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Compañías como Cisco o las propias operadoras de Internet ofrecen sus servicios de VPN a empresas desde hace años pero, en los últimos meses, su uso se está generalizando entre los ciudadanos europeos. El motivo es la persecución iniciada en Francia, y que se está valorando en otros países europeos, contra los internautas que descargan contenidos sujetos a derechos de autor.
La respuesta ha sido la proliferación de servicios de redes privadas como Ipredator en Suecia, Ipodah en Francia, SwissVPN en Suiza o, más recientemente, TuVPN en España. Aunque con tecnologías diferentes, estas iniciativas comparten dos aspectos: son baratas (cobran un máximo de 15 euros al mes) y ofrecen ocultar los datos del usuario y la navegación en Internet. Expertos en seguridad, abogados, defensores del P2P y partidarios de aplicar la ley de propiedad intelectual con rigidez discuten ahora qué consecuencias puede tener que los usuarios de Internet se lancen de forma masiva a ocultar el rastro de su navegación.
La tecnología VPN lleva tres décadas en uso y permite ocultar el contenido de una comunicación en la red mediante el cifrado de datos. El responsable de Secuware y experto en seguridad Carlos Jiménez lo explica del siguiente modo: "Enviar algo por Internet es como mandar una postal; cualquiera puede ver su contenido. Usar una VPN es como meter la postal en un sobre". Ese sobre encripta el contenido con un algoritmo matemático, impidiendo que otras personas lo vean.
DERECHO DE AUTOR E INTIMIDAD
Cuando nació Internet, y también cuando se popularizó, nadie salvo los militares consideraron que la encriptación de la información era una prioridad. Como recuerda Jiménez, "las comunicaciones no son seguras por definición". Tras los militares, fueron las grandes empresas y administraciones las que se interesaron por esta tecnología.
El director de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, reconoce que es posible que el anonimato no favorezca el fin de las descargas, "pero es un derecho del usuario", añade. "No se pueden detener los avances técnicos. Lo único que podemos exigir al Gobierno en este momento es que haya voluntad política para proteger los derechos de propiedad intelectual de forma activa en España", y matiza que este camuflaje tal vez se convierta en un problema en el futuro, dependiendo del uso que se haga de él.
"¿Que el fin es ocultar tu tráfico? Es tu derecho, igual que ocultas tu correo", recuerda Sergio de los Santos, de la consultora Hispasec. "Lo lógico sería que todos los usuarios utilizaran VPN", dice Jiménez. Una de las razones de que esta tecnología no se use aún de forma masiva es psicológica. "En España, la seguridad ha sido, históricamente, algo ausente en la mayor parte de los ordenadores", afirma Jiménez.
Otra posible razón es el miedo a que el software ralentice el tráfico. El cifrado de los datos en origen, y el descifrado en destino, podría acarrear cierto coste de tiempo. "Pero sería apenas apreciable", aclara Jiménez. El responsable de TuVPN, Pere Hospital, señala otra posibilidad para este desconocimiento: "Nunca ha interesado que los ciudadanos protejan sus comunicaciones".
Como explica De los Santos, esta tecnología tiene ventajas para quienes descargan contenidos por Internet. "Nadie podrá ver si usas eMule o vas a la página de The Pirate Bay [la mayor web de enlaces]". La operadora sólo será consciente del volumen de datos descargados, pero desconocerá el tipo al que pertenecen. Por eso, de los Santos no descarta que, en el futuro, se solicite controlar "no el tipo de tráfico, sino la cantidad".
El abogado Ángel López, del bufete Garrigues, detalla las diferencias entre el sistema y su uso. "No hay que demonizar los avances técnicos, pero, estadísticamente, aquel que busca el anonimato en Internet es porque tiene un motivo para hacerlo".
DIFERENTES DELITOS
El abogado Carlos Sánchez Almeida, especialista en ciberderechos, recuerda que estos sistemas son legales en España. Otra cosa es el uso que se les dé. La legislación es clara. La Ley de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas y Redes Públicas obliga a las operadoras y proveedores de Internet a conservar determinados datos de sus clientes a efectos de una posible investigación.
"Pero sólo para delitos graves, y los cometidos contra la propiedad intelectual no lo son", aclara Sánchez Almeida. Sería el caso de pornografía infantil, estafas electrónicas o falsificación de moneda. Con un mandato judicial, la empresa de VPN está obligada a revelar la identidad oculta de su usuario. "Si se ha utilizado esta tecnología para cometer un delito grave, no hay anonimato que valga", concluye el abogado.
Autor: M. Á. Criado / B. Salvatierra
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