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En concreto, en el nuevo régimen tributario de la I+D+i, en el que introduce un cambio de calado: elimina la deducción adicional del 20% de los "gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología".
Se trata de una vieja ventaja fiscal nacida en la segunda legislatura del PP de la que venían gozando estas entidades, que auguran ya un impacto negativo de las medidas del Ejecutivo, más en un entorno de crisis económica y de renovación del patrón productivo para impulsar el valor añadido. El propio vicepresidente segundo, Pedro Solbes, advertía, antes de iniciar la crisis, de que la economía española se estancaría sin un impulso público y empresarial en I+D+i.
De esta forma, estos centros pierden una de las más importantes deducciones que tenían hasta ahora, para mantener sólo la desgravación general y otra adicional, la relativa al personal correspondiente a investigadores cualificados adscritos "en exclusiva" a actividades de investigación y desarrollo.
La modificación no deja de sorprender a los centros de investigación a la luz de los nuevos planes que había anunciado el Gobierno, que quiere recalcar la necesidad de mejorar la transferencia de tecnología y conocimiento entre empresa y universidad, que pierde un importante incentivo fiscal a la I+D+i. Una ayuda, además, que pasa a gestionar el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), hasta ahora dependiente de Industria, que se integra en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación para simplificar trámites y elevar la seguridad jurídica de las empresas.
Ahora los centros científicos confían en la agenda del nuevo departamento ministerial, que pretende destinar a la creación de instrumentos que financien proyectos empresariales de I+D+i gran parte de su presupuesto, que asciende a 7.800 millones de euros.
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