|
El Gobierno ha decidido convertir la banda ancha en un derecho, incluyéndola dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones, el conjunto de prestaciones básicas que tienen que ser aseguradas en todo el territorio, que ahora sólo contempla tener una línea fija, derecho a la guía telefónica, cabinas públicas y acceso para discapacitados.
La medida supone en el plano legislativo una revolución puesto que hasta ahora habían sido en vano todos los intentos de universalizar el acceso a Internet. Desde el punto de vista práctico, las consecuencias son más modestas, ya que de los 9,5 millones de accesos de banda ancha sólo 39.000 de ellas lo hacen a una velocidad inferior a 1 mega. No obstante, supondrá un impulso para que las compañías tiendan nuevas redes y se acorte la brecha digital que se mantiene entre España y los países más avanzados.
No será fácil implantar la nueva obligación. El Gobierno deberá modificar la Ley General de Telecomunicaciones o, en su defecto, el reglamento que regula el servicio universal. Posteriormente, deberá convocar uno o varios concursos para adjudicar la prestación del mismo. Y aquí es donde se genera el principal problema. Sin subvenciones públicas, ningún operador está interesado en prestar este servicio en zonas rurales o con escasa población, ya que es altamente deficitario. Por lo que, como ha ocurrido con el actual servicio universal, es muy probable que los concursos queden desiertos. El Ejecutivo se verá entonces obligado a adjudicar por decreto esa prestación a una operadora. Hasta ahora siempre ha elegido a Telefónica.
El segundo problema es quién se hace cargo de los gastos. Hasta la fecha, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones calcula cuánto cuesta, año por año, el servicio universal y distribuye el importe entre varias compañías, atendiendo a sus cuotas de mercado. En 2006, último año para el que se realizó el cálculo, el servicio universal costó 75,3 millones, de los que el 71% fueron asumidos por Telefónica, y, el resto, por Vodafone y Orange.
Las compañías, a través de su asociación Redtel, ya han manifestado su rechazo a la medida. Entienden que, una vez más, el Gobierno extiende derechos a sus expensas como ha ocurrido con la reciente obligación de identificar las tarjetas prepago, promovida por el Ministerio del Interior, pero sufragada por las operadoras.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, que hizo el anuncio en la inauguración del III Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod), no ayudó a despejar las dudas, y se limitó a indicar que, dependiendo del interés que exista por parte de las empresas para ser designadas como operadora del servicio universal, se convocarán los concursos necesarios por elementos y zonas geográficas.
Al margen de las quejas, la medida puede servir para revitalizar el mapa de la banda ancha en España, donde sólo el 11% de los internautas abonados disfrutan de una velocidad superior a los 10 megas. Una triste realidad si se compara con países como Japón, donde la velocidad comercial es 100 Mbps, a un precio de 34 euros mensuales, por el que aquí se consiguen, con suerte, 3 megas.
El otro gran anuncio del Ficod fue protagonizado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien confirmó que el Gobierno impulsará el lanzamiento de la macroweb que prepara la industria audiovisual y los grandes estudios estadounidenses para posibilitar las descargas legales de películas. El Gobierno puso esta condición como paso previo a una regulación de las descargas gratuitas a través de programas P2P de intercambio de archivos.
Autor: Mónica Ceberio Belaza
|
