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El primero es la insuficiencia de efectivos en comparación con los países de nuestro entorno. España cuenta con 4,5 investigadores por cada mil activos, frente a la media de la UE, de 5,7, y lejos de Suecia, Irlanda o Finlandia, que superan los 10.
Un segundo problema es la escasez de investigadores en el sector empresarial; mientras que en la UE uno de cada dos investigadores está empleado por empresas, en España no llegan a 3 de cada 10.
La situación evoluciona positivamente; sin embargo, en 2001, casi el 25% de los investigadores (EDP) contados por el INE tenían la condición de becarios. Este elemento indica un crecimiento basado en la dualización del mercado de trabajo y de la formación en la investigación. El uso extensivo de las becas, en especial las posdoctorales, se traduce en unos niveles salariales bajos y en la carencia de protección social para los investigadores jóvenes. La dualización es más grave en el sector público.
El mercado de trabajo de los investigadores presenta serios problemas con relación a las carreras académicas y a las oportunidades de empleo estable incluso para doctores de demostrada calidad. Las causas son complejas, y se relacionan -además de con la escasa demanda empresarial-, por una parte, con el lento crecimiento de la oferta de plazas en el sector público en los últimos 10 años, y por otra, con el crecimiento significativo de la producción de doctores que, a pesar de estar en el activo, está aún lejos de la media europea; además, evidencia desequilibrios por áreas disciplinares, lo que contribuye a desajustes importantes entre oferta y demanda.
Por otro lado, en sectores significativos del sistema, el considerable número de doctores contratados temporalmente, gracias a programas exitosos como el Ramón y Cajal, no puede ser estabilizado por los procedimientos ordinarios de la oferta de empleo público. Por ejemplo, en el CSIC hay más de 550 doctores Ramón y Cajal y el número de plazas nuevas a concurso libre que se convocan anualmente ronda las 50.
Otra muestra de los problemas en la carrera académica es el retraso de la edad de obtención de la condición de funcionario, incluso en condiciones demostradas de reconocimiento internacional de los méritos. Un análisis realizado para el CSIC señala que mientras en 1960 la edad media de ingreso permanente eran 28 años, a finales de los noventa pasó a ser de 36. A ello se une el problema de la promoción interna; en 1960 se llegaba a la categoría de profesor de investigación (equivalente a catedrático) como media a los 33 años, y hoy, a los 50.
Además de la dualización y las dificultades para la obtención de trabajos estables, está el problema de los niveles salariales. Las estadísticas de OCDE, por ejemplo, señalan que los costes laborales en las universidades alemanas en 2000 eran de 50.000 dólares, en poder de paridad adquisitiva, por persona ocupada en I+D, mientras que en las españolas era 30.000.
Hoy el problema central en materia de recursos humanos no es tanto la generación de nuevos doctores como las dificultades para crear empleo estable y bien remunerado para aquellos que han invertido en este tipo de formación desde principios de los noventa. De persistir este problema puede producirse también una caída en los estudiantes de doctorado, ante el incierto futuro en la profesión de investigador.
Así pues, sin otorgar a las políticas de recursos humanos en investigación un papel central, no sólo no se llegará a los objetivos europeos, sino que además pueden perderse las capacidades creadas en los años pasados por el riesgo de abandono de jóvenes investigadores. No debemos olvidar que las inversiones en recursos humanos tardan muchos años en manifestar sus éxitos o sus fracasos.
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