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El ministro añadió que la propia Lssice «establece unos plazos al respecto para que todo el mundo pueda adaptarse a la normativa», por lo que reiteró el llamamiento a que «nadie se precipite y que se esté a la interpretación de la ley».
CIERRES PREVENTIVOS
Piqué valoraba de esta manera el cese de actividad de más de un centenar de sitios web en los últimos días, en la mayoría de casos de forma «preventiva» para evitar las sanciones establecidas en la ley de Internet, que pueden alcanzar los 150.000 euros en caso de incumplir la obligación de ofrecer en los webs -entre otros aspectos- información sobre el nombre y domicilio de sus responsables «de forma permanente, fácil, directa y gratuita». Piqué afirmó también que no hay que «descartar nada» en cuanto al proceso de sustitución de las líneas TRAC para facilitar el acceso a Internet desde cualquier zona de España, si bien añadió que, «desde un punto de vista tecnológico, parece que la alternativa más rápida y más eficiente económicamente es hacerlo a través de la telefonía vía radio».
Y es que la entrada en vigor de la ley de Internet está siendo tan polémica como su creación. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) pide más información para que las empresas cumplan con las obligaciones que impone la ley como la de registrar una web comercial. «Ni los Registros Mercantiles, ni el Colegio de Registradores ni el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología saben cómo proceder para registrar una web comercial», afirmó la semana pasada Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, que días antes de la entrada en vigor de la ley pudo constatar estos hechos. «Las empresas y sobre todo los profesionales autónomos no colegiados no saben muy bien dónde dirigirse para registrarse, y aunque el plazo para actualizarse sea de un año, nadie sabe muy bien lo que tiene que hacer», dijo Pérez Subías a ABC.
La Asociación de Internautas (AI), ha pedido cuanto antes un desarrollo reglamentario para el artículo 12 de la ley, el que obliga a los proveedores de Internet a retener los datos de conexión y tráfico de los usuarios de Internet para posibles investigaciones policiales. La AI ha puesto una guía en su web para usuarios y prestadores de servicios de la Red con información actualizada y un cuestionario para resolver dudas.
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