1. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de su política desde la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación?

Hay que converger en el Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación, y para ello hay que conseguir tener como referente la calidad de nuestras enseñanzas y nuestros proyectos de investigación. Además queremos dotar a la universidad y a la ciencia en España de un marco estable en el que desarrollar su actividad, especialmente en lo referente a la financiación. En todo caso, el objetivo fundamental de la Secretaría de Estado es impulsar la investigación, conseguir que el sector productivo se implique con este objetivo y que la sociedad en general se beneficie de esta actividad básica en la sociedad del conocimiento. En esta tarea resulta imprescindible, y necesitamos el apoyo de toda la sociedad, que definamos una carrera investigadora – docente que permita que las personas mas capacitadas y vocacionales se incorporen y puedan desarrollar sus potencialidades de manera plena y al servicio de la sociedad.

Estoy plenamente convencido de que nuestro desarrollo y crecimiento económico futuro depende muy directamente del grado de formación superior e investigación que alcancemos, de la creación de conocimiento que seamos capaces de generar y de la innovación que seamos capaces de transferir a las empresas. Por eso, la educación superior, la ciencia y la tecnología constituyen objetivos fundamentales de la acción del Gobierno.

Otro de los objetivos de la secretaría de Estado es debatir, consensuar y posteriormente asumir como compromiso público un Pacto de Estado por la Ciencia, en el que concurran las voluntades de, además del Gobierno, las distintas administraciones autonómicas, los partidos políticos, los agentes económicos y sociales y, evidentemente, la comunidad científica.

2. Desde le punto de vista presupuestario, ¿en qué líneas y actividades se va a concentrar el objetivo del 25% de incremento en las partidas dedicadas a I+D?

La investigación es una de las prioridades del Gobierno, como muestran los presupuestos para 2005. Así, el gasto dedicado por el MEC a políticas de investigación, desarrollo e innovación crece un 38% en su conjunto incluyendo activos financieros, y casi un 12% si excluimos los activos financieros.

Ocuparán un lugar destacado entre nuestras prioridades las políticas de recursos humanos, que tienen que ayudarnos a definir una carrera investigadora. En el año 2005 se cumplirán dos compromisos pendientes desde hace tiempo: la elevación de la cuantía de las ayudas de doctorado más bajas, (las de Formación del Profesorado Universitario, que se han equiparado con las de Formación del Personal Investigador) y la inclusión de los becarios en la seguridad social. El gasto del programa FPU crece algo más de un 23,5% y el del programa FPI más de un 10 %.

Otro de los proyectos más importantes es la puesta en marcha de un programa de incentivación, incorporación e intensificación de la actividad investigadora, que busca promover tanto la incorporación definitiva de investigadores a nuestro sistema, como favorecer la dedicación intensiva a la ciencia de los investigadores docentes. Esto es sólo el principio, las sucesivas aproximaciones que iremos introduciendo en la modificación de la LOU, y las posibilidades que se abren en la más que probable modificación de la Ley de la Ciencia, nos permitirá ir asumiendo y diseñando entre todos y a partir de la realidad que tenemos un modelo más acorde con las necesidades de nuestra sociedad. Tenemos un sistema de ciencia y tecnología, que es relevante a nivel mundial, y que ahora necesita una reorganización de su estructura, para hacerlo más eficiente; una focalización de sus objetivos para hacerlo más eficaz; y una mejora de la calidad en su conjunto y de los canales de transferencia a la sociedad, para que ésta se beneficie de la actividad investigadora.

En cuanto a los organismos públicos de investigación (OPI), queremos darles un impulso importante, no sólo en el plano presupuestario. En 2005 el incremento global del Estado a su financiación es del 13,72%. En particular, las subvenciones dirigidas al CSIC tienen un crecimiento del 18,94%, que es el mayor de la última década. Los OPI adolecen en este momento de tener una estructura administrativa rígida, poco acorde con los fines que tienen encomendados; una estructura de plantillas de personal de investigación, técnico y de gestión con situaciones contractuales, retributivas y de expectativas de promoción dispares; y una falta de definición de objetivos. Todo ello nos lleva a la necesidad de establecer planes estratégicos que nos permitan convertir a los OPI en instrumentos de vertebración, coordinación, y colaboración, con las estructuras investigadoras de las Comunidades Autónomas, tanto Universidades, como Parques Científicos, Centros Tecnológicos, Hospitales, y por supuesto con el sector productivo. En los próximos meses se producirán avances en esa línea.

