noticias

Tras distintas reuniones celebradas entre delegaciones de ambas organizaciones y una vez analizadas las declaraciones de la Ministra de Ciencia e Innovación, en sus distintas comparecencias, Consejo de Universidades, CEOE, así como ante la Comisión de Ciencia e Investigación del Parlamento el pasado día 16 de Junio, ambas delegaciones acuerdan manifestar que:

ASPECTOS GENERALES

• La creación del Ministerio es un dato globalmente positivo dentro de la estrategia de integrar las actuaciones del sector público de investigación, pero requiere una cuidadosa implementación, que asegure una adecuada conexión con el proceso educativo (formación de titulados y profesionales) y la atención específica a sectores concretos de la investigación, en particular la investigación en el campo de la salud.
• La incorporación de las universidades en el ámbito del Ministerio debe situar la mejora del Servicio Público de la Educación Superior entre sus prioridades, velando por una implantación del proceso de Bolonia que sirva para mejorar la calidad del Servicio Público, la igualdad de oportunidades y no por la mercantilización de la Educación Universitaria.
• El objetivo prioritario de transferir el conocimiento generado por la investigación pública a la sociedad, no puede entenderse como enfocado restrictivamente al entorno empresarial, sino al conjunto de la sociedad y sus entornos asociativos. La actuación del Ministerio y el Gobierno en su conjunto debe asimismo facilitar la generación de una sociedad culturalmente crítica, capaz de actuar con autonomía ante el complejo científico-técnico y movilizarse en torno a un modelo de desarrollo sostenible.
• En este sentido debe ser prioridad del Ministerio elaborar un catálogo de buenas prácticas que asegure que el personal de investigación en el sistema público pueda mantener su actividad básica no condicionada por las presiones del mercado, como una garantía de independencia y autonomía. Los crecientes debates en torno a los modelos de investigación en campos clave como los energéticos, alimentación y salud, deben realizarse sin la presión creciente de los respectivos grupos de presión empresariales, sino en el ámbito de un debate social generalizado.
• Las anunciadas políticas de mejoras del escenario financiero para incrementar los niveles de investigación del sector privado, convirtiendo la política de créditos por subvenciones, choca con el hecho de que con los últimos datos disponibles, (1995-2007), las empresas sólo han devuelto el 11% de los créditos concedidos con cargo al cap. VIII de los P.G.E. Es decir restan por devolver 8.800 M?, el 40% del total de la inversión pública en ese período. A estos datos habría que añadir el capítulo de desgravaciones fiscales, del que las empresas han efectuado un uso muy restrictivo, a pesar de gozar de las condiciones más favorables de la U.E. El crecimiento en la ejecución del gasto empresarial en I+d, cifrado en el 20%, ha estado basado en el crecimiento neto de las trasferencias de fondos públicos. La resultante de estas actuaciones indican que, el sector privado no ha hecho de las tareas de innovación el eje de su estrategia durante el período de mayor beneficio empresarial de la historia económica reciente, no puede ser por tanto el determinante en exclusiva del cambio de modelo de desarrollo, que nuestra sociedad requiere.
• La actuación del Ministerio en la definición y planificación de sus actuaciones debe plantearse en el contexto del diálogo social y manteniendo las instancias de negociación concretas que permita que tanto los objetivos como los instrumentos, sean objetos de la necesaria negociación y consenso social.

ESTRUCTURA DEL MINISTERIO

• Cuando van a cumplirse los tres meses de constitución del nuevo gobierno aún no se ha publicado la estructura orgánica del nuevo Ministerio, retraso para el que no se ha dado ninguna explicación. Esta situación refleja dudas sobre la consistencia y solidez del nuevo proyecto, que deben despejarse a la máxima urgencia, para que no surjan dudas sobre su propia viabilidad. En particular es necesario conocer la distribución de los recursos presupuestarios entre las distintas unidades del Ministerio.
• Las declaraciones de la Sra. Ministra en el Parlamento son en muchos aspectos claves, contradictorias con otras de sus declaraciones públicas sobre el contenido y calendario en temas clave en la política del Ministerio. Se atrasa al año que viene la prometida Ley de Ciencia, se pospone igualmente la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Prospectiva, Evaluación y Financiación, así como el futuro de la ANEP y ANECA. Se pospone asimismo la política de coordinación de los organismos públicos de investigación, cuando el propio Ministerio, había avanzado la aprobación en los 100 primeros días de un Real Decreto sobre Integración de los Organismos Públicos de Personal y se dejan caer dudas sobre la extensión del modelo de Agencia Estatal implantado en el CSIC al resto de los OPIs.

