Número 32, octubre 2005
LA I+D+I EN LA CORNISA CANTÁBRICA>> Aula Abierta
 
  La acreditación de la educación superior en España. Un instrumento necesario de garantía y defensa del ciudadano

La acreditación en el ámbito de las universidades representa una garantía externa de que lo que hacen las instituciones de educación superior cumplen los requisitos de calidad y que, por lo tanto, todos los ciudadanos podemos confiar en que el «producto» que proporcionan, es decir, los títulos oficiales que otorgan a sus estudiantes, es de confianza.

     
Gaspar Rosselló
Director de Programas ANECA
Rafael Llavori
Relaciones Institucionales ANECA
 
 

¿Qué es la acreditación?

Estamos acostumbrados a escuchar la palabra acreditación aplicada a algunos procesos o, mejor, a la conclusión de algunos procesos que tienen una visibilidad determinada y requieren, por ello, de algún respaldo. Dicho respaldo no tiene por qué ser «oficial», es decir «legal» sino que en la mayor parte de las ocasiones tiene más que ver con una marca visible que «garantiza» algo.

Asimismo, el mismo término «acreditación» aplicado en el contexto de la educación superior sirve para designar cosas distintas aunque con el mismo denominador común: el reconocimiento externo de que alguien o algo alcanzan un determinado nivel -umbral- que todos reconocen como suficiente para desempeñar una tarea o desarrollar un proceso con garantías de éxito. Tal es el caso, por ejemplo, de la denominada acreditación de profesorado (que en estricto sentido consiste en una evaluación de méritos). Lo que sí resulta de esa evaluación es que el profesor que la supera recibe la acreditación necesaria para desempeñar una tarea determinada conforme al perfil solicitado.

En el caso de España, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en diciembre de 2001, introduce con carácter obligatorio la acreditación de programas, es decir de lo que comúnmente y de forma poco precisa denominamos «carreras», o más concretamente, de las enseñanzas que conducen a la obtención de un título oficial en cualquiera de nuestras universidades públicas o privadas, tanto en el nivel de grado como en el postgrado (master y doctorado).

La nueva disposición legal, adquiere una mayor coherencia al amparo del Espacio Europeo de Educación Superior, proceso de renovación estructural al que se están sometiendo las instituciones de educación superior y los sistemas universitarios de 45 países europeos en una suerte de revolución académica, educativa y social bajo el signo de la Declaración de Bolonia iniciada en 1999. ¿Qué significa esto? Que a la transformación a escala nacional a la que está sometida la universidad española tras la aprobación y la implantación de un nuevo marco legal, se le une la reestructuración paralela en el marco europeo (recuérdese que decimos «europeo» no de la Unión Europea ya que sobrepasa esta entidad política).

Si las universidades europeas están comprometidas en una profunda transformación que atiende no sólo a sus bases académicas sino sobre todo a su espíritu más profundo y al papel que han de jugar en la construcción de un espacio de educación superior y de investigación a escala global que compita en igualdad de condiciones con los sistemas norteamericanos o los asiáticos emergentes, las instituciones españolas han de aunar sus esfuerzos para mantener el ritmo de sus homólogas europeas sin perder ese tren.

¿Para qué sirve?

Por lo tanto, la acreditación en el ámbito de las universidades representa antes de cualquier otra cosa una garantía externa de que lo que hacen las instituciones de educación superior cumplen los requisitos de calidad y que, por lo tanto, todos los ciudadanos podemos confiar en que el «producto» que proporcionan, es decir, los títulos oficiales que otorgan a sus estudiantes, es igualmente de confianza.

En España para poder impartir un título oficial, las universidades han de cumplir unos requisitos administrativos y recibir el correspondiente permiso por parte de las autoridades académicas ministeriales encargadas de concederlo, trámite que recibe el nombre de «homologación». Una vez conseguido, hasta ahora, no existía ningún mecanismo que sometiera con carácter periódico si esa titulación mantenía los mínimos exigibles por la que fue aprobada o, simplemente, si responde a las expectativas de la demanda de estudiantes.

Por ello, la LOU, estableció la obligatoriedad de que todos los títulos oficiales pasaran por un proceso de acreditación que permitiera comprobar que cumplían las condiciones por las que fueron aprobados y pudieran ser, así.

¿En qué consiste el proceso de acreditación?

Con independencia de los detalles que resultarían demasiado prolijos e innecesarios para el propósito de este texto, lo más importante que debemos saber de este proceso no son los protagonistas del mismo sino la coreografía que siguen esos actores protagonistas y que concede al proceso la garantía de ser exhaustivo en su análisis y plural e independiente en su desarrollo. Esta coreografía incluye los siguientes pasos:

  • la autoevaluación de la titulación, realizada desde la propia universidad, cuyos resultados se plasmarán en un informe que servirá para la segunda fase del proceso que es la que coordina la agencia de acreditación,

  • la revisión externa, coordinada desde la agencia de acreditación y que tiene la particularidad de que la llevan a cabo los propios pares académicos y cuyo informe aporta el análisis externo, independiente, del proceso,

  • el informe final de acreditación, elaborado sobre los dos informes anteriores por parte de la agencia con la propuesta del resultado que podrá ser positivo o negativo con propuesta de plan y calendario de mejoras

Por último, la autoridad legal con competencia para la concesión de la acreditación de la titulación (ya sea el Ministerio de Educación y Ciencia para los grados o las comunidades autonómicas para el postgrado) decidirá sobre la acreditación (la rehomologación) de la titulación, en función del informe del órgano técnico especializado -la agencia- pero con autonomía de criterio.

