Número 31, septiembre 2005
LA I+D QUE TENEMOS>> Aula Abierta
 
  La Propuesta de Directiva de Patentabilidad de las Invenciones Implementadas con Ordenador

La propiedad intelectual, en general y en sus diversas formas, y la propiedad industrial, en particular, son objeto de atención cada vez mayor. La consideración de las patentes como activos de las empresas y el apoyo a la sociedad del conocimiento por parte de los ejecutores de políticas públicas están cada vez más generalizados.

     
Ignacio Atorrasagasti Tellería
Consejero Industrial
de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Bruselas[1]
ignacio.atorrasagasti@reper.mae.es
 


1. Introducción

La propiedad intelectual, en general y en sus diversas formas, y la propiedad industrial, en particular, son objeto de atención cada vez mayor. La consideración de las patentes como activos de las empresas y el apoyo a la sociedad del conocimiento por parte de los ejecutores de políticas públicas están cada vez más generalizados.

Las patentes son monopolios temporales concedidos al inventor por una invención nueva, que suponga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. Frente a esta ventaja monopolística concedida al titular, los terceros se benefician del conocimiento de una tecnología cuya información queda accesible. La patente promueve la innovación y es un instrumento que así fomenta el crecimiento económico. Según datos de la Oficina Europea de Patentes (EPO), entre 1996 y 2004, el número de patentes solicitadas se ha duplicado. En el año 2004 la EPO ha concedido 58.730 patentes. Del orden de un 15% de las solicitudes entran dentro del campo de las que precisan de un aparato programable para su ejecución, esto es dentro del área de aplicación de esta propuesta de Directiva.

La polémica generada por esta propuesta de Directiva ha sobrepasado el habitual debate que se produce cuando hay intereses encontrados, llegando hasta la sociedad civil. De hecho, el normal procedimiento de codecisión previsto entre el Consejo, en el que están representados los Estados, y el Parlamento Europeo, está reflejando posiciones muy diferentes.

Entre las conclusiones que se pueden extraer de todo este proceso están el interés creciente por los temas de propiedad industrial, que tienen un importante impacto económico, y la necesidad de información y debate que exige una Directiva compleja como esta.

2. Antecedentes y evolución en el tiempo

Con la base jurídica del artículo 95 del Tratado CE la Comisión presentó en febrero del 2002 una propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador más conocida como Directiva de patentes de software, aunque inexactamente denominada en este segundo caso, ya que el objetivo no es proteger el software mediante patentes. El artículo 95 justifica la armonización de legislaciones para el buen funcionamiento del mercado interior. La Directiva busca armonizar las normas jurídicas y el nivel de requisitos de las invenciones ejecutadas con ordenador para que las empresas innovadoras obtengan beneficios de su proceso inventivo y se impulse la innovación.

El origen de la iniciativa se encuentra en el Libro Verde de 1997 sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. Como seguimiento del mismo en 1999 se consideró prioritaria una Directiva que armonizara las legislaciones sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador. En el año 2000, se iniciaron las consultas con los Estados miembros y el público en general. También se encargó un estudio sobre la incidencia en las PYME desarrolladoras de programas informáticos. Entre las organizaciones empresariales consultadas estaban la Unión de Industrias de la Unión Europea (UNICE) y la Asociación Europea de la Industria de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (EICTA). También se consultó con EuroLinux como representantes de los creadores de software de fuente abierta.

Como consecuencia de todo ello, la Comisión presentó en febrero del 2002 una propuesta de Directiva con 19 considerandos y once artículos. El documento fue trabajado en el Consejo y llevado al Consejo de Ministros de Competitividad de Noviembre del 2002 como enfoque común antes de conocerse la opinión del Parlamento en primera lectura. España formuló una reserva parlamentaria al texto propuesto ya que, en ese momento, se había producido un debate en el Senado español como consecuencia de una moción parlamentaria por la que se instaba al Gobierno a defender el aplazamiento de la Directiva. El Parlamento español, tanto el Congreso como el Senado, se han movilizado con esta propuesta de Directiva a través de varias mociones y preguntas al Gobierno durante toda la tramitación.

Trabajando paralelamente, en Septiembre de 2003, y tras examinarse por las Comisiones de Cultura, Industria y Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, el pleno Parlamento Europeo, siendo ponente la Sra. McCarthy (PSE-UK), adoptó un informe conteniendo 64 enmiendas a la propuesta de Directiva.

