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Figueras fue uno de los 20 firmantes de la carta dirigida al presidente del CSIC, Rafael Rodrigo Montero, en la que cuestionaban la calidad del programa científico.
El cese pone fin a la implicación de Figueras en un proyecto que él mismo defendió ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una reunión con investigadores que se celebró en junio de 2004 en la Universidad de Vigo. La encargada de comunicar la desvinculación de Figueras, del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) de Vigo, fue la vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carmen Peláez, quien consideró incoherente que Figueras siga perteneciendo a un comité con el que discrepa.
El CAIM está impulsado conjuntamente por el CSIC, las universidades y la Xunta. El director general de Promoción Científica del Sistema Universitario Gallego, Rogelio Conde-Pumpido, subrayó que carece de conocimiento oficial de una decisión que corresponde al CSIC, aunque garantizó que el cese "no interferirá en los trabajos de la comisión". Consultada por este periódico, Carmen Peláez evitó comentar la destitución, en tanto que Uxío Labarta, coordinador institucional del consejo en Galicia, hizo alusión a las diferencias de Figueras con el trabajo del grupo investigador del que formaba parte. "Pensé que había dimitido", ironizó.
Figueras y otros 19 científicos del Instituto de Investigaciones Marinas -el centro llamado a capitanear el futuro CAIM- remitieron el pasado abril una misiva al director del CSIC en la que tachaban la memoria científica de "pésima", "excluyente" y carente de "una concepción integradora de la investigación marina". La carta denunciaba la ausencia de un "proceso previo de debate abierto y transparente que analice capacidades, evalúe necesidades e identifique carencias".
La Consellería de Pesca, mientras, reconoció en el Parlamento que no gastó ni un euro del millón presupuestado en 2007 para el proyecto. La directora general de Innovación y Desarrollo Pesquero, Fátima Linares, lo atribuyó al retraso del convenio por el que la Xunta adquirirá los terrenos de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA) a Zona Franca, su actual propietario. El consorcio vigués pagó 30 millones de euros al Ministerio de Defensa en 2002 por la parcela.
Autor: Pablo López
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