Las grandes instalaciones científicas son una pieza importante para impulsar nuestra investigación básica en diversas áreas, y también para potenciar desarrollos tecnológicos y apoyar la labor de innovación de nuestras empresas. Por eso hemos hecho una decidida apuesta que se traduce en un crecimiento del gasto presupuestario en estas infraestructuras del 32,32%.

El presupuesto del Fondo Nacional de I+D+i aumenta en un 15% en operaciones no financieras y en más de un 24,5% en total. Entre las nuevas líneas de actuación que se van a desarrollar destacan los programas de incentivación de la contratación permanente de investigadores; un programa de renovación de infraestructuras científicas de mediano y pequeño tamaño y el aumento de la financiación de los costes generales (overheads) de los proyectos de investigación.

Asimismo, hay que destacar el incremento del presupuesto destinado al desarrollo y consolidación de Parques Científicos y Tecnológicos, pieza clave para desarrollar sinergias entre la universidad y los OPI y la empresa, que es del 141%.

3. En los países más avanzados desde la perspectiva científico – tecnológica la financiación de las actividades de innovación procede en buena medida del sector privado. ¿Cómo puede incrementarse tal financiación en el caso español?

En los presupuestos 2005 se ha hecho un especial esfuerzo en materia de activos financieros reembolsables para la I+D. El capítulo VIII sin duda beneficiará a las empresas y las animará a invertir en innovación.

Tal vez la novedad más importante que vamos a introducir para facilitar la financiación de la investigación de los entes privados sea la flexibilización del sistema de garantías que, en algunos casos, dará lugar a que prácticamente no se exijan, especialmente cuando se trate de empresas con graves dificultades para su obtención. En este aspecto estamos modificando algunas de las prácticas usuales en relación con la exigencia de avales y con la política de desgravaciones fiscales a las inversiones en I+D para las empresas: Incluso estamos trabajando en el diseño de nuevos instrumentos basados en la actualización de los activos financieros, a través de Agrupaciones de Interés Económico, que permitirán la incorporación del sector financiero al desarrollo de las actividades de I+D. Todo ello será objeto de convocatorias, que ya hemos empezado a dar a conocer y que se materializarán de forma inmediata.

También creemos que con una adecuada política de infraestructuras, tanto grandes instalaciones singulares como parques científicos y tecnológicos, se ayudará a que las empresas, el mundo académico y el de los organismos públicos de investigación interactúen y desarrollen proyectos provechosos para ambos.

Interesa destacar, asimismo, que continuaremos apoyando programas como el Torres Quevedo, que financia mediante subvenciones la contratación de investigadores por empresas, asociaciones empresariales y centros tecnológicos. La última convocatoria se publicó en el BOE del 8 de octubre y está abierta hasta el 30 de julio de este año, e incluye importantes mejoras tales como ampliar el tipo de entidades que pueden participar, permitiendo la participación de empresas de todo el territorio nacional, e introducir nuevas actividades de I+D a desarrollar por el investigador contratado.

Finalmente, quiero destacar el papel que jugará la futura Agencia de Financiación de la Investigación, cuya creación se contempla en el Programa Electoral del actual Gobierno; proyecto en el que estamos trabajando y que esperamos poder culminar el próximo año.

4. ¿Cuáles son los principales retos que ha de afrontar el Sistema Nacional de Innovación en los próximos años?

El gran reto, nada fácil, será alcanzar el 3% del PIB para gastos en I+D+i en 2010 -si bien este objetivo de la denominada Estrategia de Lisboa parece que va a ser revisado a medio plazo, como recientemente ha declarado el Presidente de la Comisión Europea- y hacerlo en consonancia con el aumento del gasto empresarial, que debería cubrir los dos tercios de esta cifra.

