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Esta función de la Universidad será aún más determinante en el futuro si queremos seguir avanzando en el camino de la sociedad del conocimiento, que nos hemos propuesto con la Declaración de Bolonia.
Esto implica que la Universidad tendrá que ser capaz de reconducir su misión docente e investigadora hacia un mayor compromiso con la sociedad y el desarrollo de la innovación, como motor de crecimiento económico y social.
Para ello, la Universidad tiene que seguir desarrollando una cultura de excelencia en cada una de sus áreas de actividad tradicionales, como son la formación de estudiantes, la generación de conocimiento, la transmisión y aplicación del saber, y la divulgación de cultura, ciencia y tecnología hacia la sociedad.
Al mismo tiempo, esto significa que las universidades tendrán que modificar su modelo de gobierno para adaptarse con éxito a la creciente complejidad que implica la gestión de las instituciones universitarias, debido a su gran relevancia para el desarrollo económico y social y a la diversidad de funciones y nuevas responsabilidades que se le están exigiendo desde el conjunto de la sociedad y de los distintos grupos de interés implicados.
Conscientes de esta necesidad, durante los últimos años se han llevado a cabo en España diversas iniciativas con el objetivo de incrementar el nivel de autonomía de las universidades y adaptar su sistema de gobierno a las necesidades de su entorno.
Sin embargo, a pesar del importante esfuerzo normativo realizado a lo largo de estos años, la realidad es que los esquemas de gestión de las universidades españolas siguen siendo bastante similares a los que se crearon desde finales de los años 70, cuando las características y necesidades de nuestra sociedad eran muy diferentes a las actuales.
ESQUEMA DE GESTIÓN
Algunos de los factores negativos del actual esquema de gestión tienen que ver, precisamente, con el positivo esfuerzo realizado en aquellos años para hacer participar en la gestión de la universidad a los distintos colectivos que la integraban, pero que con el paso del tiempo ha terminado generando una pesada burocracia y dejando un escaso margen de maniobra para modelar la gestión universitaria de acuerdo con las necesidades cambiantes de nuestro entorno.
Un ejemplo de ello es el actual sistema de elección del rector y de los principales órganos de gobierno de la Universidad en España, que se basa en un mecanismo de representación estamental en el que participan profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, lo que conlleva un sistema de toma de decisiones colegiadas, extremadamente complejo y poco ágil.
Además, este complejo mecanismo de representación para elegir al rector, da lugar a que, en la práctica, los máximos órganos de gestión de la universidad queden condicionados en la toma de decisiones en función de los intereses de los grupos que han apoyado su elección, con las consecuencias que eso puede suponer.
Asimismo, este modelo conlleva que los órganos de gestión estén integrados en ocasiones por personas con una limitada experiencia directiva, y escasa especialización y profesionalización en la gestión, ya que a menudo se confunde la elevada calidad docente o de investigación de un profesional con su capacidad de gestión de una institución tan compleja como es la universidad.
Otro de los problemas de este modelo de gobierno es que la Universidad puede acabar siendo excesivamente endogámica y poco receptiva a las necesidades de la sociedad y de las empresas de su entorno, como a veces se pone de manifiesto.
En este sentido, la propia Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, responsable de la política universitaria en España, señalaba recientemente en una entrevista que "hay consenso en que el sistema actual de gobernanza de la universidad española no funciona", e indicaba como posible clave para solucionar este problema que "estén gobernadas por auténticos profesionales de la gestión".
PROFESIONALIZACIÓN
Esta misma idea ha sido planteada también por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas, y la International Association of University Governing Bodies, en línea con la necesidad de avanzar hacia una profesionalización de la gestión de las universidades públicas, de manera similar a lo que ocurre en otros países, y particularmente en el mundo anglosajón, cuyas universidades encabezan la mayoría de los ranking universitarios que se elaboran a nivel mundial.
Frente al modelo de gobierno de las universidades españolas, el modelo anglosajón, y particularmente el sistema universitario estadounidense, sigue un modelo parecido al del mundo de la empresa, independientemente del carácter público o privado de la universidad.
De acuerdo con este modelo, el rector de la universidad tiene asignadas las funciones de un consejero delegado/chief executive officer y es designado por un consejo/board, que asume las responsabilidades de gobierno y al cual reporta el rector. A su vez, el rector y su equipo designan a los decanos y demás autoridades universitarias.
En este sentido, la creación de los consejos sociales hace ya más de 25 años constituyó un paso adelante en esta línea, aunque bien es cierto que el modelo definido por el legislador hace que estos consejos no tengan todavía el peso que deberían tener en el gobierno de las universidades.
Por eso, desde el ámbito de los Consejos Sociales pensamos que sería conveniente dotar a las universidades españolas de un sistema de gobierno más parecido al modelo anglosajón, separando las responsabilidades de gobierno de las de gestión y académicas, y dotando a la universidad de una gestión profesionalizada y de mecanismos de rendición de cuentas más acordes con las demandas sociales.
Para ello, sería necesario convertir, con las adaptaciones que proceda, los consejos sociales, en el consejo/board de la Universidad, con funciones de gobierno y donde el rector tendría asignadas las funciones de un consejero delegado/chief executive officer con la responsabilidad de llevar a cabo la gestión del día a día de la Universidad, así como las responsabilidades académicas.
De acuerdo con este modelo, el rector sería designado por el consejo/board, al cual tendría que reportar, y a su vez, el rector, con su equipo de dirección, designaría a decanos y demás autoridades universitarias.
MARCO LEGISLATIVO
Para ello, sería necesario modificar el actual marco legislativo, con el fin de que cada universidad, de acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente, pudiera determinar las características de sus órganos de gobierno, sin la necesidad de someterse a las directrices generales como las definidas actualmente.
En esta línea, el camino abierto para la adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior, constituye una oportunidad única, para abordar también esta necesaria transformación del modelo de gobierno de nuestras universidades con el objetivo de consolidar un nuevo modelo de desarrollo económico y empresarial, basado en el impulso la innovación y el conocimiento, tan necesario ante la situación actual de la economía.
Autor: José Luis López de Silanes
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