En el Consejo se estudiaron cada una de las enmiendas, estableciéndose cuatro grupos: enmiendas aceptables directamente, enmiendas aceptables con nueva redacción, enmiendas negociables y enmiendas a rechazar sin reservas. Resultado del debate fue la preparación de un texto enmendado que se presentó al Consejo de Competitividad de mayo de 2004. En el Consejo volvieron a realizarse modificaciones, básicamente introduciendo en el articulado que un programa de ordenador como tal no podrá constituir una invención patentable. Con el voto en contra de España, y las abstenciones de Bélgica, Austria e Italia se alcanzó un acuerdo político por mayoría cualificada sobre el nuevo texto, reflejo de la posición común del Consejo. Las razones del voto en contra de España se fundaban en que el texto no reflejaba suficientemente algunas de las enmiendas del Parlamento europeo, en particular las que hacían referencia al alcance del concepto de patentabilidad y a la contribución técnica que debe aportar la invención implementada en ordenador.

Desde mayo de 2004 hasta marzo de 2005 el proceso continuó con la traducción del texto aprobado a todos los idiomas así como con la redacción de la exposición de motivos. Varios Estados presentaron declaraciones para las actas del Consejo tratando de reflejar su posición y sus dudas sobre el texto de cara a la segunda lectura del Parlamento. El propio Parlamento Europeo salido de las elecciones del 2004 se pronunció por la utilización del artículo 55 de su Reglamento interior para volver a hacer una primera lectura. Las preocupaciones que la adopción de la posición común generaba venían de la incidencia que podría tener sobre las PYME, los límites de la patentabilidad y la garantía de la interoperabilidad. Pese a ello, la posición común del Consejo fue aprobada en el Consejo de Competitividad de Marzo como punto A y con mayoría cualificada igual a la del Consejo de Mayo del 2004.

3. Contenido

La propuesta de Directiva adoptada en el texto de la posición común del Consejo de marzo de 2005 es corta en su contenido, constando de veintitrés considerandos introductorios y de doce artículos.

Define en primer lugar como invención implementada con ordenador aquella invención para cuya ejecución se requiere la utilización de un ordenador o aparato programable, teniendo la invención una o más características que se realicen mediante un programa de ordenador.

Las condiciones de patentabilidad exigidas son las del art. 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (1973), esto es la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, ser nueva y suponer una actividad inventiva. Para verificar la actividad inventiva se exige aportar una contribución técnica, esto es una contribución al estado de la técnica en un campo de la tecnología que sea nueva y no evidente para un experto en al materia.

La propuesta de Directiva excluye de la patentabilidad los programas de ordenador como tales, las invenciones cuya contribución sea simplemente el uso de un ordenador, los algoritmos matemáticos y los métodos para el ejercicio de actividades económicas.

Las reivindicaciones definen el objeto sobre el que recaen los derechos exclusivos conferidos por la patente. La Directiva admite que las invenciones implementadas por ordenador puedan reivindicarse como producto o como procedimiento y acepta la reivindicación de un programa informático, pero sólo si ejecuta en un ordenador programable el producto o procedimiento válidamente reivindicado en la misma solicitud de patente.

Veamos un ejemplo de invención implementada en ordenador. Procedimiento de fabricación de un dispositivo de iluminación de caracteres alfanuméricos e imágenes en el que los puntos de luz constituidos por diodos LED son conectados mecánica y eléctricamente en la correspondiente placa por un robot controlado por un programa de ordenador que proporciona las correspondientes señales eléctricas de control según la forma y tamaño del diseño que se quiere visualizar.

En cuanto a la interoperabilidad, la propuesta indica que los derechos conferidos por las patentes concedidas no afectarán a los actos permitidos por la Directiva 91/250/CEE relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador en particular en sus artículos 5 (excepciones a los derechos exclusivos del titular) y 6 (descompilación).

Durante el debate las mayores dificultades se han encontrado en el artículo 2 (definición de contribución técnica), el artículo 4 (exclusiones de patentabilidad) y artículo 5 (forma de las reivindicaciones).

Desde el inicio, con la propuesta de la Comisión, la línea seguida ha sido la de tratar de definir con mayor claridad los límites de la patentabilidad sin modificar las condiciones que se exigen a toda invención.

El texto de la posición común ha sido apoyado por la asociación sectorial EICTA y las grandes empresas del sector. Sin embargo, el rechazo generado en algunos colectivos, principalmente los partidarios del software libre, y las resistencias que han ido apareciendo en distintos Estados, indican que el texto de la Directiva no es suficientemente claro.

4. Procedimiento a seguir

El procedimiento legislativo de codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo, cuando no ha sido posible un acuerdo en primera lectura, como es el caso, y tras la aprobación de la "posición común”, implica la apertura del proceso de segunda lectura por el Parlamento.

