Las universidades españolas se hallan en un momento clave de actualización de sus estatutos con el fin de cumplir las directrices de la nueva Ley de Ordenación Universitaria (LOU). En los últimos meses se ha hablado mucho a favor y en contra de la ley y de la pérdida de una ocasión única para abrir seriamente la discusión sobre qué tipo de universidad se desea para los próximos años en lo referente a la investigación. Parecía que los documentos elaborados en la Comisión Europea sobre el Espacio Europeo de Investigación indicaban de alguna forma la importancia de una revisión profunda a nivel de estados sobre la falta de respuesta a la "Paradoja Europea"².

A nivel del estado español la mejor discusión se produjo en el momento de redactar el nuevo Plan de Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. En otro nivel, la redacción del Informe Bricall y su discusión en entornos universitarios fue igualmente muy positivo, aunque no se aprovechó convenientemente para la discusión de la nueva ley. La creación de una mesa en la que todas las partes entiendan la idea de un pacto general y a largo plazo, y que pase por encima de intereses particulares se antoja como una nueva oportunidad, ahora que junto a la redacción de los estatutos universitarios se deberá iniciar próximamente la valoración del Plan de I+D+I 2000-2003 y la redacción del nuevo Plan I+D+I 2004-2007.

La preocupación que hoy abordamos no es otra que la evolución de la transferencia de tecnología en las universidades españolas. A finales de los años noventa se puso de manifiesto en diferentes foros de vicerrectores de investigación y responsables de las OTRIS universitarias que la actividad de transferencia reservada a la contratación de servicios y trabajos de investigación por el sector productivo (I+D por contrato) había llegado a un nivel de estancamiento o de débil crecimiento. Algunos datos expresaron con claridad que el número de contratos con empresas se mantenían en cantidades económicas discretas, con contratos de poca duración, y excepto en casos especiales pocos contratos de gran tamaño, con grandes objetivos, y multidisciplinares.

Grupos de investigación bien conectados con el sector productivo y que podían ser receptores de una mayor demanda se vieron pronto limitados por un espacio departamental rígido y limitado. Definido de antemano y difícilmente ampliable, este espacio no permite la incorporación de personal de la empresa contratante, ni posibilita la creación de fórmulas mixtas que no se adaptan a los reglamentos departamentales. Este desajuste entre oferta y demanda condujo a algunas universidades a plantearse la necesidad de crear otros espacios de intermediación empresa-universidad fuera del espacio departamental. Nacen los parques científicos, los edificios dedicados a centro de empresas y las incubadoras. Aparece en escena el concepto de comercialización de la investigación universitaria y la importancia de ampliar las actividades de las OTRIS a otros mecanismos distintos a los contratos de I+D con empresas.

Desde el punto de vista de la universidad, el desarrollo de investigaciones que requieren elevadas inversiones (genómica, proteómica, nanotecnologías, etc.) se produce en un momento de estancamiento de la financiación de la investigación básica (la que se financia mediante convocatorias públicas competitivas), situación que empeoró por una deficiente gestión. Es en este momento en que las universidades analizan las dificultades de obtención de recursos externos adicionales manteniendo las estructuras actuales.

La difusión de los resultados de la investigación universitaria al mercado tecnológico se ha llevado a cabo mediante dos vías. La primera mediante un proceso abierto de conocimiento, a través de publicaciones en revistas internacionales y comunicaciones científicas. Esta información general de conocimientos se produce sin retorno económico para las instituciones, para los propios investigadores/inventores, ni para los gobiernos que han realizado la inversión sobre salarios e infraestructuras. En un entorno económico globalizado los países más preparados tecnológicamente pueden utilizar de forma más eficiente los conocimientos abiertos y aplicarlos a nuevos productos que retornan a los países generadores de la investigación básica, previo pago de importante royalties. Es importante destacar que este problema aparece en el momento en que la ciencia española ha llegado a un nivel de calidad y reconocimiento internacional formidable. De ello dan fe los indicadores de publicaciones internacionales, los índices de impacto de las publicaciones y el crecimiento del número de publicaciones por investigador y por 1000 trabajadores en activo³.

La difusión del conocimiento mediante procesos restringidos se realiza a través de patentes, licencias, copyright, y acuerdos de secreto de know-how. En este tipo de procesos se produce una valorización del conocimiento generado mediante los procesos de I+D ligada a la propiedad intelectual. El bajo número de patentes y la poca atención a la valorización de los conocimientos ofertados por las universidades ha motivado que el retorno económico a las universidades y grupos de investigación por estos conceptos sea poco representativo en España. El hecho de centrar el proceso de transferencia en la contratación de proyectos de I+D y servicios a las empresas, y que en estas transacciones se utilice una metodología basada en los bajos overheads considerados en los proyectos estatales subvencionados (próximos al 15% del valor subvencionable) conduce a pensar que se trabaja por debajo de los costes reales. Por otro lado, sólo en los últimos años se ha observado en la universidad española una preocupación por mejorar este tipo de actividades mediante procesos más profesionalizados en relación a la confidencialidad, calidad del trato comercial, mejora del marketing interno, y mejora del tiempo de respuesta. Sin embargo, en proyectos biotecnológicos y relacionados con la investigación farmacéutica, las insuficientes condiciones de los laboratorios universitarios, e investigación y de los servicios de apoyo, les hacen difícilmente acreditables con BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) y por ello el precio pagado en estos contratos es menor del real.

Ante este escenario, se pone de manifiesto la urgencia de establecer una actualización del papel de las universidades en el proceso de innovación tecnológica y su importancia como agente en la nueva economía basada en el conocimiento. Para ello se debe empezar por analizar el proceso dinámico de transferencia de conocimientos y tecnología entre el entorno generador de conocimientos (universidades y centros de investigación) y el sector productivo (especialmente las PYMES). Esta transferencia se ejecuta mediante una interfase entre ambos entornos. De la estructura de esta interfase (estructuras de intermediación) y de la efectividad del proceso dinámico (instrumentos dinamizadores de transferencia) se desprenderá la mayor o menor efectividad de la participación de la I+D en la creación de riqueza mediante la mejora de la competitividad industrial y la creación de nuevos entornos empresariales de alto valor añadido generados sobre los nuevos conocimientos.

Notas:

[1] Otros recientes artículos de esta serie son: M. Rubiralta, Els reptes de la política científica a Catalunya. Xarxes i Aliances, Transversal, 17, T89-T94, 2002 y M. Rubiralta, La Universidad en el sistema de innovación y desarrollo, Quark, 22-23, 79-85, 2002.

[2] (a) The Regional Dimension of the European Research Area, European Commission, Bruselas, 2002. (b) Second European Report on S&T Indicators, Chapter 4: Beyond the European Paradox, p. 175, European Commission, 17639, 1997.

[3] "Towards a European Research Area, Science, Technology, Innovation, Key Figures 2000", EUR 19396, ISBN 92-828-9755-9, EUROTAT, DG Research and Key Figures 2001 Special Edition, "Indicators for benchmarking of national research policies.