Por:
Rafael Martín Moyano Dr. Ingeniero de Minas

Mi experiencia personal, tras un primer análisis superficial, parece decirme que aquellos que hemos propugnado que el desarrollo tecnológico es un elemento básico para el desarrollo industrial y económico de una sociedad, sencilla y llanamente, estábamos equivocados.

En efecto, España pertenece a ese privilegiado club que es el primer mundo, y ha ingresado en él permaneciendo de espaldas al desarrollo tecnológico propio, en numerosas y muy importantes parcelas de su industria. En términos deportivos, España es un país de 1ª, mas bien de 1ªB, en desarrollo industrial, pero es de 2ª, en desarrollo tecnológico.

Cómo se ha llegado a este punto es bien conocido por todos. España inició su pleno desarrollo industrial a finales de los 50, con unos 15 años de retraso con respecto de los países de occidente y, en su afán de acortar el camino, optó por un modelo de desarrollo basado en la compra de tecnología (realmente alquiler, ya que no se obtiene la propiedad del bien) y en la protección de la fabricación nacional.

El éxito fue evidente. No sólo la propaganda interior, sino también los analistas extranjeros hablaron del milagro español, emulando al más importante milagro alemán. Lo cierto es que aquellos indicadores del desarrollo (toneladas de acero, de cemento, de refino, o kilowatios, etc.) fueron alcanzando los valores que convertían al España en un país desarrollado y, lo que es más importante, nuestros trabajadores y empresas iban alcanzando una capacidad y experiencia de fabricación realmente altas, comparable a la de los países a los que pretendía emular. ¡Y todo ello, sin recurrir al desarrollo tecnológico propio, sino aprovechando el que se había realizado en EE.UU., Alemania, Francia o Italia!

El modelo, además de su virtud principal, como era la de acortar los plazos del desarrollo, conllevaba otra no menos valorada como era la de poner a cubierto al decisor. Se comprobó pronto que al optar por una tecnología alemana, norteamericana o francesa, el responsable estaba a cubierto de grandes críticas si la tecnología no cumplía todas las expectativas, salvo que tal vez debería haber optado por la inglesa, sueca o japonesa. (¡Pero ay de él si hubiera optado por el desarrollo español!)

El éxito fue tal que se creó una cultura, primero entre los grandes empresarios industriales, los financieros y los responsables políticos, y luego entre el común de la población, tan sólidamente implantada que ha sobrevivido hasta nuestros días, superando cambios políticos, sociales y económicos de la importancia de los que hemos vivido,¡sin dar un solo paso atrás!

Sobre el profundo arraigo del modelo tengo numerosas experiencias directas:

desde aquellas empresas a las que, desde OCIDE, ayudábamos para introducir su tecnología en el sector eléctrico, y argumentaban con ardor sobre la "obligación moral" que las empresas eléctricas tenían de hacerles caso, pero que se negaban en rotundo a incorporar a su paquete tecnológico algún subsistema desarrollado por otra empresa española,…

hasta aquellos colegas que habían compartido la trinchera del desarrollo tecnológico, pero que al acceder a puestos de responsabilidad empresarial o política, pasaban a utilizar el modelo del alquiler de la tecnología, con el mismo afán y profesionalidad con los que lo habían combatido.

Esta segunda experiencia me llevó en varias ocasiones a cuestionarme cual habría sido mi comportamiento, en el muy hipotético caso, de que yo hubiera accedido a uno de esos puestos. Afortunadamente, el sistema es lo suficientemente sutil, como para impedir que gente con este tipo de veleidades acceda a ese tipo de puestos.

Cuando se analiza la situación tecnológica del país, se suele hablar de la relación entre lo que se dedica a I+D y el PIB, del número de patentes o de la balanza tecnológica. Personalmente, entiendo que son indicadores poco adecuados, si se tiene un pleno convencimiento de cual es el papel que la tecnología juega en el desarrollo industrial y la economía. En lo que se refiere al número de patentes y a la balanza tecnológica son indicadores directos de la actividad de desarrollo tecnológico, pero lo realmente importante para mí es la balanza comercial y el empleo, porque la tecnología es uno de los pilares básicos de ambas magnitudes, sobre todo cuando se presentan las crisis, sencillamente porque los conocimientos propios, la tecnología, es la que asegura la capacidad de reacción y de adaptación de un sistema industrial.