POLÍTICA DE PERSONAL

• La intervención de la Sra. Ministra no ha despejado ninguna incógnita; centrando su discurso en favorecer el paso de los investigadores al sector privado y en la contratación de científicos del exterior. Surgen grandes dudas sobre su conocimiento real de las condiciones de trabajo, falta de promoción y precariedad que afectan a la gran mayoría del personal que realiza ya sus tareas en las universidades y centros de investigación, sea cual sea la fase o actividad en la que estén inmersos.
• Se aplaza hasta octubre el borrador del Estatuto de Personal Docente e Investigador, incumpliendo el mandato de la LOMLOU y se menciona su adecuación a la carrera científica para favorecer la movilidad entre instituciones cuando al tiempo, se propone que dicha carrera se desarrollará en el marco de la nueva Ley de Ciencia a elaborar a lo largo del año 2009; se propone , para luego desmentirlo, la aprobación en 100 días de un Real Decreto sobre Carrera Investigadora en OPIs; se plantea la necesaria carrera profesional para la tres escalas científicas, técnicas y de gestión, pero no se propone un calendario de aplicación. Tampoco se deja claro la inclusión en el mismo del personal investigador en fase inicial, amparado hasta la actualidad de una manera absolutamente insuficiente, parcial e inadecuada por el RD 63/2006.
• Se retrasa el reconocimiento de los derechos laborales plenos para los investigadores predoctorales desde el comienzo de su vida profesional y se veta la toma en consideración de las iniciativas legales presentadas en el Congreso para hacer efectivo este derecho (Proposición de ley del estatuto del personal investigador y Proposición de ley 125/000014 Relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores entre otras).
• Finalmente, no se hace ninguna referencia al problema de la precariedad galopante que afecta a más del 50% del personal que trabaja en los OPIs, y se boicotea la aplicación de la legislación que favorece la estabilización del empleo.

Ante esta suma de contradicciones y dilaciones, y en un escenario de endurecimiento de las condiciones de acceso y carrera en el sector público la FJI y CC.OO. consideran imprescindible que:

• El desarrollo de los sistemas de acceso, promoción y contratación de personal se efectúen en el marco del reconocimiento de la Carta Europea del Investigador Científico y de las recomendaciones emanadas de la European Trade Union Comité for Education, que acogen al conjunto de personal científico, técnico y de gestión. Estas carreras deben ser comunes para todos los organismos públicos de investigación y mantener las adecuadas pasarelas para favorecer la movilidad de todo el personal entre el sistema universitario y el de los organismos públicos de investigación.
• En el objetivo de reducir la edad media de acceso a las carreras y el reconocimiento de los derechos laborales plenos, la carrera profesional debe iniciarse desde el inicio de las actividad profesional. Así mismo, la edad media de estabilización laboral debería reducirse de forma ostensible.
• La carrera profesional debe ir asociada a un sistema retributivo que la haga atractiva y compatible con las vigentes en colectivos profesionales nacionales e internacionales de la misma cualificación. Ese sistema retributivo no puede estar fundamentado en un salario bajo y que la única posibilidad de alcanzar unas remuneraciones equiparables, sea a través de complementos sometidos a múltiples instancias de evaluación o de ingresos adicionales por contratos con entidades privadas.
• Esta valoración, junto a la aplicación efectiva de las normas de conciliación efectiva de la vida laboral y familiar, son imprescindibles para atenuar el acusado descenso en el número de estudiantes que abocan su futuro al campo de la investigación.
• El Ministerio debe poner en marcha políticas de empleo, financiación y evaluación del sistema público de investigación que minimicen el modelo de precariedad imperante y erradique la figura del investigador sin remuneración regulada.
• Los estatutos de los OPIs y Universidades deben incluir el derecho a la participación en las distintos órganos de gobierno de cada organismo al conjunto de personal de investigación: científico, técnico y de gestión; con independencia de su estatus laboral: funcionario y contratado; y con independencia de su nivel en la carrera profesional: en formación, junior y senior.

Para precisar y conformar este conjunto de actuaciones tanto CC.OO. como la FJI, consideran imprescindible la urgente puesta en marcha en el Ministerio, de las instancias de negociación que el Estatuto del Empleado Público, reconoce a los representantes legales de los trabajadores adscritos al MCIN.

No se entiende como negociación de los Estatutos, un simple intercambio de opiniones y papeles. Así mismo también consideran absolutamente necesaria la puesta en marcha de foros de discusión social, que incluyan a asociaciones civiles implicadas en I+D.