Ciencia y Derecho son las dos lenguas sobre las que se ha construido la sociedad moderna. El hombre se ha servido de ellas, más que de ninguna otra, para proyectar sobre la naturaleza y la sociedad sus pretensiones de orden y racionalidad.

Ambas responden a saberes que la sociedad ha percibido tradicionalmente como paralelos y distantes, cuando no como contrapuestos. Saberes sobre cuya ignorancia recíproca, e incluso desden, hemos construido un sin fin de tópicos estériles que todavía impregnan la cultura jurídica y científica y que gobiernan el sentir de muchos investigadores científicos y juristas.

Las trasformaciones que está experimentando nuestra sociedad, que vienen a concretarse en lo que se denomina la irrupción de la sociedad el conocimiento, hacen imposible mantener esta aparente separación y real desencuentro. Ciencia y Derecho comparten de manera creciente y dialéctica el futuro de la humanidad. Hacer evidente su total imbricación y trasladar a la sociedad sus consecuencias, es una cuestión de calidad democrática y equidad.

Son muchos los recelos y prejuicios a los que nos enfrentamos en esta tarea. Somos conscientes de que son múltiples las ignorancias y abusos que amparan este distanciamiento. Como lo somos de que no será fácil hacer evidente las conexiones entre ciencia y derecho, construir la reciproca necesidad de aceptar legitimidades dispares y de adecuar sus discursos a la consecución de una decisión compartida.

Sin embargo, hay otra salida, razonable. La capacidad de manipulación de la naturaleza desborda cualquier previsión organizativa y normativa preexistente y previsible. Las leyes que de manera efectiva están moldeando el entorno, han pasado a ser obra de expertos extrajurídicos y su aplicación se ha convertido con frecuencia en un acto de fe soportado en un saber ajeno y distante.

En paralelo los científicos ven no pocas veces con resquemor como su actividad es crecientemente regulada e intervenida.

La entrada de la ciencia en el ordenamiento jurídico no ha hecho más que empezar a hacerse evidente. A temas como el consumo, el medio ambiente, la energía o la intimidad, ya se han incorporado otros como, el libre albedrío o la dignidad de la persona, capaces de socavar las esencias del sistema de valores existente.

Juristas y científicos tienen ante si el reto de construir nuevas organizaciones y de promover nuevas normas y procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos, capaces de poner el conocimiento científico al servicio del bien común, y de construir una legitimidad alternativa a la dominante de la mera innovación.

Los demócratas tienen el deber hacer evidentes las conexiones entre Ciencia y Derecho. Está en juego la justicia. Esta en juego ciencia.

Para atender estas necesidades es necesario promover un cambio cultural y normativo, pero también crear instituciones capaces responder desde la ciencia a las exigentes demandas de una sociedad libre y responsable. Cada día, cada duda, la sociedad mira a la ciencia. Las preguntas se amontonan. Los medios de comunicación inundan la conciencia con las incertidumbres del progreso. Nadie quiere parar nada, pero muchos quieren saber.

Las disputas sobre España y su relación con la ciencia resuenan a frivolidad, en uno de los países mas abiertos y con mayor crecimiento de occidente. La ciencia no necesita legitimarse en los salones, rebosa por las bolsas, los parlamentos, las universidades, los hospitales, las calles o los campos. Es el momento de la responsabilidad.

Los españoles hemos asumido sin ambages la condición de ciudadanos. Compartimos la convicción de que somos responsables solidarios de lo que pasa en nuestro entorno. Creemos en la democracia y la valoramos como la mejor forma de organizar la convivencia.

Pese a ello, crece la sensación de impotencia a la hora de enfrentarnos a los dilemas actuales que percibimos como más transcendentes. En un mundo altamente tecnificado, en el que la innovación es el valor dominante, la complejidad de los problemas ampara la opacidad de las decisiones y excluye, desde su planteamiento, la posibilidad de intervenir a la mayor parte de los ciudadanos.