¿Quién la concede?

¿Quién decide cuáles son los niveles de calidad que permiten conceder la acreditación? Esta es la pregunta clave sobre la que descansa todo el edificio de la acreditación, ya que la piedra angular de cualquier edificio de aseguramiento de la calidad es la confianza que genera en el consumidor/cliente/usuario la entidad, el organismo que «acredita», es decir que concede el marchamo de calidad.

Por lo tanto, y esto es un elemento esencial para la comprensión correcta del proceso, el órgano que acredita, que concede la rehomologación, es el que tiene la competencia legal y en nuestro país es el Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades autónomas. La agencia acreditadota es un órgano técnico de consulta que presta sus evaluadores y su metodología para fundamentar la decisión, que es administrativa, sobre bases exclusivamente técnicas.

En el caso de la educación superior y de los títulos oficiales derivados de la misma, tan importante como el organismo que acredita lo es que el proceso sea dirigido o, mejor, controlado (en el sentido de supervisado) por una institución especializada en esos procesos y con la necesaria independencia de criterio que le permita trabajar sin ser juez y parte. Tal es el caso de las agencia de acreditación, de la que ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ejerce sus competencias y sus funciones en el marco del estado.

Uno de los referentes más importantes del proceso de acreditación lo constituye la utilización de modelos y esquemas que están siendo probados y contrastados en toda Europa y que forman parte del trabajo de las redes internacionales de acreditación y de garantía de calidad. Hoy en día, los Standards and guidelines for Quality Assurance in Higher Education (Criterios y directrices para la garantía de calidad de la educación superior) realizados por la ENQA (siglas en inglés de Asociación de Agencias de Garantía de Calidad de la Educación Superior de Europa) o el Código de buenas prácticas elaborado por el Consorcio Europeo de Acreditación (ECA) constituyen elementos de trabajo de obligado cumplimiento para encontrar puentes de reconocimiento mutuo entre los diversos sistemas universitarios europeos sobre una base técnica.

¿Quién se beneficia?

Esta es quizá la pregunta más fácil de responder: toda la sociedad se beneficia del mantenimiento de un sistema de acreditación de la educación superior. Pero aunque la respuesta sea tan amplia, identifiquemos a los diferentes agentes y clarifiquemos en qué se benefician:

  • Las instituciones universitarias. Son las principales interesadas en mantener los niveles de calidad necesarios para poder competir en condiciones de éxito con el resto de universidades que imparten titulaciones parecidas o complementarias.

  • Los estudiantes. Como elemento esencial del proceso de aprendizaje y protagonistas principales del mismo, la acreditación para los estudiantes supone una garantía del máximo nivel que les asegura sobre todo la validez del título que estudian en el futuro con todo lo que ello supone de respaldo oficial para su inserción laboral y el reconocimiento de sus estudios.

  • La comunidad universitaria (personal académico). El personal adscrito a las universidades, fundamentalmente el personal académico sólo pueden sacar beneficio en términos de prestigio profesional si su trabajo se inscribe dentro de una titulación que recibe el respaldo de la acreditación oficial. Por lo tanto deberían estar en el origen y en el resultado de los procesos de calidad como protagonistas y agentes beneficiados por el éxito de los mismos.

  • Los ciudadanos que contribuyen a su financiación directamente o a través de sus impuestos. Podrán saber si las universidades públicas y privadas en las que quieren que estudien sus hijos, cumplen el umbral de calidad exigido desde los órganos competentes. Pero también la ciudadanía en su conjunto podrá beneficiarse del esfuerzo de transparencia en la gestión y en los resultados que las universidades españolas acometen a través de la acreditación de sus programas a la hora de contribuir a su financiación a través de los impuestos.

  • El sistema universitario en su conjunto. Por último, el sistema universitario recibirá un respaldo extraordinario que le servirá para reconocerse en el camino que ha emprendido la universidad europea en los albores del siglo XXI. Tras esta renovación no se esconde una operación de maquillaje o un aggiornamento en las formas y en la terminología. Tras el esfuerzo que supone la creación del Espacio Europeo de Educación Superior se sitúa la posibilidad de que Europa pueda jugar un papel en el desarrollo académico e investigador en el mundo, desplazando el punto de equilibrio desde Estados Unidos hacia el viejo continente.

En todo este panorama, la acreditación no será sin duda «la piedra filosofal» del proceso, pero sí sabemos que sin la acreditación, y sin la identificación del umbral de calidad que supone, la consecución de tan ambiciosos objetivos no pasará de ser un piadoso deseo.