Número 16, abril - mayo 2003
LA INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN>> Aula abierta
 
  Agencia de protección de datos de la Comunidad de Madrid

El autor examina el papel crucial que deben desempeñar las Administraciones Públicas en la utilización de las tecnologías de la información para servir de manera más eficaz y equitativa a las necesidades que presentan las personas.

     
  Antonio Troncoso Reigada
Director de la Agencia de Protección de datos
Comunidad de Madrid

apdcm@madrid.org
 

La sociedad de la información o del conocimiento, apoyada sobre el desarrollo de las tecnologías de la información, no es el resultado de una decisión política, sino que es un hecho, un hecho que a la vez tiene aspectos positivos y negativos. En el ámbito de la Administración pública, las nuevas tecnologías, especialmente internet, contribuyen a mejorar la actividad administrativa en beneficio del interés general. La Constitución establece que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de conformidad con el principio de eficacia -art. 103.1 CE-. La utilización de las tecnologías de la información por los poderes públicos materializa este objetivo de eficacia, al facilitar un nuevo cauce de relación entre la Administración y los ciudadanos, de manera que esta relación no sea sólo presencial, sino también telefónica o a través de internet. De esta forma, la relación ciudadano-administración se vuelve más cómoda y más sencilla. Además, las nuevas tecnologías no deben servir sólo para mejorar la información que dan las Administraciones Públicas a los ciudadanos sino también para permitir la tramitación telemática de los procedimientos administrativos. Es decir, es importante no sólo que se pueda acceder de manera telemática a la información de los principales servicios, sino que el ciudadano pueda presentar su solicitud cómodamente desde el ordenador, para pedir, por ejemplo, una subvención, matricularse en una Universidad o pedir cita en un centro de salud.

La Administración no es libre. Está obligada por su función constitucional de servicio eficaz a los ciudadanos y al interés general a adoptar políticas de calidad y de modernización administrativa y a impulsar la utilización de las nuevas tecnologías en la actuación interna de la Administración y en su relación con los ciudadanos. Además, el desarrollo económico exige cambios en la Administración. La iniciativa pública en la actividad económica -art. 128.1 CE-, la función modernizadora de los poderes públicos sobre los distintos sectores económicos -art. 130 CE- y la actividad pública de estímulo del crecimiento de la renta y de la riqueza -art. 131 CE- no deben limitarse a impulsar la innovación tecnológica de las empresas y de la sociedad. Es la propia Administración la que debe cambiar. La nueva economía exige una nueva Administración; el e comerce exige un e government.

Lógicamente, las nuevas tecnologías y la sociedad de la información tienen también sus riesgos. Uno de los principales es que las nuevas tecnologías supongan el establecimiento de una nueva frontera de desigualdad, al estar ajenos a este desarrollo algunos grupos sociales, no tanto por razones de renta sino por razones de edad. Es decir, que las nuevas tecnologías sean un arma para la aparición de una nueva discriminación, una nueva barrera, esta vez ya no por razones de sexo, raza, o religión, sino por las posibilidades de acceso a la sociedad de la información, al conocimiento de estas nuevas tecnologías. Es obligación de los poderes públicos, como señala el art. 9.3 CE, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sociales sean reales y efectivas, evitando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, política, social y cultural. Es imprescindible, por tanto, una labor de fomento de estas nuevas tecnologías dentro de la sociedad, no sólo a través de la educación sino también mediante la formación continua y los servicios sociales.

Igualmente, a la vez que se facilita a través de las nuevas tecnologías la participación social y la relación entre representantes y representados, sobre todo para conocer necesidades y problemas locales de los ciudadanos, es necesario también no sacar conclusiones precipitadas sobre el uso de las nuevas tecnologías, para que éstas, en la medida en que facilitan la sobre-representación de determinados grupos, los más dinámicos, no supongan un atentado al principio democrático y a la soberanía popular. Además, otros derechos fundamentales pueden verse vulnerados a través de las tecnologías de la información. Así, la propiedad intelectual o la necesaria protección de la juventud y de la infancia puede verse burlada a través de la pornografía en internet. El secreto de las comunicaciones, que hasta ahora incluía las telegráficas, postales y telefónicas, puede verse menoscabado por el acceso indebido al correo electrónico.

El avance en la sociedad de la información, que tiene indudables elementos positivos para el desarrollo económico y para la eficacia administrativa, también presenta elementos de incertidumbre y riesgo. Así, existe el peligro de que las tecnologías de la información entren en conflicto con el derecho a la intimidad. La informática facilita ilimitadas posibilidades para recoger datos personales, tratarlos, conservarlos y transmitirlos. La tecnología es capaz de mover un gran volumen de información y de ponerla en relación, de manera que se construyan perfiles de nuestra personalidad, que pueden llegar a justificar decisiones públicas o privadas y que puedan limitar nuestra libertad o a condicionar nuestro modo de actuar. A través de tratamientos de datos se puede llegar a saber si tengo una enfermedad grave, si estoy afiliado a un sindicato, si tengo algún hijo con alguna minusvalía, cuál es mi nivel de renta, mi situación familiar o mis hábitos de conducta.

Nuestra Constitución fue una de las primeras en ser consciente de este problema. Así, en el mismo precepto donde se reconoce el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y se salvaguarda la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, se obliga a los poderes públicos a limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos -art. 18.4 CE-. Llama la atención que la única vez que la Constitución habla de la informática, lo hace para limitar su uso. Se trata de que un elemento provechoso no sea utilizado para recortar la privacidad de las personas. Es una respuesta constitucional ante una amenaza concreta. Así, frente al riesgo que suponen los tratamientos de datos personales por medios informáticos, se ha reconocido un derecho específico de protección de datos personales, como ha afirmado recientemente la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre. Recientemente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, ha extendido este derecho a los tratamientos de datos no automatizados y sustentados sobre un soporte-papel, en consonancia con la Directiva 95/46, del Parlamento y el Consejo relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de esos datos.

La antigua proclamación del derecho a la intimidad no era una protección bastante frente a la nueva realidad del progreso tecnológico. Así, este nuevo derecho fundamental a la protección de datos personales puede ser definido como el derecho al control sobre los datos relativos a la propia persona insertos en un programa informático que faculta a la persona para decidir quién posee esos datos, y para qué los va a usar, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Este derecho no tiene un carácter abstracto o genérico. Atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en el poder jurídico de imponer a terceros la realización o la omisión de determinados comportamientos. Dentro del contenido de este derecho fundamental, se encuentran los principios de calidad de los datos, información en la recogida de los mismos y consentimiento del afectado para su tratamiento. También el derecho de acceso sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, oposición, rectificación y cancelación.

El Legislador ha establecido reglas objetivas sobre el tratamiento de datos personales para que el ciudadano recupere el poder de disposición y control sobre sus datos y ha establecido instituciones específicas, como las Agencias de Protección de Datos, que refuerzan este derecho a la autodeterminación informativa. No obstante, ninguna norma jurídica puede sustituir al ciudadano, que debe ser consciente de que es dueño de sus datos de carácter personal y del valor que éstos tienen.