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El «programa Ramón y Cajal» se ha presentado como uno de los grandes logros de Ciencia y Tecnología desde su instauración, ya que es una puerta de entrada al circuito científico a aquellos investigadores que tengan un currículum brillante, que hayan publicado en revistas de prestigio, y que presenten además un proyecto de investigación aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación (ANEP). Las duraciones de los contratos son de cinco años, según especifica el ministerio.
Sin embargo esto no se cumple en la realidad. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hay un centenar de contratados que ven, en la práctica, cómo se han reducido a veces hasta más de la mitad esos cinco años prometidos. Los afectados corresponden a los que ganaron las convocatorias de los años 2002 y 2003, y de no resolverse, a los que vendrán este año. De perpetuarse el problema, el número de afectados podría llegar a los 300, si se atiende al número de doctores que conseguirá contrato en la última convocatoria lanzada por Ciencia.
Una «bola de nieve»
El problema amenaza con convertirse en una «bola de nieve» que podría afectar en las convocatorias futuras a 700 científicos, según algunas fuentes consultadas. Un Ramón y Cajal puede contratarse por obra o también en «prácticas», siendo ésta la única fórmula que ha usado el CSIC desde 2001, cuando se lanzó el «programa Ramón y Cajal». Lo que sucede a continuación es sorprendente: si el investigador ha trabajado previamente en algún centro público del CSIC como «en formación o prácticas» (bajo una fórmula contractual llamada I3P), su antiguo contrato se solapa con su flamante Ramón y Cajal, restándole años, hasta dos o tres, según los casos. Los cinco años proclamados por Ciencia se esfuman.
Fuentes del CSIC afirman a este diario que sus responsables están «maniatados legalmente» y que han pedido al gabinete de Juan Costa y al Ministerio de Administraciones públicas (MAP) poder contratar por obra y servicio, una fórmula que siguen las universidades y que asegura los cinco años del Ramón y Cajal. Segunda sorpresa: «no se ha obtenido respuesta positiva», aseguran las mismas fuentes.
En cualquier caso, el desajuste y descoordinación entre Ciencia, CSIC y el MAP perjudica claramente a los investigadores. «El Ministerio convoca unos contratos que no se ajustan a la legalidad de las instituciones que dependen de él», asegura María Dávila, del Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC, e investigadora Ramón y Cajal. Razona que los dos implicados (CSIC y Ministerio) deberían haberse coordinado para cumplir con lo especificado en los contratos. Javier Méndez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores Ramón y Cajal de España, no cree que exista una discriminación del CSIC, aunque manifiesta que este organismo debería buscar una solución para cumplir con lo especificado por Ciencia y Tecnología. «El propio Ministerio recomienda al organismo cómo puede realizar el contrato, aunque no puede forzarlo». Hay otros problemas. Los investigadores Ramón y Cajal no gozan de los mismos derechos. «Lo preocupante es que el CSIC no nos considera como personal del CSIC, ya que el Ramón y Cajal le ha venido impuesto», dice Méndez. Esta falta de reconocimiento se traduce en que los contratados no aparezcan en los estatutos del CSIC, no puedan votar en los claustros o que a la hora de solicitar becas para becarios su firma no valga: debe ser del personal del CSIC.
La modalidad «en practicas o formación» de contratación merma el poder económico de los contratados, ya que la reducción implica no poder cobrar el sueldo (29.00 euros anuales brutos de media) durante los cinco años acordados en la convocatoria.
Méndez asegura que los Ramón y Cajal del CSIC no pueden recibir los complementos de productividad, e indica que, en las universidades, el contrato Ramón y Cajal se ha resuelto como de investigador. «El CSIC debería incluir la figura de investigador en los Ramón y Cajal».
La financiación corre totalmente a cargo de Ciencia el primer año. Los institutos cofinancian al investigador un 10 por ciento durante el segundo año, un diez por ciento más cada año hasta el 40 por ciento en el último.
Autor: L. M. Ariza
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