Por:
Jesús Rodríguez Pomeda jesús.pomeda@uam.es Profesor de Organización de Empresas. Universidad Autónoma de Madrid

El presente número de madri+d está dedicado a explorar algunos de los principales aspectos de los incentivos a la innovación. Desde una perspectiva aplicada, pretendemos ofrecer al lector una serie de ideas y planteamientos que contribuyan a enriquecer un debate permanente cuando se habla de I+D e innovación.

En efecto, son bien conocidos los desarrollos teóricos que han abordado esta cuestión. La economía del cambio tecnológico (bien desde el enfoque neoclásico, bien desde el alternativo basado en planteamientos evolutivos) ha observado y estudiado las causas y efectos de los incentivos y ayudas públicas a la innovación.

Los datos reales observables de partida son claros: en los países desarrollados, el Estado fomenta la investigación, el desarrollo y la innovación mediante un sistema más o menos articulado de medidas diversas. En muchos casos, el Estado comparte el riesgo que acarrea la función de I+D empresarial asumiendo una participación directa en la financiación de la misma.

Las justificaciones tradicionalmente aducidas pasan por el reconocimiento de externalidades y fallos del mercado que aparecen cuando en torno a la innovación se combinan el esfuerzo privado y el bienestar público.

Es decir, la intervención pública se considera aceptable si sirve para corregir un funcionamiento ineficiente del mercado. Tal funcionamiento hace que no se dediquen –por parte de la iniciativa privada- los recursos que serían deseables desde un punto de vista social.

Dos son las causas principales de este comportamiento empresarial con respecto a las inversiones en innovación:

• Todo proyecto innovador implica una cierta incertidumbre sobre su éxito. La empresa, por tanto, debe asumir el correspondiente riesgo. Este riesgo está condicionado por múltiples factores que escapan al control de la empresa (desarrollo de tecnologías de "propósito general" o de tecnologías alternativas a la propia, cambios regulatorios, modificaciones de la coyuntura económica, etc.), y el Estado puede (al menos en parte) suavizar la influencia de algunos de estos factores exógenos. No obstante, como se indica en la más reciente literatura, las empresas pueden acotar la incertidumbre desarrollando una serie de rutinas en su función de innovación. Es decir, al crear departamentos específicos, contratar personal especializado y dedicar recursos financieros y físicos al empeño innovador, están incrementando la probabilidad de obtener algunos resultados exitosos a intervalos regulares. Por tanto, el desarrollo de la función de innovación en paralelo a las restantes funciones empresariales (e interactuando con ellas) facilita un flujo continuo de resultados comercializables.

• La apropiabilidad de los resultados del esfuerzo innovador es imperfecta para la empresa, dado que otros agentes económicos (entre ellos, sus propios competidores) pueden aprovechar (total o parcialmente) los nuevos desarrollos alcanzados tras asumir elevados riesgos y costes. Este motivo –ampliamente considerado desde tiempo atrás por los principales teóricos del cambio tecnológico- también debe ser matizado al considerar la conducta de algunas grandes corporaciones. En efecto, determinadas empresas son conscientes de que, si nadie traslada sus conocimientos al mercado, llegará un momento en el cual dichos conocimientos queden obsoletos. Dichas empresas comercializan voluntariamente los saberes que han adquirido tras un importante esfuerzo innovador cuando se conjugan adecuadamente dos tipos de incentivos. En primer lugar, cuando el valor actual de los ingresos que van a obtener vendiendo (incluso a sus competidores) licencias para utilizar su conocimiento supera al de la corriente de ingresos que obtendrían explotándolo por sí mismas (teniendo en cuenta las dificultades prácticas para proteger con eficacia sus desarrollos). En segundo lugar, cuando los hipotéticos compradores están dispuestos a pagar una prima por acceder en mejores condiciones (de rapidez y de precisión en la transferencia) a la nueva tecnología, en lugar de buscar caminos alternativos más o menos tortuosos.

Es evidente que toda esta discusión afecta de manera relevante, sin duda, a la competitividad nacional y al bienestar social.

Esperamos haber efectuado con este número de madri+d una contribución (siquiera modesta) a dicho debate con la intención de progresar en nuestros niveles de competitividad y bienestar.

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