noticias

El problema es que no pueden hacerlo. No es legal. O, al menos, no lo es en la forma que muchos han planteado. Lo prohíben las leyes, y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) vigila su cumplimiento. En los últimos meses, ha reconvenido, sancionado, recomendado y vetado decenas de propuestas. La situación ha llegado hasta el punto de que la patronal Redtel, que representa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, ha pedido un mayor control. La CMT también es consciente del problema y ha abierto una consulta pública para cambiar la normativa.

¿Qué pretenden los ayuntamientos?
Los proyectos son distintos dependiendo del municipio, pero la mayoría de los conflictos han estallado por la pretensión de dar acceso a Internet gratis en zonas públicas.

¿Qué dice la normativa?
Desde 2002, las telecomunicaciones han dejado de considerarse en Europa un servicio público, para pasar a ser servicios de interés general. La consecuencia para las administraciones es la obligación de que lleven a cabo su actividad en esta materia siguiendo los criterios de un inversor privado en una economía de mercado. No hay ninguna ley que prohíba a una entidad pública entrar en telecomunicaciones, pero debe sujetarse a ciertas reglas. Por ejemplo, no hay problema en que los municipios den acceso gratis a Internet en términos de autoprestación, cuando se entiende que está satisfaciendo sus propias necesidades o complementando los servicios de un organismo público -en una biblioteca, por ejemplo-, pero deben atenerse a la normativa cuando salen de ese límite y pretenden satisfacer necesidades de terceros "acceso a Internet en exteriores, centros deportivos, museos...".

¿Qué daño hacen los ayuntamientos por dar un servicio gratis?
Es competencia desleal. Las administraciones estarían usando dinero público para dar un servicio gratis que las operadoras privadas financian con sus propios recursos y tienen que cobrar. De ahí la queja de Redtel, que alerta de que el intrusismo municipal puede poner en riesgo la inversión privada. La patronal quiere unas reglas de juego claras y que las administraciones las cumplan.

¿Con quién compiten realmente los ayuntamientos?
Puesto que la oferta es fuera del hogar, el mayor daño sería para las operadoras de móvil, porque limita el atractivo del Internet en movilidad. En sitios más pequeños, también perjudicaría a la banda ancha fija, y en cualquier caso a los cibercafés.

¿Qué papel juega la CMT?
Al regulador le ha tocado hacer el papel de malo de la película. Es quien veta iniciativas que supondrían un servicio gratis para el ciudadano. Pero la CMT no está enfrentada a los ayuntamientos. Son las operadoras y los municipios los que están en pie de guerra, porque son los que tienen intereses contrapuestos. La CMT se limita a aplicar la legislación y hacer de árbitro.

¿Por qué se ha disparado la polémica justo ahora?
Lo cierto es que la polémica no es nueva. La CMT comenzó a recibir y estudiar los primeros casos en 2007. Pero es verdad que en los últimos meses las peticiones de ayuntamientos para desplegar redes de Wifi se han multiplicado. Además, las operadoras se quejan de que algunos municipios están usando los fondos públicos del Plan E para este cometido.

¿Qué medidas está tomando la CMT?
Una de las limitaciones absolutas es que la legislación no permite que las administraciones den Internet gratis por un periodo indefinido, pero el resto de las condiciones son variables. Ése es uno de los problemas de la CMT, que tiene que dar un respuesta para cada caso que no tienen por qué corresponderse con la que vaya a dar en el siguiente. Hasta el momento, la comisión ha limitado el tiempo de gratuidad, pero también la velocidad a la que se navega, ha forzado que el uso sea lúdico o cultural al impedir las descargas o las visitas a determinados contenidos o el tiempo que puede estar conectado cada usuario.

Entonces, ¿los ayuntamientos no pueden dar Internet gratis?
Por supuesto que sí. La CMT no exige que los usuarios paguen, sino que la administración que quiere dar el servicio no lo haga con cargo a fondos públicos y obtenga ingresos por ello. La mejor respuesta es acudir a la publicidad o a un patrocinador, que pague al ayuntamiento a cambio de anuncios que se vean cuando el ciudadano usa el acceso gratuito.

¿Por qué ha propuesto la CMT un cambio en la legislación?
Los motivos principales son dos. En primer lugar, la comisión quiere que haya una legislación clara, que existan unas guías básicas de actuación. Ahora no es así y la CMT tiene que decidir en cada caso. De todas formas, la comisión seguiría teniendo que estudiar cada petición municipal en concreto, pero con un marco general previo. El segundo cambio que quiere la CMT es eliminar la obligación de que el Internet gratis sólo pueda ser temporal. En determinados casos, la red pública será la única que haya, porque los operadores no tengan interés en invertir en esa zona, así que privar a los vecinos de ella sería un freno al desarrollo tecnológico.

TIPOS DE REDES

WIFI. La existencia de esta tecnología es lo que ha hecho posible la proliferación de ofertas municipales de acceso a Internet. El cuadro nacional de frecuencias define una serie de bandas de uso común cuyo principal atractivo es que, a diferencia de las reservadas para la telefonía móvil, pueden utilizarse sin una concesión previa y sin pagar tasas. El despliegue de la red wifi es rápido, barato y permite cubrir exteriores.

FIBRA. Son las redes de última generación, las que proporcionarán acceso a Internet de 100 megas en el hogar. Su despliegue es mucho más caro y su finalidad no es ser utilizadas en sitios públicos, sino en el domicilio. Algún ayuntamiento ha desplegado una infraestructura y pretendido llegar gratis a los hogares, pero la CMT lo ha impedido. En estos casos, la exigencia es que la administración se convierta en un operador neutro y alquile la red a operadores.

CONTRASTE: DOS IDEAS PARA UN MISMO OBJETIVO

Avilés. El Ayuntamiento de Avilés, en Asturias, fue uno de los pioneros en la instalación de una red pública de acceso a Internet gratuito que no ha supuesto ningún conflicto con la CMT. Los ciudadanos que deseen acceder a la red en las zonas del casco histórico y de la Ría, podrán hacerlo sin problemas gracias a 32 pequeñas antenas colocadas en las farolas. La clave de la falta de conflicto es que Avilés se ha buscado un patrocinador privado de su iniciativa. Una empresa paga al ayuntamiento a cambio de publicidad, con lo que el municipio sufraga con fondos privados la gratuidad de Internet. La localidad ha separado sus cuentas para que no haya dudas, se ha registrado como operador y da servicio a un máximo de 400 usuarios a la vez, porque la capacidad del wifi es limitada. Más de 100 ciudadanos se conectan cada día.

Barcelona. El objetivo de la capital catalana era dar acceso a Internet gratis en determinadas zonas públicas de la ciudad, como los parques municipales. La idea era dar un acceso básico con menos calidad y otro premium, con mejores prestaciones. La propuesta fue enviada a la CMT y lo que salió de allí se parece poco a la propuesta inicial. El acceso premium ha sido vetado. Barcelona no puede dar gratis este tipo de servicio porque atenta directamente contra las ofertas de banda ancha móvil de las operadoras. El acceso básico sólo podrá darse de forma gratuita durante un año, en un horario determinado cada día. La duración de la conexión está limitada a 60 minutos por usuario y día, con una velocidad de transmisión que rondará los 200 Kbps -mucho más baja que la banda ancha-. Por último, se prohíben las descargas y el acceso a ciertos contenidos.

Autor:   Inés Abril