Presupuestos de I+D del 2001:Malas noticias para la ciencia española

Alicia Durán
Área de Ciencia y Tecnología
Fundación 1 de Mayo



Un año más, el análisis de los PGE 2001 en su Función 54, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico provoca cuanto menos desilusión: promesas incumplidas, anuncios vacíos de contenido y la realidad de un nuevo ministerio que desconoce los reclamos de los científicos y se dedica en exclusiva a repartir frecuencias. No existe coherencia alguna con los objetivos del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PNIDI) aprobado a finales de 1999, el gasto real de I+D del Estado se mantiene en el 0.27% del PIB (el mismo nivel que en 1987) y, más importante, siguen sin unificarse ni coordinarse las actividades de I+D e Innovación, más allá de meros cambios de fondos de un ministerio a otro.







Un año más, el análisis de los PGE 2001 en su Función 54, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico provoca cuanto menos desilusión: promesas incumplidas, anuncios vacíos de contenido y la realidad de un nuevo ministerio que desconoce los reclamos de los científicos y se dedica en exclusiva a repartir frecuencias. No existe coherencia alguna con los objetivos del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PNIDI) aprobado a finales de 1999, el gasto real de I+D del Estado se mantiene en el 0.27% del PIB (el mismo nivel que en 1987) y, más importante, siguen sin unificarse ni coordinars e las actividades de I+D e Innovación, más allá de meros cambios de fondos de un ministerio a otro.

Una vez más no se han cumplido los objetivos financieros anunciados en el PNIDI: sigue sin alcanzarse ni el horizonte presupuestario más pesimista, el 0,9% del PIB en 1999 y la actitud del nuevo MICYT aumenta las sombras sobre la ejecución y explicación del presupuesto. Para encontrar las claves del mismo es necesario repasar la breve historia de este ministerio.

Tras las elecciones del 12 de marzo el anunciado Ministerio de Tecnología e Innovación acaba en Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Anna Birulés es nombrada ministra el 28 de abril. El nuevo Ministerio absorbe las competencias del desaparecido MINER - incluyendo al CDTI, la Oficina de Patentes y Marcas y el IDAE -, más las de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, antes en Fomento, y a él se adscriben los OPIs del MEC, MINER y MAPA: CSIC, Astrofísico de Canarias, CIEMAT, ITGE, INIA y Oceanográfico.

La nueva estructura implica la desaparición de la OCYT, responsable del diseño y redacción del PNIDI, y de la CICYT, encargada de su gestión, cuyo personal desconoce, todavía, sus funciones o su nuevo destino. Los 4500 proyectos de la primera convocatoria del PNIDI, presentados en abril, han sido entregados para evaluación a finales de agosto, y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), en principio “olvidada” en el MEC y más tarde rescatada por el MICYT, declara no contar con los recursos necesarios para decidir sobre los mismos antes de fin de año.

Pero lo más grave es que en el MICYT no están todos los que son. Se ha excluido del elenco a las Universidades, donde trabajan 30.000 de los 41.000 investigadores en equivalencia a jornada completa del sector público, según los datos del INE, y que aportan más del 50% de la producción científica española. Tampoco aparecen en el organigrama los OPIs que dependen del Ministerio de Defensa -INTA y Canal de Experiencias Hidrodinámicas-, ni el dep endiente de Fomento, ni los Institutos del M de Sanidad, ni los que se adscriben a los ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda. Hasta ahora las competencias sobre I+D se repartían entre ocho ministerios, con la nueva estructura quedan concentradas en ...¡¡¡ siete ministerios!!!