Desde el momento en que el Parlamento recibe formalmente en uno de sus Plenos la "posición común” comienza el plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para pronunciarse. Se reinicia el debate en las Comisiones, y posteriormente las enmiendas son votadas en el Pleno. En este caso, se produce, además, la circunstancia de que el Parlamento ha sido renovado, por lo que tanto en las Comisiones como en el Pleno hay parlamentarios nuevos.

Las opciones del Parlamento son varias. Puede rechazar la "posición común”, con lo que la propuesta de Directiva no sería adoptada. También puede votar un conjunto de enmiendas al articulado y a los considerandos. Si las enmiendas del Parlamento no pueden ser aceptadas por el Consejo se entra en la fase de Conciliación, siendo el Comité de Conciliación la instancia donde se produce el diálogo. Si se llega a un compromiso de texto conjunto definitivo se disponen, en el Consejo y en el Parlamento, de seis semanas prorrogables por otras dos para proceder a la tercera lectura en la cual se confirma habitualmente el resultado del Comité de Conciliación. Con los plazos indicados se entraría en el segundo semestre del año, durante la Presidencia del Reino Unido que sería la que dirigiría las negociaciones con el Parlamento y en el Consejo. Hasta ese momento no sabremos como acaba la historia de la propuesta de Directiva de patentabilidad de los inventos ejecutados con ordenador.

Post -scriptum

Habíamos terminado con la aprobación, dificultosa, de una posición común del Consejo, y la remisión de la misma al Parlamento para una segunda lectura.

A finales del mes de Junio, la votación en la comisión de asuntos jurídicos no apoya las enmiendas presentadas por el ponente Sr. Rocard. Ello constituye una sorpresa, favorablemente acogida por los partidarios de la posición común y por la EICTA. El Consejo, consciente de la difícil situación y división en el Parlamento, opta por esperar a la votación en el pleno prevista para el 6 de julio.

Entre tanto un informe para el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos concluía que era preferible no continuar con la Directiva. Argumentaba la dificultad de avanzar en definiciones y límites sobre lo que es patentable y lo que no lo es en el campo de las invenciones ejecutadas por ordenador y en los programas de ordenador. Proponía avanzar en la salvaguarda de la calidad de las patentes, evitando las patentes triviales, y en los problemas de interoperabilidad.

En la prensa europea de Bruselas la movilización de los defensores de una u otra postura es importante. Por un lado la EICTA y CompTIA, representando los intereses del sector, básicamente grandes empresas, se manifiestan a favor de la posición común del Consejo con los argumentos políticos de la defensa del empleo en las empresas tecnológicas así como de la innovación y de la lucha contra la piratería. Por otro lado, los partidarios del software libre y la fundación FFII, favorable a la infraestructura libre para la información, se oponen a la posición común adoptada por el Consejo, con los argumentos de apoyo a las micro y pequeñas empresas, a favor de la protección del software a través de los derechos de autor, y solicitando que el artículo 5.2 de la propuesta del Consejo sea modificado de manera que no se permitan las reivindicaciones de programa. Su línea es favorable a las enmiendas de compromiso de Michel Rocard, derrotadas en la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

El 5 de Julio el Parlamento en pleno discute la Directiva en Estrasburgo. La división entre los grupos parlamentarios lleva a que ante la disyuntiva que pudiera salir una solución con una justa minoría y que pudiera enfrentar a la otra parte, más valía no contentar a nadie, dejar las cosas como están y rechazar la posición común del Consejo. La Comisión continuaba defendiendo la posición común.

El 6 de Julio se produce la votación, y hecho nada frecuente, el Parlamento rechaza la posición común por abrumadora mayoría de 648 votos contra el texto del Consejo, 14 a favor del mismo y 18 abstenciones. Ello supone el rechazo de la propuesta de Directiva y el fin del procedimiento.

Hasta aquí un largo proceso desde el 2002, con un debate intenso y posiciones encontradas, donde el núcleo del problema ha sido establecer los límites de patentabilidad. Se han enfrentado intereses económicos muy importantes en un marco legislativo poco claro, donde el crecimiento del mundo digital ha supuesto un choque importante sobre una legislación de patentes y de derechos de autor que marchan por detrás de la tecnología. Y por encima de ello otro debate como es el de la utilización de la información en la sociedad del conocimiento. Pero sobre esto vendrán más debates, más intereses económicos y más Directivas.


Notas :

[1] Los juicios y opiniones contenidos en este artículo son estrictamente personales.