Para afrontar con éxito este reto parece oportuno llegar al mencionado Pacto de Estado por la Ciencia y la Tecnología, que implique un cambio en la organización en la Ciencia en España. Además, se hace necesaria la creación de una estructura de gestión para facilitar la prospectiva, adjudicación, seguimiento, evaluación y puesta en valor de la investigación en la que participasen las Comunidades Autónomas e incluso una representación empresarial y de las entidades financieras privadas.

Otro reto fundamental del Sistema, es precisamente eso: la creación de un auténtico "sistema", en el que las Universidades, los Organismos Públicos de Investigación, los centros tecnológicos y las empresas cooperen asiduamente en proyectos comunes. En España sólo el 18% de las empresas tecnológicas tienen contratos con la Universidad, mientras que en Europa lo tiene un 25%, y en países como Finlandia, un 70%. Es, además, la razón de ser de las competencias tecnológicas asignadas al MEC, y de ahí que en la Orden de bases reguladora de las ayudas a la I+D, se asignen a mi Departamento los proyectos en los que, junto a las empresas, intervengan necesariamente OPIS y Universidades. En esta cooperación con la Universidad, es también de capital importancia el programa Torres Quevedo, al que ya he hecho referencia, por el que las empresas y centros tecnológicos pueden incorporar, con plena garantía de calidad y solvencia, a Doctores y tecnólogos para realizar sus proyectos de I+D.

Sin duda, ha llegado el momento de intensificar nuestras inversiones en algunas áreas ya sea por el alto nivel de excelencia alcanzado, ya sea por la trascendencia que tienen para el futuro de sectores productivos clave, o por las posibilidades que abren para el futuro de nuestra sociedad. Esta tarea debe de hacerse desde la referencia de los Programas Marco de Investigación de la UE, con la colaboración y la implicación de los sistemas de Ciencia y Tecnología de las Comunidades Autónomas, y con el aliento y apoyo de la Comunidad Científica, origen y base de la investigación.

Pero el impulso a la participación privada en la investigación no debe hacernos olvidar que la investigación básica o fundamental es el substrato necesario sobre el que basar las aplicaciones tecnológicas que den lugar a nuevos productos, procesos y servicios. Por eso la investigación básica debe de ser subvencionada por las administraciones públicas, con la única exigencia de creación de conocimiento.

5. Para superarlos satisfactoriamente, ¿cuáles son sus proyectos para profundizar en la coordinación de todos los agentes que integran dicho Sistema?

Hay que crear nuevas formas de colaborar en ciencia y hay que aprovechar el crecimiento para organizarse mejor. Todo esto hay que hacerlo en un marco estable que permita a la ciencia desarrollarse sin sobresaltos. Por eso queremos impulsar desde la Secretaría de Estado el "Pacto por la Ciencia" propuesto por gran parte de la elite científica de nuestro país. Hay que conseguir que los distintos ministerios implicados con la investigación, las Comunidades Autónomas, los agentes sociales, los científicos y las empresas creen un marco estable para la financiación y el desarrollo de la ciencia.

Por otro lado, desde el MEC vamos a incentivar a los distintos agentes responsables para que generen figuras contractuales y pongan en marcha mecanismos de contratación permanente para profesionales con un destacado perfil investigador, a los distintos niveles de experiencia profesional, siempre teniendo en cuenta que las competencias en materia de contratación permanente se encuentran, en su mayor parte, en manos de las universidades, y de las Comunidades Autónomas.

En el ámbito tecnológico, interesa destacar el anunciado "plan de choque de I+D", que consistiría en una serie de acciones y programas coordinados capaces de ayudar a España a superar su atraso histórico en materia tecnológica. Entre estas acciones a emprender, se pueden citar como ejemplos el incremento de la transferencia de recursos a las CC AA para infraestructura tecnológica y para I+D; el apoyo a los proyectos singulares y estratégicos; la creación de redes tecnológicas entre los agentes del sistema; el impulso a la creación de grandes y medianas instalaciones científico-tecnológicas y de otras infraestructuras, como parques y centros tecnológicos, y unidades de I+D; la mejora de los instrumentos financieros y la flexibilización de las garantías que deben prestar las empresas para acceder a créditos para la investigación; la creación de fondos de inversores privados en I+D; el cuidado a los recursos humanos mediante la mejora de los Programas de contratación de investigadores y tecnólogos como el Torres Quevedo, Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, etc. Como puede verse, existe una larga lista de proyectos para mejorar el nivel de la investigación española, también en el área de la innovación y la tecnología.