Los avances de los gestores del PNID -CICYT y OCYT-, hacia una mayor coordinación, parecen baldíos y la situación actual confirma la división del sistema público de ciencia y tecnología en departamentos estancos y con una estructura que impide su coordinación. El Ministerio de Defensa, que concentra la mitad de la función 54 de los PGE y que destina la mayor parte de estos recursos a la construcción de armamento, queda fuera del sistema, desmintiendo en la práctica la publicitada validez de sus actividades de I+D para aplicaciones civiles. La investigación sanitaria queda repartida en tres ministerios: los centros hospitalarios más importantes dependen de Universidades -transferidas a las CC.AA., pero sobre las que aún tiene competencias el MEC-, los Institutos Carlos III de Investigaciones Cardiológicas y de Investigaciones Oncológicas dependen del Ministerio de Sanidad, mientras se encuadran en el CSIC (MICYT) otros grandes centros (IIB, CIB, ICB, CBM, CNB, etc.). Esta desorganización ha tenido sus primeras consecuencias en los retrasos en el pago de anualidades de proyectos concedidos en el área de Salud. El secretario de Estado declara que son culpa del “gobierno anterior” sin recordar que es el mismo que lo nombró. Se prometen los fondos para final de octubre, que más tarde se convierte en noviembre, y mientras cientos de proyectos siguen paralizados.

La improvisación se refleja con nitidez en la estructura de los órganos de coordinación y gestión. Se eliminan de un plumazo la CICYT y la OCYT y, ante el vacío generado, la Ministra anuncia en junio en el Parlamento que se está trabajando para completar la estructura del MICYT y que con la publicación de dicha estructura se disiparán la mayoría de las dudas. El 29 de julio, tres meses después del nombramiento, se publicó en el BOE la estructura del MICYT. Una estructura compleja, con profusión de altos cargos y que sigue sin desvelar los principales interrogantes. No existe nada parecido a una Comisión Interministerial, ni la anunciada “comisión de enlace” con la Universidad para coordinar las políticas y agilizar los contactos. La única estructura que aparece es el Comité de Coordinación Funcional de Organismos Autónomos de Investigación y Experimentación, cuya andadura se saldó con un rotundo fracaso en la etapa anterior. Como tampoco se encuentra ningún órgano encargado de la coordinación entre CC.AA. Mala es la improvisación, pero peor es la sensación de que el MICYT, más propiamente Ministerio de Telecomunicaciones, no sabe qué hacer con el trozo del sistema científico español que le ha caído en suerte.

El tema de la Universidad cada vez más preocupante, ya que su marginación aparece como un acto consciente, que se expone abiertamente en los círculos en los que se gestó el nuevo ministerio. La idea es que la Universidad enfoca su actividad hacia la investigación básica y es incapaz de obtener resultados transferibles; la autonomía universitaria, visualizada como un escudo contra la presión del mercado y la causa determinante de su actitud endogámica, impide -según esta versión-, redefinir sus objetivos y actuaciones. La solución: marginarla del sistema, aunque esto signifique marginar a la mitad del sistema científico. Una actitud desmentida en las palabras pero patente en los hechos: en la presentación del nuevo ministerio, el 10 de julio en Barcelona, no se invitó a ningún miembro de la Universidad a exponer sus resultados. En el horizonte planteado en ese mítico siglo XXI, la Universidad no existe.

En este contexto se presentan los PGE 2001 donde la improvisación y la falta de interés se hacen evidentes: las explicaciones del gasto son mínimas y es necesario ser un experto para encontrar el origen y finalidad de l a mayoría de las partidas. La opacidad y el oscurantismo se convierten en un rasgo distintivo de los presupuestos y en una mala señal sobre su ejecución.

Los presupuestos de I+D se siguen concentrando en la construcción de armamento, gastos que no pueden considerarse I+D y que se incluyen en la Función 54 para maquillar las cifras del gasto en I+D acercándolo a la media europea. Un intento que sitúa a Defensa (donde deberían en todo caso asignarse los créditos del Capítulo VIII para construcción del EFA, fragata y carro de combate) como primer Ministerio inversor en I+D -con el 42,2% de los recursos y el 67% de las inversiones-, y a España como el país con mayor porcentaje de inversión en I+D militar en Europa.

En los PGE 2001 el Capitulo VIII (Activos Financieros) significa el 52,2% de la Función 54 (298.525 MPta sobre 571.584 MPta), desvirtuando, en el fondo y en la forma, la elaboración y evaluación de los presupuestos y de sus resultados. El resto de la Función 54 supone 273.059 MPta, con un aumento del 5,8% sobre el año anterior en pesetas constantes. El gasto real en I+D de la AGE se sitúa pues en el 0,27% del PIB, la misma cifra que en 1987, antes de aprobarse la Ley de Ciencia, mientras el gasto total sigue estancado en poco más del 0,85% del PIB.