En la actualidad, la balanza comercial incluye partidas muy importantes procedentes de las empresas transnacionales que operan en España y que, cuando llega la ocasión desfavorable desaparecen, bien por la contracción del mercado o bien por haberse desplazado a otros países que ofrecen a esas empresas condiciones más favorables que las españolas.

En cuanto al montante de lo que se dedica a I+D para mí resulta un arcano, cualquiera que sea la forma en que se contabilice, si no se pondera y se contrasta con el funcionamiento de la cadena innovadora. Si la cadena no funciona, como es el caso genérico de España, cuanto más dinero se dedique a la I+D, sobre todo la institucional, más estará creciendo el despilfarro del erario público. Por esta misma razón, la ratio entre I+D y PIB, en aquellos sistemas donde la cadena de innovación es más eficaz, clásicamente el japonés, no sólo se ha de encontrar con un tope, ya que a un incremento de la I+D debe seguirle otro mayor del PIB, sino que, incluso, debería disminuir por el efecto multiplicador de la innovación.

Decía antes que el modelo ha perdurado a través de los siglos, encontrando su propia justificación, en cualquiera que sea la circunstancia. En efecto, durante la larga etapa del desarrollo industrial español, a partir de los 60, muchos sectores (no todos) amparados por el proteccionismo y las restricciones aduaneras, renunciaron al desarrollo tecnológico propio, acelerando su proceso de innovación sobre la base de la tecnología extranjera. Los suministradores españoles de bienes de equipo innovaron sus procesos de producción gracias a la ley de protección de la industria nacional, pero sin acceder al diseño de los productos, que procedía del diseñador extranjero. Se ha alegado entonces y después, que el proteccionismo, la falta de competencia, la falta de mercado libre, inhibían el desarrollo propio.

Pues bien, ha llegado la incorporación a la Unión Europea, se han abierto los mercados a la competencia, estamos viviendo la globalización y, ahora resulta que no hay por qué recurrir al desarrollo propio, … porque los demás países nos ofrecen sus tecnologías, en un mercado libre y abierto. No sólo eso, sino que ahora no hay por qué comprar lo fabricado en Valladolid, si te lo dan a precio similar en Frankfurt, y ¡además es alemán!. Ante este tipo de razonamiento, que he escuchado en más de una ocasión, siempre he pensado que estaría mas de acuerdo con ello cuando nuestro sistema de protección social fuera soportado por Alemania.

Pero a nosotros, aparentemente, nos ha ido bien. El modelo ha funcionado…salvo cuando se constipan en Denver, Seattle o Milán, porque entonces se nos declara la neumonía atípica que conlleva nuestra anemia tecnológica. La evolución económica de occidente ha sido positiva desde los años cuarenta, salvo determinados episodios, que es cuando se pone de manifiesto los vicios ocultos del modelo. Cuando se aprietan los mercados, es cuando aparecen las repercusiones en los más débiles, cuando se aprecia la falta de frescura y de capacidad de reacción del sistema y cuando surge la necesidad de "regular las plantillas", ¡por razones tecnológicas!, razones, que no se habían sabido o querido apreciar durante los muchos años de vacas gordas que habían precedido a la crisis sobrevenida.

Llegado a este punto, debo referirme a una característica del desarrollo tecnológico que ayuda a entender su repercusión en el sistema económico. Se trata del hecho de que una parte importante de los beneficios que genera un desarrollo tecnológico se cierran fuera de la empresa o entidad que lo encarga, se cierran en las empresas y centros que realizan la investigación.

De ahí que cuando se recurre al alquiler de la tecnología procedente de terceros países, se está transfiriendo riqueza añadida a esos países, a sus sistemas de desarrollo, que refuerzan su posición de ventaja inicial, y se están hurtando esa riqueza y esa fortaleza al país propio.

Es por esta razón, por la que los estados no deberían desentenderse de cómo se está realizando el abastecimiento de tecnología en su país, (como no lo hicieron Alemania, Francia o Italia durante su desarrollo industrial), empezando por favorecer el desarrollo tecnológico para aquellas actividades que realizan directamente (obras públicas, sanidad, educación defensa, etc.), que fueron muchas en etapas anteriores y que, en la actualidad, siguen siendo suficientemente importantes en cantidad y significación.

