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La consolidación de la I+D+i como un trinomio indivisible ha sido un proceso global propulsado por agendas comunitarias e internacionales en las que nuestro país se ha incluido, como cualquier otro país de nuestro entorno. Por desgracia, debido a la estabilidad en un perfil bajo de la inversión en I+D, y a pesar de contar con una estrategia presupuestaria ambiciosa desde mediados de los ochenta, España ha tenido que centrarse en la transferencia innovadora sin poder contar con una solidez suficiente en la aplicación industrial y tecnológica de la ciencia.
En este sentido, Bernardo Herradón comenta en una entrada de su weblog titulada ¿Innovación sin Investigación? que "La trilogía I+D+i se lee de izquierda a derecha. No hay desarrollo sin investigación y no hay innovación sin I+D. Sólo los países con ciencia básica fuerte y con tradición [...] generan beneficios a través de la innovación". Albert Carreras, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Pompeu Fabra, señala que España podría haber seguido el modelo de Corea del Sur, donde la decisión de invertir un 3% del PIB tomada hace más de 20 años se ha mantenido. En 2008 España alcanzó el 1,35 % del PIB tras un incremento del 10,2% con respecto al 2007, lejos del 2% que se debería haber alcanzado según lo previsto en 1986, año en que fue aprobada la primera Ley de la Ciencia.
Numerosas señales apuntan a que, en el clima actual, la innovación se comprende a menudo como un fin en sí mismo. Así hay que entender el propio nombre del Ministerio de Ciencia e Innovación, las manifestaciones de Rodríguez Ibarra en el artículo para el diario El País que ocasionaba el comentario de Herradón, o las recomendaciones de un informe de Deloitte encargado por la Cámara de Comercio de Madrid. Según este informe habría que "reducir en un 30% el gasto público en I+D+i y destinar esa cantidad a aumentar la participación de las empresas en el gasto". Por otro lado, voces críticas ponen en duda las iniciativas de apoyo a empresas, también incluidas en la futura Ley de Economía Sostenible, por la escasa tasa de solicitud de patentes desde el sector privado y por la ausencia de instrumentos de seguimiento sobre el uso del gasto.
El problema apunta también a la falta de políticas de mecenazgo. La desconfianza de las instituciones financieras ante el factor de riesgo que suponen las pymes dificulta la supervivencia de las mismas más allá del primer quinquenio, un obstáculo evidente para la productividad y la creación de empleo. Numerosos agentes señalan que, en un tejido microempresarial tan delicado, los proyectos para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas e industriales necesitan un apoyo financiero mantenido para poder arrojar resultados positivos.
Las incongruencias también afectan a las políticas públicas de personal investigador. A pesar de que España necesitará 50.000 científicos e ingenieros en los próximos años, la estructura legal y estatutaria supone un factor inhibidor al que sólo se consigue poner remedio en situaciones puntuales a través de programas europeos (como las becas Starting Grant, en las que España alcanzó el cuarto puesto en atracción de cuadros extranjeros) y de consolidación. En un reciente artículo para el suplemento Campus del diario El Mundo, en el que se revisaba la situación de los investigadores extranjeros en España, el vicerrector de Profesorado de la Universidad de Barcelona Joan Elias apuntaba que "una plaza fija pasa por un proceso de acreditación que para un extranjero es un poco extraño". Se agrava de este modo un modelo anclado en la figura del funcionario, muy poco flexible en comparación con otros sistemas de enseñanza. Por si fuera poco, aún no se ha aprobado el visado científico, y los investigadores acogidos tienen que esperar por lo menos un año para ser acompañados por sus familias. Tampoco existe una flexibilidad salarial suficiente como para poder competir con EE.UU. o los países de nuestro entorno, ni existen políticas de incentivos para la investigación. Por todo ello, es sencillo que el talento importado se decida por destinos más amables después de una estancia demasiado breve en nuestro país.
Tampoco lo tienen más sencillo quienes cuentan con la nacionalidad española, como demuestra el caso de Alberto López Bueno, firmante de una recentísima publicación en Science y sin perspectivas de permanencia en su centro de investigación. Con los cupos departamentales completos en todas partes, se espera como agua de mayo una reestructuración profesional que dignifique la investigación y la disocie de su vinculación obligatoria con las funciones docentes.
Autor: madri+d
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