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El Estatuto, que tendrá rango de real decreto, entrará en vigor «el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado» (sin especificarse cuándo se producirá ésta) como en el texto anterior, en el que se fijaba el próximo 1 de enero de 2004 como fecha de su aplicación.
A partir de su puesta en marcha, previsiblemente para las convocatorias del próximo curso, los 20.000 becarios de investigación predoctorales y postdoctorales que hay en España serán dados de alta en la Seguridad Social, lo que les dará derecho a asistencia sanitaria, como los trabajadores por cuenta ajena. Eso sí, cotizarán la cantidad mínima, lo cual afectará a las pensiones de jubilación que perciban en el futuro y no tendrán subsidio por desempleo.
También se reconocen como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aquellas que sufran por el desempeño de su actividad, un derecho del que carecían hasta ahora. En la actualidad, los becarios de investigación carecen de seguro médico, salvo en los casos en los que éste se incluye como complemento de la beca.Muchos, sin embargo, tienen que recurrir a seguros privados para recibir asistencia.
REGISTRO DE BECAS
Pero, para que este real decreto se aplique, es imprescinble que el programa de ayudas de la institución que convoca las ayudas a la investigación esté inscrito en el Registro de Becas que está previsto crear, una condición que no es obligatoria para las instituciones públicas que otorgan estas becas, ya sean universidades, ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos.
Este es uno de los puntos negros que detecta la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) en su futuro estatuto: «Si una beca no se incluye en ese registro, no tendrá por qué cumplirlo, y está claro que habrá universidades a las que no les interese hacerlo para ahorrarse la cotización a la Seguridad Social, por ello nosotros queríamos que fuera obligatorio para todos», explica María Villarroya, presidenta de FJI-Precarios.
Y no es el único handicap que encuentran. Los becarios se quejan también de que no se regulen ni sus vacaciones, ni sus horarios, ni los festivos trabajados, ni sus permisos de maternidad, asuntos que ahora, según señala Villarroya, «dependen de la voluntad de los directores de cada tesis». «En definitiva, no nos consideran trabajadores, aunque somos productivos y, si bien el Estatuto es un paso adelante y nuestra situación mejorará, lo cierto es que muchos estamos hasta los 34 años sin derechos laborales, y luego tendremos pensiones muy bajas», asegura la presidenta de FJI-Becarios.
NIVEL DE TEMPOREROS
El diputado Jaime Lissavetzky, portavoz socialista de Ciencia y Tecnología en el Congreso, coincide en la crítica. «Con la cotización mínima estarán al nivel de un bracero o un temporero del campo», argumenta.
En el Estatuto, si no hay cambios de última hora, se deja claro que los becarios tendrán los derechos de propiedad intelectual de sus trabajos y que no se les podrá exigir realizar tareas que no estén relacionadas con su investigación, aunque sí podrán colaborar en tareas docentes. También se especifica que deberán tener dedicación exclusiva y que las becas no serán compatibles con otras ayudas análogas o un salario.
Para Lissavetzky, el Estatuto del Becario «llega con mucho retraso».De hecho, ya la predecesora de Josep Piqué, Ana Birulés, aseguró que estaría aprobado en mayo de 2002 y aún está pendiente de salir adelante. Por otro lado, teme que la inclusión en la Seguridad Social de los becarios de investigación pueda afectar, a la baja, al número de ayudas que se convocan en los próximos presupuestos.
El PSOE también coincide con la Federación en que el registro de becas debería ser obligatorio para todas las instituciones «con objeto de evitar que haya agravios comparativos entre unos y otros». «Puesto que es un real decreto y no podremos presentar enmiendas, sí plantearemos una mejora parlamentaria en forma de proyecto no de ley», anuncia el diputado socialista.
EXTRANJEROS DESAMPARADOS
La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) ha denunciado la no renovación de las becas del programa MUTIS de cuarto año, cuyos beneficiarios son, en su mayoría, estudiantes de países en desarrollo. Estas becas son concedidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para la formación de doctores extranjeros en nuestro país.
«La decisión de la AECI deja en desamparo a estos jóvenes investigadores, que se quedan sin permiso de residencia y sin poder terminar su doctorado, tras varios años de trabajo», explican en la Federación.
No es la primera vez que los becarios de la AECI tienen problemas para renovar sus becas de estudio una vez que se acaba el curso académico.
Autor: Rosa M. Tristan
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