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Los rectores exigen a la nueva ministra que saque a la Universidad del estancamiento

Los rectores esperan que la nueva ministra de Educación, Mercedes Cabrera, lleve adelante el renovado «impulso» que requieren temas centrales de la política universitaria como la tramitación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, el apoyo a la investigación y la financiación de las universidades.


FUENTE | ABC Periódico Electrónico
18/04/2006
 
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Los responsables de las universidades habían mostrado en innumerables ocasiones su «decepción» ante la lentitud de unos cambios que sólo buscaban «corregir disfunciones» y no sumir a la institución en un nuevo proceso constituyente como el que se derivó de la aplicación de la propia LOU, con nuevos estatutos y renovación de los rectorados. Denuncian que las reformas comprometidas al principio de la legislatura están estancadas y no se ha concretado ninguna. «Todos los temas están abiertos -ha declarado el presidente de la CRUE, Juan Vázquez- y es necesario que el Gobierno empiece a tomar decisiones sobre las políticas universitarias abiertas».

SIN RESPUESTA

En efecto, el equipo universitario de María Jesús San Segundo, encabezado por el secretario de Estado, Salvador Ordóñez, no atendió esas llamadas de atención de quienes transmitían el sentir de los campus y la Universidad se había convertido en el auténtico «talón de Aquiles» de la ya ex ministra, como ya ocurriera con alguna de sus antecesoras.

La reunión que los rectores mantuvieron el 23 de marzo pasado con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue el detonante, junto a otras opiniones negativas, de un cese anunciado aunque sorprendente en la forma. La vicepresidenta conoció la posición de los rectores respecto a la parálisis de la política universitaria. Además, éstos expresaron a Fernández de la Vega, la necesidad de contar con su «decidido impulso político» para avanzar en estas relevantes cuestiones de política universitaria, argumento esgrimido por el Gobierno para justificar el cambio de ministra.

Esta son las cuestiones que precisan de ese impulso:

Ley de Universidades (LOU). El proceso de modificación de la LOU se ha parado en la difusión del borrador que Ordóñez llevó a cabo el 27 de octubre de 2005. Entre los aspectos que debe modificar destaca el referido al sistema de selección del profesorado. El borrador del Gobierno, y los rectores están de acuerdo, sustituye la habilitación por la acreditación como paso previo para acceder al funcionariado. La habilitación incluye pruebas públicas y ha movilizado a más de 1.500 catedráticos y profesores titulares durante varias semanas para acudir a los tribunales. Además, el número de habilitados es cerrado, de modo que pueden quedar candidatos fuera pese a alcanzar el nivel establecido. La acreditación sustituye las pruebas por un concurso de méritos. Vázquez ha advertido de que el 10 de mayo acaba el plazo fijado para optar a la habilitación en la convocatoria que se anunció como la última. Además, hay que definir si se mantienen las pruebas en el acceso al funcionariado, regular las figuras de contratados o la forma de elección de rector (por sufragio universal o por el claustro). Los rectores entienden que la reforma debe agilizarse. «El Ministerio tiene que responder a las propuestas formuladas y publicar cuanto antes un nuevo borrador».

Espacio Europeo. Tras muchas dudas y polémicas sobre la eventual desaparición de algunas carreras como Humanidades e Historia del Arte (finalmente mantenidas), el Gobierno ha defendido títulos de Grado con una duración máxima de cuatro años y masters oficiales de uno o dos años. Sin embargo, todavía no ha publicado ni un solo decreto de enseñanzas mínimas de una treintena de titulaciones propuestas de acuerdo con la Declaración de Bolonia. En la adaptación del sistema se advierten serias «incertidumbres e indefiniciones» y en algunas áreas como las técnicas las divergencias con los sectores profesionales son muy profundas. Por otra parte, tampoco se han definido bien los posgrados ni sus precios públicos, ya que entran en el catálogo de estudios oficiales.

Financiación. La necesidad de una ley de financiación que de estabilidad al sistema universitario es una vieja reivindicación. El Ministerio constituyó una comisión de expertos que tiene sus informes casi concluidos. A la nueva ministra, los responsables de los centros superiores le piden un compromiso político para aprobar un sistema de financiación de mínimos que garantice el funcionamiento de las instituciones. Después, cada comunidad autónoma (todas tienen plenas competencias en enseñanza universitaria) podrá diseñar sus políticas económicas de acuerdo con sus objetivos.

Autor:   Milagros Asenjo



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