Entrevista a D. Enrique Giménez-Reyna, Secretario de Estado de Hacienda
   

1.¿Nos podría exponer, a grandes rasgos, cuáles son las medidas desarrolladas desde su Secretaría para fomentar la innovación?

La vigente Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades introdujo una deducción en cuota para fomentar las inversiones empresariales en actividades de investigación y desarrollo, con la finalidad de garantizar el acceso de las empresas españolas a un mercado cada vez más globalizado en condiciones de competitividad.

Esta deducción ha ido sufriendo modificaciones en su redacción a lo largo de estos años con la finalidad de aclarar y ampliar su ámbito objetivo y condiciones de aplicación. Entre todas ellas, ha de destacarse la incorporada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, al introducir la actividad de “innovación tecnológica” como susceptible de acogerse a la deducción. Esta modificación supone un importante incremento de posibilidades de acceso a la deducción, sobre todo para empresas de pequeña y mediana dimensión, tradicionalmente deficitarias en materia de investigación, pero muy necesitadas de mejorar y adaptar sus actuales estructuras productivas.

En definitiva, lo que se persigue con este tipo de medidas es crear una insfraestructura tecnológica en España.


2.¿Qué importancia relativa le concede a las ayudas fiscales para el estímulo de la innovación?

La importancia en términos económicos de cualquier incentivo o beneficio fiscal debe quedar, en todo caso, matizada por uno de los principios básicos orientadores de cualquier sistema tributario, como es el de neutralidad: La configuración del mismo exige que la aplicación del tributo no altere el comportamiento económico de los sujetos pasivos, salvo que dicha alteración tienda a superar ineficiencias del mercado. Esto implica que las consideraciones de índole fiscal no han de condicionar las decisiones empresariales. Las empresas españolas no invierten en investigación, desarrollo e innovación tecnológica porque exista un beneficio fiscal asociado, sino por necesidad de mejorar sus estructuras productivas y sus niveles de competitividad en el mercado. La deducción, por tanto, no se orienta en este sentido, sino que simplemente pretende primar a la empresa innovadora, frente a las unidades productivas excesivamente conservadoras. El legislador, por tanto, manifiesta a través del beneficio fiscal las líneas fundamentales de su política económica y sus objetivos en materia de eficacia en la eficiente asignación de los recursos económicos.

Dicho esto, conviene resaltar que, según los datos de la Memoria de Beneficios Fiscales para el año 2001, elaborada por el Ministerio de Hacienda, se calcula en 41.342 millones de pesetas ( unos 248 millones de euros) el coste que para la Hacienda Pública supondrá la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades. Esta cifra ofrece un dato esclarecedor de la importancia que, desde el Gobierno se concede a estas actividades: en concreto, supone en torno al 45 pro 100 del total de deducciones por inversiones (capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995) previstas por este Departamento para el año 2001. Su importancia relativa, frente a otras medidas incentivadoras no estrictamente fiscales, como pueden ser las subvenciones, créditos blandos, etc., es, pues, significativa. Así, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 recogen, para la ejecución de los programas relativos a “ investigación científica, técnica y aplicada” integrados en los estados de gastos del Presupuesto estatal, una cifra cercana a los 600.000 millones de pesetas.


3.Con respecto a otros países de la Unión europea ¿cuál es la situación del conjunto de incentivos fiscales adoptados en España para impulsar la I+D+I?

Partiendo de la consideración de la política fiscal como una herramienta eficaz al servicio de la política económica, el análisis del derecho comparado en los países de nuestro ámbito de influencia muestra una tendencia al establecimiento de incentivos dirigidos a las inversiones aplicadas a actividades o sectores específicos, frente a los incentivos por inversión de carácter general. Así, dentro de la Unión Europea (también en los Estados Unidos), la mayor parte de sus miembros han establecido beneficios fiscales aplicables a las inversiones en programas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica:Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido disponen de beneficios fiscales de diversa índole para incentivar este tipo de inversiones.

En general, los tipos de deducción son inferiores a los españoles. En términos comparativos, los incentivos fiscales para la innovación tecnológica en nuestro país son de los más avanzados de nuestro entorno.

Con la nueva reforma, en España se han elevado significativamente los tipos de deducción. Así los tipos del 20 por 100 con carácter general y del 40 por 100 para el exceso de gastos sobre la media de los dos años anteriores se elevan al 30 por 100 y 50 por 100 respectivamente. Además se introduce una deducción adicional del 10 por 100 para gastos de personal de investigadores cualificados y para proyectos de I+D contratados con determinados centros reconocidos, los denominados “Centros Tecnológicos” y Universidades. La recuperación del gasto en I+D alcanza niveles significativos, por ejemplo la contratación de un nuevo investigador cualificado que exceda de los gastos de años anteriores dará lugar a la siguiente recuperación fiscal: 35 por 100 (por ser gastos fiscalmente deducibles) +50 por 100 (por exceder de los gastos de los dos años anteriores) +10 pro 100 (de deducción adicional) = 95 por 100 del importe de dicho gasto.

La introducción de la deducción por innovación tecnológica, como concepto residual respecto del proceso de I+D, definida por su resultado y no como actividad propia de I+D, origina un acercamiento a las actividades desarrolladas por las PYMES a la deducción de innovación tecnológica. Así se incluye en la deducción, la actividad previa de diagnóstico tecnológico con independencia de que dé lugar o no finalmente a innovación tecnológica incluyéndose también la realización de planos, prototipos y proyectos piloto no comercializables.

Con todo ello, lo que se busca es apoyar el desarrollo de la innovación tecnológica en España y conseguir una mayor competitividad de la empresa española, incluidas las PYMES.


4.¿Podría darnos un criterios, desde el punto de vista fiscal, del concepto de innovación?

La actual redacción del artículo 33 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, define la innovación tecnológica, a los efectos de la aplicación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo, como “la actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos de producción, o de mejoras sustanciales, tecnológicamente significativas, de los ya existentes”. Por su parte, “ se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad”.

En relación con estas definiciones, el elemento básico exigido por la norma es la “novedad”: se contemplan aquellas actividades orientadas a la obtención de una novedad, ya se traduzca ésta en productos, servicios o procesos productivos de la entidad. No obstante, dada la amplitud del término, la norma ha precisado el grado y la cualidad de la novedad que se requiere para aplicar cada uno de los incentivos previstos. En concreto, y por lo que a la actividad de innovación se refiere, se exige que la novedad sea significativa y que tenga un componente tecnológico.

Esta definición puede cuadrar perfectamente para un Organismo Público de Investigación, lo cual no significa que todos los gastos asumidos en el desarrollo de una actividad de innovación tecnológica puedan acogerse a la deducción prevista, dado que la Ley ha optado, por razones de simplificación y seguridad jurídica, por establecer una enumeración exhaustiva de los distintos conceptos que podrán incorporarse a la base de la deducción.


 

 

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