ESPAÑA NECESITA PROVOCAR UNA “EXPLOSIÓN” DE SU SISTEMA DE INNOVACIÓN SI QUIERE MANTENER LA COMPETITIVIDAD

El sistema español de innovación tiene hoy una dimensión demasiado pequeña para asumir el papel que en toda economía desarrollada le corresponde, como pieza clave de su competitividad. Sin embargo, el sistema funciona con razonable eficiencia porque sus resultados, si se miden por unidad de recursos aplicados, son comparables con los de nuestro entorno.

España cuenta con las habilidades necesarias para llegar a tener un sistema de innovación que aporte la tecnología y la capacidad de aprovecharla, para asegurar una competitividad más acorde con el valor de sus indicadores económicos y que haga posible mantener e incrementar el significativo nivel de bienestar social que ha alcanzado.

Pero sólo se logrará este objetivo si se produce una verdadera “explosión” del sistema español de innovación porque, aunque en estos últimos años ha crecido en cantidad y calidad en proporciones que por sí mismas son más que aceptables, la distancia que nos separa de nuestros socios europeos y, más aún, de los Estados Unidos, sigue siendo tan grande que, si no se produce esa “explosión” del sistema, se necesitarían décadas para alcanzarlos.

España todavía esta a tiempo de apostar de forma decidida por ese crecimiento, explosivo y selectivo, de nuestro sistema de innovación, como ya lo hicieron recientemente otros países como Finlandia, Irlanda o Japón. En todos ellos se ha producido una aceptación del reto por parte de todos los agentes del sistema, pero muy especialmente por parte de sus gobiernos.

Estas son algunas de las principales conclusiones del “Libro Blanco sobre el Sistema Español de Innovación. Situación en 2004” elaborado por Cotec y que, aplicando el modelo de análisis que utilizó en su primer Libro Blanco de 1998, analiza la situación actual de nuestro sistema de innovación y su evolución en los últimos seis años.

El Libro Blanco de Cotec publicado en 1998, supuso el primer análisis profundo y completo que se realizaba en España para examinar la situación comparada del país en materia de innovación, una cuestión que ya entonces Cotec identificaba como el factor más importante para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo social, en un momento en el que la competitividad no podía basarse ya en costes bajos sino en prestaciones y calidad por la vía de la innovación.

Ahora, seis años después, Cotec publica el “Libro Blanco sobre el Sistema Español de Innovación. Situación en 2004” en el que han participado, tanto en la fase previa con aportaciones individuales como en los debates posteriores, más de un centenar de expertos del ámbito empresarial, académico, científico y de las administraciones públicas que conocen bien, desde sus diferentes campos de actuación, los procesos de innovación que hoy tienen lugar en España.

La baja capacidad tecnológica de las empresas es la principal debilidad del sistema

Según el nuevo Libro Blanco de Cotec, la principal debilidad del sistema español de innovación es la baja capacidad tecnológica de sus empresas. Son pocas las empresas innovadoras en España, y todavía menos las que cuentan con actividades habituales de I+D. El reducido número de investigadores empresariales hace imposible que las empresas aprovechen la potencial capacidad del sistema público de I+D.

La última encuesta del INE que cubre el periodo 2000-2002 refleja que un 20,6% del total de empresas de los sectores contemplados eran innovadoras. Esto supone una ligera subida del porcentaje total de empresas innovadoras con respecto a la encuesta anterior que cubría el periodo 1998-2000, en la que era del 19,8%. Esta subida se debe a la mayor actividad innovadora de las ramas de servicios, en la que declararon realizar actividades innovadoras un 4% más de empresas que en el período anterior y la de construcción cuyo número de empresas innovadoras aumentó un 130%, mientras que en la rama industrial el porcentaje de empresas innovadoras ha caído en 7,5 puntos.

El esfuerzo en innovación empresarial ha crecido en los últimos años tanto en los sectores manufactureros como, y de forma especial, en servicios, pero el número de empresas que recurren a esta mecanismo para la mejora de su competitividad está todavía alejado del índice medio europeo, aproximadamente el doble que el español. La referencia internacional más próxima en el tiempo es la encuesta europea de innovación (Eurostat, 1999) que cubre el periodo 1994-1996, según la cual el porcentaje de empresas europeas innovadoras en dicho periodo fue el 51% de las industriales y el 40% de las de servicios. El porcentaje correspondiente de empresas industriales españolas, las únicas encuestadas en esa ocasión, fue el 29%, sólo superior al de Portugal.