6. Como anterior rector de la Universidad de Alicante conoce bien los problemas de la Universidad. ¿Cuáles son los más destacados y los más urgentes? ¿Cuáles son las líneas principales de las modificaciones normativas que ha anunciado el Ministerio de Educación y Ciencia?

La universidad tiene que encontrar un marco normativo y de financiación estable para poderse centrar en sus verdadero reto, conseguir una enseñanza e investigación de calidad que le permita liderar el Espacio Europeo de Educación Superior y de Investigación. Para dar respuesta a esas nuevas demandas del EEES, es necesario un cambio en el modelo de educación. Una enseñanza proactiva y participativa debe sustituir a la enseñanza pasiva. En esta tarea las actitudes y la voluntad del personal docente, los estudiantes y el personal de administración, juega un papel fundamental.

Además de la reciente aprobación de los reales decretos necesarios para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, el Gobierno ha emprendido también la reforma de la LOU, para corregir los fallos que provocaron la contestación por parte de las universidades a lo que consideraron una invasión en su autonomía. Entre otras cosas, se corregirá el sistema de acceso a la universidad (esto también requiere la modificación de la LOCE) para que se haga una única prueba de carácter general. También se revisarán las funciones, composición y organización del Consejo de Coordinación Universitaria para favorecer la agilidad en los procesos de toma de decisiones; se simplificará el proceso de homologación de títulos oficiales y se corregirá el sistema de habilitación del profesorado, que se ha demostrado costoso e ineficiente.

Por último, y no menos importante, queremos animar a los estudiantes a que participen de forma activa en la vida universitaria, queremos garantizar su participación y sus derechos creando estructuras de representación a nivel estatal, autonómico y de universidad, que les permitan ejercitar sus derechos y participar en las decisiones y políticas que afectan a la institución universitaria, de la que son parte esencial, y como representantes y actores de la sociedad del futuro.

7. La plena implantación del Espacio Europeo de Educación Superior provocará una transformación muy importante de la institución universitaria. ¿Cuál es el ritmo previsto para su desarrollo y cuáles son sus aspectos más relevantes?

Las Declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999) marcan a la vez un gran reto y una gran oportunidad para realizar cambios en nuestro sistema universitario y de investigación que vayan en la dirección de adecuar la formación y la investigación a las necesidades reales de nuestra sociedad. El proceso culminará en el 2010, con la "Convergencia Europea en Espacio de Educación Superior".

El Gobierno autorizó el pasado 21 de enero los Reales Decretos de Grado y Postgrado. Ahora el Consejo de Coordinación Universitaria (integrado por todas las universidades y los responsables de educación superior de las Comunidades Autónomas) propondrá la lista de las nuevas titulaciones de Grado, que tendrá que ser revisada y autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Se espera que este trámite esté listo a mediados de año. A partir de ese momento, se iniciará el proceso de elaboración de las directrices propias de cada título, que finalizará en octubre de 2007.

Después las universidades elaborarán los correspondientes planes de estudios que deberán ser aprobados por sus respectivas comunidades autónomas y homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria (CCU). Simultáneamente, las universidades podrán proponer nuevos estudios de postgrado que tendrán que contar con el visto bueno de sus respectivas comunidades autónomas y después del CCU.

Pero la modificación de la LOU, con su importancia; el cambio de estructura de la organización docente y su adaptación al EEES, que es una pieza fundamental de esa "convergencia" y adaptación al marco común europeo; y todos los desarrollos normativos legislativos relacionados, serán estériles si no logramos cambiar la voluntad y actitud del sistema profesor – estudiante, cuestión que solo se resuelve renovando paulatinamente, pero en profundidad, la metodología docente. Estoy convencido de que este cambio es el fundamento de la necesaria mejora de la formación y la capacidad de creación de conocimiento e innovación de nuestra sociedad. El sistema actual es el mayor obstáculo para una más plena incorporación a la sociedad del conocimiento.