Concluimos nuestro trabajo sobre medición y evaluación de la capacidad tecnológica de un país, con especial referencia a España, analizando la importancia y el papel a asignar a las patentes.

Con el estudio de los gastos en I+D/PIB pudimos averiguar que los países menos inversores en innovación acumulaban un retraso tecnológico que afectaba su nivel de competitividad (véase Revista Madri+d nº 8). También comprobamos como un déficit de la balanza tecnológica creaba una relación de dependencia exterior e incrementaba, en la mayoría de los casos, los costes soportados por las empresas (véase Revista Madri+d nº 9). De esta forma, y a partir de los datos estadísticos disponibles, se observó como la economía española y el tejido empresarial nacional registraban importantes carencias en materia de innovación si bien, se podía apreciar una toma de conciencia y un cambio de actitud por parte de los distintos agentes sociales que darán, posiblemente, sus frutos en el futuro.

En las líneas que siguen, nos proponemos recoger la situación que presenta nuestra economía con respecto al registro de patentes.

Antes de analizar, brevemente, las estadísticas sobre patentes conviene aclarar cuales son las características de estas últimas puesto que las mismas pueden condicionar su mayor o menor número de registros. Tal y como escribe Maspons ("La patente como fuente de información", 1997), "El acto de solicitar una patente está ligado a un principio de reciprocidad. La empresa u organismo solicitante toma el riesgo de poner en conocimiento de todos un saber nuevo e inventivo hasta aquél momento secreto. En contrapartida dispone de una protección jurídica que le otorga el derecho de exclusividad para la explotación de la invención. Las ventajas de una protección de estas características son demasiado numerosas e importantes para que la empresa no la incorpore a su estrategia". En este sentido, la patente lleva incorporada dos dimensiones: por un lado, protege (derecho de explotación en exclusiva durante un periodo de veinte años) y, por otro, informa a los competidores potenciales (se describe la invención lo que puede facilitar una imitación a bajo coste dado que se ahorra, en gran medida, la fase de investigación). Estos dos aspectos implica que la decisión de registrar una patente constituya una decisión de carácter estratégico para la empresa que deberá analizar la naturaleza de su invención para determinar si la patente es el mecanismo de protección más adecuado.

Con relación a los datos contenidos en los Cuadros 1 y 2, se observa, en primer lugar, que existe un gran desfase entre el número de solicitudes y de concesiones de patentes registradas tanto a nivel nacional como europeo. El hecho de que se desestime un elevado número de solicitudes de patentes se puede explicar por el reducido valor innovador de los inventos presentados desviando muchos de los mismos hacia modelos de utilidad, por ejemplo. Si a esto le añadimos que de las 3.111 solicitudes presentadas en España para el 2000, 402 son de origen extranjero (Francia: 80; Alemania: 67; EE.UU.: &·; Japón: 47), se puede deducir que los resultados obtenidos en materia de registro de patentes por parte de empresas españolas no son muy boyantes.

Por otro lado, estos datos no nos permiten afirmar que existe un fuerte y constante crecimiento en las concesiones de patentes ya que tras el salto constatado en los años 1997 y 1998, se ha vuelto, prácticamente, al crecimiento cero.

En cuanto a las solicitudes presentadas por Comunidades Autónomas que figuran en el Grafico 1, comprobamos con Cataluña y Madrid se reparten los primeros puestos muy por delante de las demás Comunidades de las cuales sólo se puede destacar el esfuerzo realizado en Valencia, Andalucía y el País Vasco.

[1] Vía nacional directa: solicitudes presentadas directamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

[2] Vía europea directa: solicitudes presentadas directamente en la Oficina Europea de Patentes (OEP) y que designan a España.

[3]Vía Euro-PCT: solicitudes presentadas directamente en la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) que funciona por protocolo de países y que designan a España a través de una patente europea.

[4]Vía PCT en fase final: solicitudes de PCT que en su día designaron a España directamente en la OMPI y han iniciado el procedimiento ante la OEPM en el año referido.

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