En lo referente a ayudas públicas a las empresas en España son, en media, la mitad de lo que es normal en los países de su entorno, y además, su aplicación ha seguido pautas no habituales. Se basan fundamentalmente en créditos, y las subvenciones directas tienen importes unitarios tan bajos que son comparables al coste anual de contratación de un titulado. No ha existido una verdadera política de fomento de la innovación, y se continúa con políticas que fueron adecuadas en la época de la reconversión industrial pero que no resultan eficaces ante la situación actual. Hoy puede afirmarse que el dinero público no ha apalancado el gasto privado en I+D sino que más bien lo ha sustituido.

En opinión de los expertos consultados por Cotec, gran parte de nuestro tejido productivo se dedica a tareas de niveles tecnológicos medios o bajos o a la utilización de tecnología incorporada en bienes de equipo y en productos semielaborados, lo cual conduce a mejoras competitivas de corta duración y poco diferenciadoras en un mercado global. Esto explicaría que la productividad media española haya crecido en la segunda mitad de la pasada década con tasas inferiores a un tercio de la media europea.

Por otra parte, la aparición de nuevas empresas de base tecnológica es todavía poco frecuente con lo que el valor añadido, el empleo y las ventas en estos sectores, cruciales para el crecimiento económico, no han aumentado al ritmo habitual en Europa y están muy lejos del de los Estados Unidos. Una estructura productiva como la española demanda pocos servicios tecnológicos y, en consecuencia, escasea su oferta, por lo que las empresas de pequeño tamaño no encuentran ayudas para la incorporación de tecnología. También es escaso el número de grandes empresas en sectores intensivos en tecnología, que actúen como tractoras de sus suministradores y clientes.

El sistema público de I+D es capaz de crear conocimiento pero no de transferirlo

En lo referente a la I+D pública, el documento señala que es preciso reconocer el éxito de la Ley de la Ciencia de 1986. Hoy el sistema público de I+D es capaz de producir conocimiento científico, pero todavía no se ha alcanzado la misma eficacia en la creación de conocimiento tecnológico, y aún menos en su transferencia a nuestro tejido productivo.

El sistema público de I+D ha mantenido un crecimiento constante durante los seis últimos años tanto en tamaño, al haber aumentado el número de investigadores en un 50% como en calidad, pues el porcentaje respecto al total mundial de artículos publicados por españoles se ha incrementado en un 20% en el mismo período, al igual que la frecuencia de sus citas en otras publicaciones. Se trata de un sistema de investigación no homogéneo, como lo pone de manifiesto que, por ejemplo, sólo diez universidades y el CSIC son responsables del 65% de las publicaciones de calidad o que sólo tres universidades hayan conseguido el 35% de los retornos académicos españoles del V Programa Marco de la Unión Europea.

El número de investigadores del sistema público español en relación a la población activa, está dentro de lo que es habitual en otros países europeos, de forma que la cifra de 3,5 investigadores españoles por cada 1000 empleados es comparable a los 3,6 de Francia y superior a los 2,7 de Alemania. Sin embargo, los recursos de que dispone en promedio cada investigador público español, unos 63.000 euros anuales, es bastante inferior a los más de 150.000 € de un investigador alemán o los 74.000 € de uno francés. Una directa consecuencia de esto es la menor disponibilidad de apoyo material y humano en el sistema español, dificultad que se une a una menor consideración social y a la rigidez característica de los ordenamientos laborales, basados en criterios funcionariales.

Tampoco cuentan con incentivos para colaborar entre sí, con lo que los grupos de investigación son de dimensiones tan reducidas, que difícilmente pueden crear tecnología nueva para las empresas, y menos transferirla. Los OPI necesitan un urgente replanteamiento para ser capaces de realizar estas funciones. Como ocurrió en otros países, son necesarias importantes reformas legislativas para que el sistema público de I+D contribuya a la modernización del tejido productivo.

