El papel de las Universidades y los retornos que estas deben dar a la sociedad, han venido siendo objeto de análisis desde hace varios años, no sólo, en lo relacionado con la formación y la investigación, que constituyen sus actividades tradicionales, sino en su relación con el sistema productivo de su entorno regional y, en síntesis, a su contribución al desarrollo. A nivel internacional, las universidades británicas, nórdicas, australianas y estadounidenses, lideran esta orientación. En España, algunas Universidades han impulsado la realización de informes de estas características y promovido seminarios sobre el tema. En la Comunidad de Madrid, se han realizado algunas acciones dirigidas a analizar los outputs generados por las Universidades^[1] a través de la medición de su capital intelectual, producción científica, etc..

En este contexto, han surgido organizaciones como la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que con el apoyo de dieciséis empresas de diversos sectores, busca fomentar la contribución que las Universidades Españolas hacen al crecimiento económico y mejorar la eficiencia de esta contribución, para lo cual, ha financiado la realización del Informe sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo 2004. Este informe pretende convertirse en un instrumento para el debate y expresa la voluntad de ser el primero de una serie de informes que, con carácter anual, pretenden desarrollar, algunos de los elementos más relevantes de la contribución de las universidades al desarrollo y que se ha estructurado en cinco grandes capítulos. El primero de ellos, "La Universidad en España. Tendencias Generales", ofrece una visión panorámica del sistema universitario español, analizando, por una parte, la demanda y oferta universitaria y, por otra, los datos básicos de la actividad en investigación y desarrollo del sistema universitario español, tanto en términos de recursos disponibles como de resultados obtenidos. El segundo capítulo, analiza el impacto económico del sistema universitario español, estudiando la estructura de los ingresos y gastos de las universidades y el impacto económico de los gastos asociados al sistema universitario. En el tercer capítulo, se analiza la inserción laboral de los graduados universitarios y las características principales de la formación no reglada continua y de postgrado. El cuarto capítulo, se enfoca al análisis de las actividades de investigación, transferencia de tecnología y promoción de la cultura emprendedora y a la creación de empresas por parte de las Universidades. El capítulo quinto, describe algunas de las actividades relacionadas con el desarrollo social y el servicio comunitario que desempeñan las Universidades a través de sus bibliotecas, editoriales, colegios mayores, servicios deportivos, programas con personas mayores, voluntariado, etc.. Adicionalmente, el informe incorpora un resumen ejecutivo que incorpora el objetivo y proceso de realización del informe, las principales conclusiones y 24 recomendaciones. También tiene dos apéndices que se relacionan, el primero, con una panorámica de la literatura reciente sobre la contribución de las universidades al desarrollo y, el segundo, sintetiza los resultados de la aplicación de un cuestionario a las empresas para identificar la actitud con la que observan el papel actual de las universidades y el que sería deseable.

Entre las conclusiones más relevantes recogidas por el informe se destacan las siguientes:

• Los recursos destinados a las Universidades alcanzaron, en el 2001, los 2.000 millones de euros, cifra que representa el 30,9% del total del gastos de I+D realizados en España ese año y que supera ampliamente a los correspondientes a la UE y a la OCDE.
• Asimismo, cuando se habla del impacto territorial de la Universidad, se aborda desde una triple perspectiva^[2]: el efecto multiplicador del gasto que genera como un sector económico más, el que se deriva de los efectos de su interacción con su entorno y, por último, la contribución que las universidades prestan al desarrollo social, cultural y comunitario del entorno regional.
• En los últimos años, como consecuencia, en buena parte, de la asunción de nuevas actividades como las definidas anteriormente, la universidad española ha desarrollado unos modelos organizativos cada vez más complejos que incorporan características cada vez más similares al modelo empresarial.
• En referencia a la formación, que es el aspecto nuclear, se observa una tendencia a la baja de los alumnos matriculados (2% anual desde el curso 1999-2000), un significativo aumento de las enseñanzas y notables desequilibrios entre la oferta y demanda de plazas en determinadas titulaciones. En cuanto al doctorado, se aprecia un elevado porcentaje de alumnos que no obtiene el título de doctor y, además, estos estudios muestran una excesiva orientación a la formación del profesorado, no adecuándose a la práctica laboral, por lo cual las empresas valoran muy poco este perfil de titulados.
• Aunque las Universidades disponen de un servicio de orientación laboral y de una bolsa de trabajo, menos del 10% de graduados ha encontrado empleo por esa vía. Adicionalmente, diferentes encuestas realizadas a las empresas e instituciones públicas y privadas en España coinciden en resaltar el bajo contenido práctico de la enseñanza universitaria y la ausencia de competencias que vayan más allá de los contenidos técnicos de la profesión. En particular, destacan vacíos de formación tales como capacidad de liderazgo, creatividad, capacidad de gestión, competencias instrumentales (expresión escrita y oral, dominio del inglés), etc.
• A pesar de que la universidad española muestra un buen nivel relativo a su actividad investigadora y su actividad científica y que la financiación empresarial de los gastos en I+D de las universidades españolas ha aumentado ligeramente en los últimos años^[3], la investigación universitaria no
  constituye, para las empresas, una fuente de información importante de cara a la generación de innovaciones.
• La actividad de las universidades españolas en el ámbito de las patentes, es muy escasa. En los años 2001 y 2002, los ingresos por licencias de la propiedad industrial e intelectual de las universidades y organismos públicos de investigación, se situaron en 1 millón de euros, cifra muy inferior a la de otros países europeos como Suiza, con 5,6 millones, Holanda, con 11,4, Noruega, con 9,7, y Alemania, con 46,5.
• En el ámbito de la transferencia de tecnología, a pesar de que en los últimos años ha habido un aumento significativo de la interacción entre las universidades y las empresas -a través de las OTRI´s, creación de empresas de origen universitario y apoyo de la política tecnológica-, todavía se observan debilidades sustanciales en esta relación para que la Universidad contribuya verdaderamente al desarrollo tecnológico.