Y es aquí, en la gestión tecnológica del Estado, donde damos con una de las claves de la situación, la otra le corresponde inequívocamente a las empresas. Y en esa gestión hay que referirse a dos facetas igualmente importantes: La actitud y los hechos, que se complementan y realimentan con los resultados que todos conocemos.

Empiezo por los hechos.

• A lo largo de los años, y soy testigo directo desde el año 65 del pasado siglo, la Administración ha ensayado y puesto en marcha distintos mecanismos de fomento del desarrollo tecnológico, desde los Planes de Desarrollo, hasta la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pues bien, los profundos cambios que ha experimentado la estructura y la mentalidad del Estado en estos 37 años, no parecen haber sido suficientes para modificar en profundidad su gestión en pro del fomento del desarrollo tecnológico.

  En mi opinión, se partió de un diagnóstico erróneo, o superficial, de la situación, identificando el problema con una carencia de recursos, y hayan pasado los años que hayan pasado, y haya cambiado el país lo que haya cambiado, parece que el diagnóstico siga siendo el mismo.

  Desde los primeros planes concertados de la extinta CAICYT, hasta las más modernas ayudas del CDTI, o de las distintas CC.AA. y, ahora de la Comisión Europea, se sigue presumiendo que la financiación de los proyectos concretos es la fórmula adecuada para fomentar el desarrollo tecnológico. Se ve que el tema ha calado…

  Por un lado, se da el mensaje perverso de que la I+D no forma parte intrínseca de las inversiones de la empresa y que su financiación debe venir del exterior, mensaje que considero aberrante. Por otro lado, como el dinero que se utiliza es público, sufre todas las restricciones e inconvenientes inherentes al empleo de ese dinero, entre las que destaco por ser especialmente inconvenientes: la ventanilla sin diálogo; el café para todos, con financiación raquítica; la aprobación ejercicio por ejercicio, etc., a las que las empresas contestan, como es lógico, adecuando sus presupuestos a lo que saben va a suceder.

  Además, se presume que pueden presentarse a las ayudas proyectos referentes a aquellos aspectos vitales de la vida tecnológica de las empresas (diseños, procesos determinantes, etc.) Por supuesto que ninguna empresa que se precie y sepa lo que tiene entre manos somete a examen y conocimiento de terceros lo que considera es la base de su estrategia competitiva futura. De ahí los proyectos escasamente importantes que en tantas ocasiones se han recibido en este tipo de convocatorias, así como el escaso interés que han despertado en los sectores más dinámicos de la industria española, cuyas empresas quieren ver tan lejos como sea posible la bien intencionada ayuda de la Administración. (Que conste que a la Comisión Europea le sucede otro tanto de lo mismo)

• La segunda premisa implícita del "diagnóstico" realizado o no, es que la I+D es una cosa muy importante y cuasi mística, realizada por sabios con bata blanca que ellos deben elegir y que no está al alcance, no sólo del común de los mortales, sino tampoco de los empresarios. Esto además del rechazo y desconfianza que genera, también sigue conduciendo a la defensa del modelo lineal, según el cual la cadena innovadora empieza en la I+D y debe continuar hacia delante (la industrialización y comercialización), gracias al empuje (el push) de los investigadores. Aunque la experiencia ha demostrado una y mil veces, que lo importante es partir de la demanda tecnológica realizada por la industria y la sociedad (el pull), al final siempre se topa uno con el ingenuo modelo lineal, porque la gran mayoría de los que terminan redactando las leyes, y los decretos, a todos los niveles de la administración son los investigadores oficiales, y ....porque al resto de la sociedad, no le importa

• Para acabar este diagnóstico sobre lo hecho a instancias públicas, se ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creación que venía siendo reclamada en muchos foros. (Seguramente muchos de los defensores estarán diciendo aquello tan socorrido de: no era esto, no era esto) Personalmente nunca me he alineado con quienes han reclamado un ministerio de investigación, por entender que la investigación y el desarrollo deben estar unidas estrechamente con quien demande sus resultados, razón por la cual, tampoco he sido un fan del CSIC, al que pertenecí, al entender que los centros tecnológicos debían depender de los ministerios afines.

