivo de empresas españolas permitiendo traducir los resultados del conocimiento que generan en aplicaciones útiles para la industria. Es más, se muestran como una herramienta válida en la que apoyarse para conseguir el cambio del modelo de crecimiento económico ¿Por qué no tomar ejemplo de otros países europeos que encabezan las listas de competitividad económica internacional y que cuentan con instrumentos similares a los Centros Tecnológicos españoles para la implementación de políticas estatales de apoyo a la I+D+I empresarial? (TNO, SINTEFF, VTT, FRAUNHOFER...). La política de Ciencia y Tecnología española requiere con urgencia que se encuentre un equilibrio entre las políticas públicas encaminadas a mantener la excelencia científica alcanzada con aquellas orientadas al sector empresarial, desconectado del anterior, y con dificultades para abordar por sí sólo actividades destinadas a la generación de nuevas tecnologías y a su comercialización.
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2010
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentado en el Parlamento el 29 de septiembre parece iniciar de forma muy tímida una corrección de este desequilibrio al contemplar un esfuerzo especial destinado a la investigación y desarrollo tecnológico industrial que ve reducidas las subvenciones un 12,7% frente al 25% de reducción global en las mismas. Sin embargo, se observa una falta de claridad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de apoyo a Centros Tecnológicos con lo que tan sólo permite asegurar que se dispondrán de recursos para cubrir los gastos comprometidos en el año 2009 lo que, de confirmarse, supondría un recorte de un 60% de las partidas tradicionalmente destinadas a apoyar la actividad de I+D+I propia o estratégica de los Centros Tecnológicos, instrumento clave para el cambio de modelo económico. Ignorar los estudios que permiten estimar que los Centros Tecnológicos contribuyen a mejorar en casi un 1% el ratio de crecimiento de la economía española y al 3% del ratio de crecimiento de la I+D interna empresarial y que el efecto económico de la colaboración de las empresas españolas con los Centros Tecnológicos se estima que se ha traducido en los últimos 5 años en un incremento de la cifra de negocios de sus empresas cliente de 2.664 millones de euros, un crecimiento de sus exportaciones de 583 millones de euros, un aumento del empleo de 14.545 trabajadores, es ignorar que los Centros Tecnológicos ofrecen muchas garantías de ser instrumentos útiles para contribuir al cambio de modelo económico. Pero para que estos resultados se mantengan y continúen evolucionando, estos organismos de investigación necesitan el apoyo del Gobierno y, en consecuencia, de los Presupuestos Generales del Estado. Confiemos en que se lleve a cabo una reflexión sobre la importancia del papel y la necesidad de apoyar el trabajo que realizan a favor de la competitividad empresarial, especialmente en un contexto como en el que nos encontramos, en el que la investigación y la tecnología serán claves para posicionarnos a la altura de Europa. |