Son 24 las recomendaciones del informe encaminadas a la mejora de diferentes áreas como el marco de actuación, información estadística, formación, inserción laboral, formación continuada, investigación, transferencia de tecnología y plataformas tecnológicas y creación de empresas. Entre las más destacadas, se encuentran:

• Las universidades deben identificar el impacto territorial de su actividad y crear organismos que canalicen su capacidad de dar respuesta a las necesidades regionales. Además, la Administración debe promover, un nuevo marco legal y organizativo que dote a las universidades de los instrumentos adecuados que le permitan avanzar en sus nuevas funciones en materia de desarrollo económico.
• El Ministerio de Educación y Ciencia debe regular con urgencia los estudios de grado y postgrado para adecuarlos a los acuerdos de Bolonia y redimensionar la oferta de las universidades de acuerdo con las características del mercado laboral.
• Las universidades, las empresas privadas y las instituciones públicas, deben colaborar con los servicios de orientación laboral y bolsas de trabajo de las universidades, para cubrir sus necesidades de empleo cualificado y promover programas de cooperación educativa que permitan desarrollar parte de la formación académica en una empresa o institución. Asimismo, los estudios de doctorado deben contemplar salidas profesionales más allá de los centros de investigación, o de la propia universidad, introduciendo los mecanismos necesarios para contribuir, con sus contenidos, al desarrollo de la innovación en las empresas y en las organizaciones en general.
• Debe haber un incremento de los recursos destinados a la investigación de parte de la Administración, pero también un mayor control y transparencia en su gestión, que garanticen el refuerzo de la excelencia y el desarrollo de grupos emergentes. Asimismo, se debe garantizar el aumento del personal técnico de apoyo a la investigación y potenciar los mecanismos de colaboración entre los diferentes agentes del sistema de ciencia y tecnología.
• La protección de los resultados de la investigación y las patentes de titularidad universitaria debe constituir uno de los objetivos prioritarios en el campo de transferencia de tecnología.
• El fomento de spin-offs es fundamental para la regeneración del tejido productivo regional. Igualmente, el desarrollo de parques científicos y tecnológicos debe vincularse a las estrategias de innovación regional y a la existencia de potentes centros de investigación.

Para finalizar, el informe enfatiza sobre la responsabilidad compartida por todas las partes implicadas -Universidad, Sector Privado y Administraciones- en el cambio cultural que requiere esta iniciativa encaminada a rentabilizar los recursos de conocimiento y la capacidad del capital humano universitario. Aunque ha mejorado en los últimos años, España debe fomentar la interrelación entre todos los ámbitos y realizar una serie de recomendaciones entre las cuales destacan: la necesidad de un marco de financiación estable, la transformación de los resultados de la investigación en patentes y contratos de investigación y la colaboración más estrecha por parte del sector empresarial.

Se afirma, igualmente, que la Universidad y el sistema educativo, en su conjunto, debe inculcar conceptos como el espíritu creativo e innovador, la capacidad de reflexión y de análisis, las cualidades directivas y disposición de trabajar en equipo. Estas cualidades facilitarán la adaptación y la aportación de los universitarios a la empresa, contribuyendo asimismo, a una mayor transferencia de conocimientos entre el mundo universitario y el empresarial. Por su parte, el sector productivo tiene la obligación de promover una mayor capacidad de innovación, un cambio de mentalidad que debe ir acompañado, lógicamente, del apoyo a los emprendedores y de mejores condiciones de empleo para los jóvenes investigadores.

Por su parte, desde el sector público, se debe avanzar hacia el objetivo establecido en la cumbre de Lisboa 2000, de crear un espacio único europeo de innovación y conocimiento. Este compromiso pasa por ampliar los recursos de las universidades pero también por implementar medidas para el desarrollo científico como impulsar el capital riesgo en el ámbito de la investigación, promover la movilidad y la especialización laboral.

Notas :

[1]Programas de Producción de Capital intelectual y de Producción Científica, financiados la Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid
www.madrimasd.org/informacionidi/indicadores/intelectual/default.asp.

[2] Basadas en el informe Universidad 2000.

[3] Principalmente en ingeniería, tecnología y ciencias médicas.