Y ahora sigo con las actitudes

• A estas alturas, supongo que no hace falta que diga que no tengo la mejor opinión sobre las actitudes tecnológicas de los responsables políticos que nos han gobernado en estos últimos 37 años. (Con poco esfuerzo puedo remontarme hasta Don Pelayo)

  Pero claro, nuestros políticos salen de nuestra sociedad, y sería utópico pedir que se constituyeran en una excepción entre los abogados, economistas, ingenieros, médicos o maestros, que han recibido una educación ajena al desarrollo tecnológico, o con graves de errores de concepto.

• A lo largo de los años, me ha parecido observar que cuando un mismo equipo económico de gobierno ha permanecido suficiente tiempo en sus puestos, ha terminado por valorar la importancia del desarrollo tecnológico, una vez agotadas las fórmulas economicistas de carácter más urgente y cosmético. Por desgracia eso, cuando ha ocurrido, ha sido al final de su mandato.

Esto me lleva a pensar que no es imposible que, en un determinado momento, lleguen a concurrir las circunstancias precisas para que el Parlamento, no sólo el partido en el gobierno, vuelva sus ojos hacia el desarrollo tecnológico y emprendan una revisión profunda de nuestra realidad con vocación de permanencia en el tiempo.

En las últimas décadas, los responsables políticos han inducido cambios muy importantes, auténticas revoluciones pacíficas, en áreas muy sensibles para la sociedad, como las infraestructuras, la sanidad, las comunicaciones, la educación o el deporte, pero nunca se ha abordado la revolución del desarrollo tecnológico que, por cierto, habría sido notablemente más barata que las otras. Hace falta crear una cultura adecuada, que valore y pondere el desarrollo tecnológico, y lo reconozca como fuente de creación de riqueza, frente al puro y duro negocio, tanto más lucrativo, cuanto mas especulativo es.

Parece absolutamente necesario realizar un análisis profundo de la situación y proponer las medidas para su evolución en el sentido adecuado. Esta es una asignatura pendiente en nuestro país, que se conforma con realizar, de vez en cuando, algún acto de contrición, con escaso propósito de la enmienda.

¿Qué podría salir de un análisis profundo del pasado y de la situación actual?, porque cosas en relación con el fomento de la investigación se han intentado y hecho a lo largo de estos años.

Por ejemplo, diseñar y aplicar las medidas de fomento en función de la tipología de las empresas, en lugar de tratar de aplicar una misma fórmula para todas, como en general se ha hecho. Siendo coherentes con la estrecha relación que existe entre la tecnología y el producto y su mercado, parecería lógico diferenciar, al menos, tres grupos de productos:

• Productos de consumo,
• Servicios básicos y
• Productos industriales

El primero sería el que podría denominarse de "productos de consumo", que comprendería productos tan distintos como el calzado, los juguetes, los muebles, la cerámica, las latas de conserva, la bisutería, los electrodomésticos o las plazas hoteleras.

¿Qué tienen en común? Pues que cada producto debe competir en calidad y precio con sus homólogos; que va destinado al consumidor, que tiene posibilidad de elegir producto o cambiar de suministrador (pese a la publicidad); o que el tamaño del mercado al que se dirigen no tiene por qué ser extraordinariamente extenso.

En consecuencia, las empresas suelen ser pequeñas y medianas y, frecuentemente, han evolucionado a partir de una actividad casi artesanal.

En este grupo la competencia del producto es realmente fuerte y resulta prácticamente ilusorio que sometan al sistema de fomento el desarrollo de la tecnología de diseño que soporta esa competencia.

En el caso de que se quisiera apoyar económicamente el desarrollo de esta tecnología de diseño, lo mejor sería recurrir a la desgravación fiscal que, si la cadena tecnológica funciona, debe devolver al Estado el diez por uno. El apoyo técnico, debería proceder de la mejora de la infraestructura, que permitiera a cada empresa contar con la colaboración de los centros y universidades, con garantía de calidad, plazo y, lo que es muy importante, confidencialidad.

Pero si estas empresas no pueden compartir la tecnología de diseño, sí que pueden compartir el desarrollo de tecnologías horizontales que afectan a su trabajo diario, sin formar el corazón de su competencia, como son los problemas ambientales, el uso eficaz de la energía, los abastecimientos de materias primas, la disponibilidad de procesos o equipos básicos, etc.