El mecanismo de usar los Activos Financieros como forma de no aumentar el déficit, denunciado año tras año, sigue incrementándose. El déficit acumulado en los últimos cinco años sólo en la Función 54 supera ya el billón de pesetas. En el 2001 se acude a esta forma de “ingeniería presupuestaria” para financiar, no sólo los programas de armas (63% del capítuloVIII) sino también otras acciones del MINER, en particular el nuevo epígrafe 542.N Sociedad de la Información, cuyo presupuesto se asigna en un 85% a este capítulo. Los créditos a largo plazo a empresas privadas alcanzan los 58.000 MPta., más del doble de los recursos del Plan Nacional. Parece que el regalo de la adjudicación de frecuencias no ha sido suficiente: se cobrar on 80.000 millones y ahora se devuelve el 75%.

El criterio de desplazar cada vez más fondos al capítulo VIII tiene otra consecuencia: estos créditos no incluyen ningún mecanismo claro de asignación. No se sabe ni a quién se le asignan, ni con qué criterios. No hay mecanismos de evaluación, control ni seguimiento, no hay práctica transparente ni explicación más allá de la decisión personal de los responsables del ministerio. Con esta práctica clientelar y opaca se está vaciando de contenido al CDTI, gestor y responsable de la política de promoción tecnológica e innovación. Sus fondos, 48.000 MPta., significan apenas el 14% del pastel de créditos de Activos Financieros.

Mientras tanto, el presupuesto del PNIDI se sitúa en 28.788 MPta, el 5% de la Función 54 y el programa de Promoción General del Conocimiento sufre un recorte de más del 5%, confirmando la intención de reducir aún más los fondos para la investigación no orientada y de excelencia. Una muestra más de la marginación de la universidad, a quien se destina la mayoría de este programa.

Por otro lado, y a pesar de las declaraciones y promesas sobre aumento del número de investigadores en el sector público, y la implementación de fórmulas de contratación a cinco años, no aparecen en los PGE 2001 créditos destinados a un incremento real de plantillas. La gestión de las becas de Formación de Personal Investigador se divide entre el MICYT y el MEC agregando confusión al tema de personal.

Los presupuestos de los Organismos Públicos de Investigación (CSIC, CIEMAT, INIA) crecen al compás de la inflación; sólo el Astrofísico de Canarias recibe un 10% más en pesetas constantes, mientras se observa una reducción en los fondos del ITGE y un desmantelamiento total del CEDEX, que ve recortado su presupuesto en más del 40%.

Otro dato muy preocupante, que refleja la falta de confianza del Gobierno en el sector público de la investigación, es la previsión de reducción de los retornos obtenidos del V Programa Mar co de la UE del 6,5% al 6% ( de 18.000 a 16500 MPta., más de un 10% en pesetas constantes). El V Programa Marco, muy concentrado en las acciones clave diseñadas por las grandes compañías europeas, significa para nuestro país un esfuerzo adicional para conseguir retornos aceptables. En todo caso los PGE y la política ministerial deberían prever estímulos y apoyo a la presentación de propuestas para incentivar dichos retornos, en vez de aceptar sin más la reducción de los mismos. Si se confirma la tendencia europea a concentrar sus recursos en los grandes centros de excelencia de la Unión Europea -la propuesta del nuevo “Espacio europeo de la investigación”, en el cual los centros españoles difícilmente sumarían los dedos de una mano-, se habrá cerrado otra puerta de financiación de la maltrecha investigación pública.

