La Dirección General de Investigación de la Comunidad de
Madrid organizó, el pasado mes de julio, con el título genérico "15
años de la Ley de la Ciencia: un cambio posible", uno de los Cursos de
Verano que la Universidad Complutense celebró en El Escorial. Durante la
celebración del evento, que se desarrolló desde el día dos al seis de julio,
se realizó un profundo análisis de la situación de la I+D+I en España desde
la entrada en vigor de dicha ley. El curso contó con la presencia de las
principales figuras del panorama científico y tecnológico de nuestro país.
El director general de Investigación de la Comunidad de
Madrid, Francisco J. Rubia Vila, inauguró el curso con una explícita
declaración de intenciones: pidió a los participantes que, basándose en sus
conocimientos y experiencias, reflexionaran sobre la auténtica situación de la
investigación científica y tecnológica, con sus luces y sombras, y aportarán
sus propias propuestas.
Durante el primer de día de curso, Alfredo Pérez Rubalcaba,
portavoz del Grupo Socialista de Ciencia y Tecnología pidió la creación de
una Comisión de Expertos que determinen el gasto real de la Administración
Central en I+D. Rubalcaba, que piensa que la ley ha tenido un balance "razonablemente
positivo", destacó el fracaso en la vinculación entre el sistema
de investigación y el tejido productivo e industrial. Y advirtió sobre el
peligro de brecha tecnológica entre las Comunidades Autónomas.
El martes, segundo día de curso, Manuel Hermenegildo,
director general de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hizo
un repaso de la situación de la carrera de investigador en nuestro país.
Hermenegildo defendió el Programa Ramón y Cajal ante las voces disidentes que
surgieron entre los participantes.
La principal conclusión del miércoles, día 4 de julio,
fue, en boca de Saturnino de la Plaza, rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, que las universidades son los principales ejecutores de I+D en el sector
público.
Bajo el epígrafe "Innovación en la empresa
española", el curso contó con la presencia de Jaime Lissavetzky, diputado
del PSOE y vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El diputado
propuso la creación de una Ley de Innovación para establecer un marco
jurídico legal que dé seguridad a las empresas y que, a su vez, simplifique
las trabas administrativas actuales. Además, Lissavetzky pidió la creación de
una Comisión Ética y Tecnológica que permita a España estar presente en
todos los debates que generen los avances científicos.
A continuación, el consejero de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat de Cataluña,
Andreu Mas-Colell, puso sobre la mesa la necesidad de establecer el contrato
indefinido como modelo contractual para los investigadores como solución a la
precariedad de su situación laboral actual.
Como broche final del curso "15 años de la Ley de la
Ciencia: un cambio posible", el viernes acudió a El Escorial el secretario
de Estado de Política Científica y Tecnológica, Ramón Marimón. El
secretario de Estado presentó una panorámica general de las actuaciones
presentes y futuras del ministerio en materia de I+D+I.
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