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La federación considera que el decreto regulador establece unos mecanismos "arbitrarios" de concesión de becas y excluye del estatuto a los nuevos investigadores que todavía no han obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (DEA).

A su juicio, esto deja totalmente desprotegidos y en la misma situación "precaria" actual, durante dos años, a un amplísimo número de jóvenes licenciados que se inician en la investigación y que comienzan a ser científicamente productivos.

SEGURIDAD SOCIAL

La entidad cree también que se ha establecido en el estatuto una asimilación muy incompleta y restrictiva de los becarios al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS).

Por ejemplo, se quejan de que se les impone una base de cotización que no es la equivalente a la dotación mensual real de las becas (como al resto de los activos, laborales o funcionarios, conforme a la legislación de la Seguridad Social), sino al salario mínimo (la mitad de la media del importe de las becas concedidas por los organismos públicos de investigación)

PARO

También lamentan que se deja sin cobertura la prestación de desempleo en la terminación de la beca, y que continúa siendo una incógnita el derecho a vacaciones así como los efectos económicos del permiso por maternidad, pudiéndose dar lugar a abusos y situaciones regresivas.

Según la federación, con el texto aprobado por el Gobierno sólo las becas de investigación financiadas con fondos públicos pueden acogerse al Estatuto, lo cual entraría en contradicción con el objetivo del Gobierno de incorporar al sector privado a la investigación en España.