Unidad de gestión de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación

El Libro Blanco también incide en la necesaria unidad de gestión de las políticas científicas, tecnológicas y de innovación, para que el delicado proceso de conversión de conocimiento en riqueza sea eficaz. La I+D pública debe estar cerca de la investigación empresarial, el eslabón más débil de la cadena, para proporcionarle orientación, personal y medios y servicios tecnológicos. Pasadas experiencias de diseños ministeriales han demostrado que la separación de competencias ha sido causa del olvido de esta necesidad y origen de disfunciones que no han podido ser solucionadas. No se pueden hoy separar las políticas científicas de las de innovación.

No existe una estrategia nacional para la tecnología y la innovación. La vigente Ley de la Ciencia no la consideró, y las políticas de innovación en temas relevantes para el futuro, como la formación de investigadores, las infraestructuras científicas y tecnológicas e, incluso, las nuevas líneas de investigación, se dejan a la planificación cuatrienal a través de los Planes Nacionales de I+D.

Los fondos para actividades de ciencia, tecnología e innovación, que se presupuestan en la Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado, han crecido significativamente, superando los 4.000 millones de euros para 2004. Ese crecimiento se ha producido fundamentalmente en los créditos que ascienden a 2.000 millones €. Del resto 600 millones € corresponde a gastos corrientes del sistema público de I+D, 400 millones € a inversión, y 1.000 millones € a transferencias. Con estas transferencias se financian las participaciones en programas internacionales (CERN, ESA,…), las fundaciones y sociedades estatales, quedando sólo unos 500 millones € para los Programas Nacionales de I+D, por los que compiten, en programas específicos, los centros públicos de investigación y las empresas.

Una idea de la cifra captada por las empresas en forma de subvenciones se puede obtener de la Memoria de Actividades de I+D+I de 2002 de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, según la cual ese año las empresas recibieron en forma de subvenciones unos 40 millones €, en importes unitarios medios del orden de los 60 mil €.

En España existe un serio problema de gestión de los fondos destinados a fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. La burocracia y el control a priori no son compatibles con la agilidad que precisa la innovación. Además, las empresas encuentran el obstáculo añadido de las cargas administrativas y financieras, difícilmente justificables, que se les imponen, como auditorías y obtención de avales bancarios. El nuevo instrumento de la fiscalidad de la innovación está también sucumbiendo a los obstáculos burocráticos.

Coordinación entre las políticas europeas, nacionales y regionales

En cuanto a los programas de fomento de la innovación, el documento indica que deben tener muy presentes las necesidades y limitaciones de las PYME, que presentan características muy diferentes, según realicen su actividad en sectores tradicionales o en tecnologías avanzadas. Necesitan programas específicos, coordinados con los que ofrecen las Comunidades Autónomas, cuya mayor proximidad permite un acceso y una capilaridad difícil de conseguir desde la Administración Central. Además, la política científica y tecnológica debe incluir grandes proyectos de investigación, de iniciativa empresarial, que movilicen los recursos públicos y privados. Estos grandes proyectos deberán aprovechar el Programa Marco de la Unión Europea y, sobre todo, ayudar a que España influya y sea usuaria cualificada de la política europea de I+D.

En general, la madurez del sistema exige otras formas de gestión. Quizá ha llegado la hora de emprender modificaciones legislativas que permitan recurrir a la figura de una Agencia, en línea con lo que, en muchos otros países, ha sugerido la National Science Foundation (NSF) norteamericana. Estos motivos justifican una nueva redacción de la Ley de la Ciencia, que ahora debería ser de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para asegurar la existencia de una estrategia nacional. La nueva Ley debería además abrir el camino a instrumentos de política de innovación que se han demostrado eficaces en otros países como, por ejemplo, el fomento real a la transferencia de tecnología, la movilidad de investigadores, la creación de spin-off o las compras públicas de tecnología.

En definitiva concluye el Libro Blanco, España se enfrenta a un verdadero reto nacional que implica acometer unas directrices estratégicas de política científica y tecnológica que sean desarrolladas por un impulso decidido y sostenido de la Administración Pública, y contar con una clase empresarial que asuma la innovación tecnológica como el principal factor de ventaja competitiva y con una comunidad científica y tecnológica capaz de compatibilizar la búsqueda de la excelencia científica con una mayor implicación en el mundo de la empresa que le permita buscar soluciones a las necesidades del tejido productivo.