Para todo ello la administración, seguramente la autonómica, dada la habitual agrupación geográfica de este tipo de sectores, debería colaborar con ellos realizando un diagnóstico tecnológico profundo; y debería asegurar y facilitar que los centros de investigación y las universidades competentes se ponen al servicio de los sectores para resolver estos problemas. Por supuesto que me refiero a centros y universidades de todo el país, y no sólo los más inmediatamente cercanos, ya que la competencia tecnológica no es universal.

Las asociaciones tecnológicas y otras entidades similares, pueden ser las encargadas de realizar los diagnósticos, en diálogo permanente con el sector y con la administración y, posteriormente, localizar los centros y universidades mas adecuados y coordinar el seguimiento de las actividades que se les encargue, para facilitar al máximo la utilidad para el sector.

El segundo grupo lo compondrían las empresas que prestan a la sociedad los servicios básicos, como es el caso del kilowatio, el metro cúbico de gas o de agua, la cama de hospital o los billete de autobús, tren o avión. Se trata, en general, de productos no diferenciados, cuya calidad y precio están más o menos limitados por la administración, al margen del continuo proceso de liberalización de los últimos años, y dirigidos al consumidor que tiene escasas posibilidades de exigir mejores calidades, menores precios o de cambiar de consumo o de suministrador.

En general se trata de empresas grandes, en el panorama español, que en el próximo pasado, o han estado participadas por el estado, o se han movido bajo el amparo de las concesiones de la administración, y que no han tenido que actuar en mercados competitivos.

Se da la circunstancia de que las empresas de este grupo, que no tienen incentivos para el desarrollo tecnológico propio como arma para hacer frente al competidor y para fidelizar al cliente, son demandantes muy importantes de tecnologías, en general incorporadas a los bienes de equipo y los procesos que utilizan, por lo que juegan un papel transcendente en la evolución tecnológica de una sociedad. Como diré a continuación, su indolencia tecnológica tiene efectos decisivos sobre las empresas del tercer grupo y, por extensión, sobre el tejido y la cultura tecnológica del país.

Por otra parte, hay que resaltar la importancia que revisten algunos parámetros cualitativos de estas empresas, como el medio ambiente, la seguridad o la propia calidad del servicio, que trascienden a las propias empresas para involucrar al estado, cualquiera que sea el marco liberalizador en el que se pretendan mover.

Por ello, al pensar sobre las posibles medidas estatales de fomento del desarrollo tecnológico para este grupo, lo primero que surge es la conveniencia de establecer planes para el desarrollo de estas tecnologías horizontales, que pueden abordarse con carácter sectorial, ya que no desvirtuarían ningún tipo de competencia, y elevarían la calidad de las prestaciones a la sociedad, tarea que vincula a las empresas, pero también al Estado, que debería poner a la infraestructura tecnológica pública al servicio de estos planes.

El tercer y último grupo, que he denominado de productos industriales, está constituido por aquellas empresas que fabrican y suministran productos y servicios para otras empresas, como pueden ser: transformadores, disyuntores, válvulas, amortiguadores, boogies, fresadoras, puentes - grúa, telemandos, controles, etc. Tienen en común que su producto compite, frecuentemente, con suministradores extranjeros, ante uno número reducido, cuando no único, de clientes nacionales, con gran capacidad de negociación y de selección.

Las empresas integradas en los sectores de este tercer grupo son las más afectadas por el modelo tecnológico antes descrito, aunque no están exentas de alguna responsabilidad al haberse acostumbrado a las prácticas derivadas del proteccionismo hacia la fabricación nacional. El resultado es que muchas de estas empresas carecen de diseño propio de sus productos, razón por la cual no han podido concurrir a los mercados internacionales, ya cubiertos por los tecnólogos que les habían alquilado la tecnología.

Sin embargo, se trata de empresas que han alcanzado un nivel muy alto en su tecnología de producción, derivada de las exigencias de calidad impuestas por sus clientes. Están, pues, dispuestas para que una acción adecuada les permita dar el salto cualitativo hacia los diseños propios, para lo cual sólo haría falta la oportunidad que les brindaría una referencia nacional.

Es, pues, el grupo en el que se visualiza mas claramente la característica del desarrollo tecnológico de cerrar, fuera de la empresa demandante, buena parte de sus beneficios, y en el que se aprecia con mayor nitidez las diferencias de actitudes que han regido en España, con respecto a Alemania, Francia o Italia, en donde las empresas que, inicialmente, alquilaron la tecnología norteamericana, han pasado a ser ofertantes, mientras que las españolas no.