La política que orienta estos presupuestos se refleja en el destino final del dinero público. El total de transferencias de capital destinadas al sector público, 60.415 MPta, el “dinero fresco” destinado a proyectos e infraestructuras de todas las ramas de la investigación pública española, supone el 17% de los fondos destinados a las empresas. Efectivamente, el análisis por sectores de ejecución muestra que siguen aumentando las transferencias al sector empresarial: el próximo año alcanzarán los 346.536 MPta, más del 60% de la Función 54. Se sigue avanzando en la única dirección de transferir más y más dinero al sector privado, como forma de promover la inversión propia en I+D cuando ninguno de los instrumentos planteados en las etapas anteriores ha logrado movilizar esta inversión. Su participación en los gastos de I+D ha aumentado en menos del 1% en pesetas constantes en el periodo 1995-1999, reduciendo su financiación del 44% al 36% del gasto total en I+D. Si en una época de bonanza económica como la de los últimos años, con cifras de crecimiento superiores al 3,5% e ingentes beneficios empresariales, el sector empresarial no ha reforzado su apuesta por la I+D y la innovación, parec e inútil el último recurso utilizado. El aumento de las transferencias de recursos públicos y la opacidad de su adjudicación no logrará poner en movimiento al sector, sino que más bien profundizará las diferencias entre sectores industriales y entre territorios.

La desaparición de todo vestigio de política industrial y energética, sin hueco en los organigramas del MICYT, queda confirmada en estos presupuestos. Y también las formas de gestión: mientras se declaraba que se hacía política industrial a través del fomento de la innovación y de la batería de subvenciones y proyectos a los sectores punta, el 4 de julio aparecía en el BOE la convocatoria de proyectos de los dos planes estrella del ex-ministerio de industria: El Plan Aeronáutico y el Plan Espacial, con fecha límite de presentación del 15 de agosto. Una convocatoria clave que se realiza en pleno verano y que habla mal del concepto de transparencia en las actuaciones del ministerio. No ha sido posible hasta la fecha conocer ni cuántas empresas se presentaron, ni quién evaluará estos proyectos, ni cuánto dinero se asignará a los agraciados que no estaban de vacaciones.

Se confirman por tanto los temores expresados por el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre el PNIDI: la asignación de distintos gestores a los distintos programas del Plan, sin concretar los mecanismos de coordinación, plantea serios problemas de homogeneidad en todas las etapas -objetivos prioritarios, evaluación y financiación de los proyectos-, poniendo en duda la neutralidad y la eficacia de las actuaciones.

La puesta en escena del nuevo MICYT, sin objetivos concretos después de seis meses de vida, con decisiones esenciales que se intuyen pero se postergan, con torpezas evidentes en la gestión y falta de reflejos en la resolución de los problemas inmediatos, ha enervado a toda la comunidad científica. El intento continuado de marginar a la Universidad y el cambio de la dirección del CSIC sin especificar sus objetivos son decisiones que afect an a los dos protagonistas indiscutibles de la ciencia española. En lugar de coordinación, se ha introducido confusión y mayor entropía en el sistema, sin pensar en la magnitud de las consecuencias.

Los presupuestos de I+D para el 2001 invitan a repetir el cada vez más oscuro resumen anual: crecimiento mínimo de la inversión en I+D, protagonismo de la inversión militar, oscurantismo en las cifras y opacidad en los mecanismos de gestión y adjudicación de proyectos y de créditos, transferencia creciente de fondos al sector privado. Son los rasgos distintivos de unos presupuestos que ahogan a la ciencia básica, postergan el desarrollo de medios e infraestructuras, e ignoran la necesaria ampliación de las plantillas de investigación del sector público, verdadero motor del sistema de ciencia y técnica. Malas noticias para la ciencia española.





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Hasta ahora las competencias sobre I+D se repartían entre ocho ministerios, con la nueva estructura quedan concentradas en ...¡¡¡ siete ministerios!!!
 
 


 

El tema de la Universidad cada vez más preocupante, ya que su marginación ap arece como un acto consciente, que se expone abiertamente en los círculos en los que se gestó el nuevo ministerio.
 
 


 

Los presupuestos de I+D se siguen concentrando en la construcción de armamento, gastos que no pueden considerarse I+D y que se incluyen en la Función 54 para maquillar las cifras del gasto en I+D acercándolo a la media europea.
 
 


 

España es el país con mayor porcentaje de inversión en I+D militar en Europa.
 
 


 

El total de transferencias de capital destinadas al sector público, 60.415 MPta, el “dinero fresco” destinado a proyectos e infraestructuras de todas las ramas de la investigación pública española, supone el 17% de los fondos destinados a las empresas.