Resulta ampliamente compartido admitir que las políticas de impulso al crecimiento en materia de ciencia y tecnología constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas , ya que determinan la competitividad de las economías y su capacidad para alcanzar crecimientos sostenibles a largo plazo.

Conscientes de ello, en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa en marzo de 2.000 se consolidó el impulso a los procesos de innovación tecnológica como objetivo estratégico para la Unión Europea para los próximos años.

Los Gobiernos vienen utilizando tradicionalmente como instrumento para incrementar los gastos en investigación, desarrollo e innovación el establecimiento de incentivos fiscales, ya que esta empíricamente comprobado que estos tienen gran influencia en las decisiones de inversión en I+D+i en el sector privado.

España presenta un catálogo de incentivos fiscales a la innovación netamente superior a la media de la Unión Europea, sin embargo, los efectos prácticos de estas medidas, desde el punto de vista de su uso por parte de las empresas, son francamente pobres, debido a los criterios restrictivos aplicados por el Ministerio de Hacienda respecto a la posible consideración de los proyectos como investigación, desarrollo o innovación.

Realmente, para que las empresas se beneficien de estas medidas las condiciones de acceso a estos incentivos deben definirse de un modo claro, preciso e inequívoco, debiendo, además, existir adecuados mecanismos de apoyo que faciliten información y ayuda en su aplicación.

En esta línea, la Ley 7/2003, reguladora de la llamada Nueva Empresa, ha incluido como novedad la potestad del Ministerio de Ciencia y Tecnología para emitir informes que certifiquen, con efectos vinculantes para la Administración Tributaria, que una empresa efectivamente ha realizado actividades de I+D+i .Esta certificación debe corroborar el cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos que exige la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y viene a complementar la normativa ya existente que permite al sujeto pasivo solicitar a la Administración Tributaria la consecución de acuerdos previos de valoración de los gastos correspondientes a proyectos de I+D+i..

No cabe duda que esta medida, que venia siendo demandada desde hace tiempo por los empresarios, añade importantes dosis de seguridad jurídica al proceso de deducciones en la cuota del impuesto sobre sociedades, además de facilitar, desde un punto de vista práctico, el acceso a estas deducciones por parte de las empresas.

Sin embargo,debería complementarse esta normativa con la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología cediera parte de estas competencias en la homologación de estas actividades a entidades de certificación, que ya operan desde hace unos años en el campo de la certificación de proyectos y sistemas de gestión de la I+D+i (Normas UNE 166000 EX), y que merecen toda la confianza en cuanto a la confirmación de la veracidad cualitativa de los proyectos realizados.

Estamos convencidos de que esta nueva regulación representa un paso más en el acortamiento del retraso histórico que en el área de la investigación y desarrollo presenta España respecto a los países de nuestro entorno, diferencia que se ha visto acortada en los últimos años, en los que se han generado tasas de crecimiento muy importantes en este factor esencial en una economía cada vez más competitiva y globalizada.