Ni que decir tiene que mi propuesta no es otra que hacer lo que no se hizo en su momento, y eso por encima de las restricciones que quiera o pretenda imponer el orden económico actual (nacido, por supuesto, de los países que ya disponen de ese acervo tecnológico y esa cultura que deseamos)

La fórmula que me parece mas adecuada para la intervención (lo digo sin rubor, como si fuera francés o alemán) del Estado en este grupo de empresas no es otra que la concertación, el diálogo tripartito entre las empresas de servicios, los fabricantes de bienes de equipo e ingenierías y la propia administración, en este caso seguramente debería ser la central, que englobaría a los centros y cátedras competentes en los temas.

Además de favorecer y propiciar el diálogo, la administración podría participar económicamente para activar las acciones concertadas entre las partes, tal vez aportando dinero en especie a través de la infraestructura pública de investigación que colaborara en estas acciones.

Esta fórmula de concertación debería contemplar, también, dos casos particulares:

Uno lo componen las empresas que suministran bienes y servicios a las empresas transnacionales radicadas en España. Se trata de empresas que trabajan bajo estándares de calidad muy elevados, pero que suelen tener una gran dependencia de un único cliente. La Administración, tal vez, podría también propiciar acuerdos tripartitos para favorecer los desarrollos tecnológicos en las empresas españolas, que reforzarían su propia calidad, incrementarían sus grados de libertad y elevarían la calidad de la relación con la empresa transnacional.

El otro subgrupo lo integran las empresas que suministran bienes y servicios al Estado, prestador de servicios a la sociedad como es el caso de las obras públicas, la sanidad, la educación, o la defensa. Es evidente que, en este caso, las distintas administraciones, no tienen mas que aplicar la fórmula general y concertar, a tiempo, con los potenciales suministradores españoles, aquellas tecnologías que van a necesitar en el próximo futuro.

En cualquier caso, la diferencia básica entre este planteamiento y lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es que estas medidas parten de la demanda y no de la oferta, consagrada por el erróneo modelo lineal, según el cual, la investigación debe ser realizada por la universidad y los centros e implantada, posteriormente, por el sistema industrial a través de no se qué mecanismos.

Una segunda cosa que podría hacerse sería arbitrar una gestión adecuada a la actividad de I+D pública, lo que de ninguna manera quiere decir privilegiada. A nadie en una empresa se le ocurre pensar, por ejemplo, que la gestión de la dirección producción ha de ser idéntica a la de la dirección comercial o de la financiera. Por motivos análogos, la administración debería considerar que la gestión de personal (promoción, remuneración, etc.) y económica (gestión de ingresos, intervención, etc.) de un centro de investigación, debe ser distinta a la de un negociado de un ministerio.

Una tercera cosa a realizar, seguramente sorprendente para muchos, sería seleccionar, promocionar y llevar adelante algunos pocos proyectos objetivo con capacidad de crear, captar y encauzar la ilusión de una sociedad excesivamente acostumbrada a admitir, de antemano que lo bueno ha de venir del exterior (El tren de alta velocidad, por ejemplo, ha sido una ocasión perdida, que podría haberse cubierto a partir del TALGO). Aunque parezca difícil, siguen existiendo este tipo de oportunidades, aún en el marco de las economías integradas y globalizadas. Estoy convencido de que si alguien planteara este reto, aparecería un suficiente número de posibles proyectos para poder elegir con razonable garantía de éxito.

Y ya termino, ratificando mi convencimiento de que es posible y necesario hacer algo como esto, que sólo requiere, ni mas ni menos, que la voluntad política para abordarlo, …

para exigir del sistema tecnológico español los frutos que potencialmente puede brindar, …

para vencer las innumerables barreras que la resistencia al cambio genera,…

para convencer a la sociedad de que España puede ocupar un lugar tecnológico similar al que ocupan países como Francia o Italia,…

en definitiva,…para dar el salto cualitativo y aprobar la asignatura que tenemos pendiente desde la Contrarreforma,…

y para que AITEMIN pueda llegar a sus bodas de oro siendo plenamente útil a la sociedad española y europea.

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