La sociedad mira a las instituciones, busca en la ciencia la autoridad moral con la que enfrentarse a las alternativas presentes que condicionarán el futuro. Los ciudadanos quieren saber, no sólo para estar informados, sino para decidir. Poner el conocimiento científico a disposición de la sociedad es el empeño democrático más importante al que se enfrenta nuestro sistema de valores en las próximas décadas.

Sin embargo, cuando la sociedad española mira a la ciencia, no encuentra donde fijar su atención. El estruendo nos devuelve al vacío. No escuchamos el del ruido estocástico que se produce en la disputa de los científicos, sino su eco manipulado y amplificado por intereses ocultos y no pocas veces espurios.

La falta de autoridad, y su consecuencia más inmediata, el secuestro de la ciencia, conduce a que el ciudadano se asimile al consumidor, la política al mercado y la ciencia a una commodity de la innovación empresarial. El rigor es un privilegio de los que pueden pagarlo o crearlo. Pasados doscientos años resurgen atisbos de una “democracia censitaria”, que otorga la legitimidad popular y su representación a los dueños y gestores del conocimiento científico.

La importancia de ciencia es demasiado evidente para que su apropiación por corporaciones o colectivos se pueda realizar desde la indiferencia generalizada. Son muchos en nuestro país los que miran a la ciencia con ilusión y esperanza, renunciando a adormecer su conciencia, los que luchan por ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades desde la cultura y los valores que les son propios.

Porque, si bien es cierto que las situaciones a los que nos enfrenta la emergencia del conocimiento científico son globales, no lo es menos que las respuestas a ellas se configuran desde el sentir y desde el interés local. Renunciar a defender una posición propia, una visión nacional en ciencia, es condenarnos a la subsidiariedad y aceptar una limitación injustificada de la soberanía nacional. Nuestro país necesita instituciones independientes, cualificadas y abiertas, con las que construir respuestas que permitan su gobernabilidad en el marco de la sociedad del conocimiento. Instituciones que no dependan de los avatares o de las necesidades partidistas de los gobiernos, y que reúnan legitimidad y talento en cuantía suficiente como para servir de orientación a los ciudadanos. Entidades con una organización capaz de integrar en sus deliberaciones el sentir de los discrepantes. Un faro, o mejor una red de faros, que cartografíen los nuevos territorios conquistados desde el saber científico.

Todos los países con los que competimos, y con los que colaboramos, disponen de instituciones prestigiosas que cumplen esta función. Como comunidad política no puede bastarnos con que Internet y la extensión del inglés como lengua franca nos acerquen cada día más fácilmente a lo que otros piensan y deciden, o que declinemos en la Unión Europea la resolución a los temas complejos. Lo que está en juego es el lugar de España en el mundo y, el lugar de la ciencia en España. No se trata de justificar estructuras burocráticas, sino de construir instituciones capaces de atender a las demandas sociales de conocimiento y autoridad.

La ciencia es el gran proyecto civilizatorio de la humanidad. El resultado de toda una sociedad, nunca de un estamento aislado. Por eso es la comunidad quien mira a la ciencia cuando quiere saber como responder a los dilemas que comprometen su bienestar. Convertir la atmósfera en el deposito de las emisiones descontroladas de CO2, o nuestras ciudades en áreas vigiladas sin privacidad, alterar de manera precisa y acelerada la genética de los seres vivos, agotar las reservas naturales para las generaciones futuras, alterar el concepto de dignidad humana, o facilitar la apropiación de bienes comunes y la creación de escasez, son algunas de las situaciones a las que nos enfrenta el triunfo del progreso y a las que debemos responder reflexionando desde los valores democráticos que nos han conducido a las cuotas de bienestar más altos que jamás haya tenido la humanidad.

En este recorrido hemos perdido la inocencia, pero conservamos la ilusión. Debemos decidir de entre lo que podemos y lo queremos que se haga, y para ello necesitamos que la sociedad mire a la ciencia, pero también que la ciencia mire a la sociedad y vea su reflejo.