La reforma de la Ley de la Ciencia impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología mejora el contrato para la incorporación de investigadores al Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

La nueva regulación garantiza la retribución digna de los investigadores, que nunca podrá ser inferior a la del personal investigador que realice idénticas o similares actividades.

Los contratos se podrán aplicar en la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de I+D+I.



La nueva Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incentivo del Empleo y la mejora de su Calidad, publicada en el BOE de 10 de julio de 2001 (Ley 12/2001), incluye una Disposición adicional por la que se regulan los contratos en régimen de derecho laboral, que pueden celebrar los organismos públicos de investigación. El principal aspecto de la reforma es la creación de un nuevo contrato para la incorporación de investigadores al Sistema Español de Ciencia y Tecnología. La nueva modalidad contractual es plenamente compatible con el tipo de contratos que se ofrece a los investigadores en el Plan Ramón y Cajal que ha puesto en marcha el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la incorporación de dos mil nuevos investigadores al mencionado Sistema Español de Ciencia y Tecnología en el trienio 2001-2003.

La nueva modalidad de contrato presenta cinco novedades que mejoran la situación laboral de los investigadores.



Laboratorio, Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Integración de Doctores al Sistema de Ciencia y Tecnología

La reforma establece que los nuevos contratos sólo podrán concertarse con aquellas personas que estén en posesión del título de Doctor. Esta exigencia es una consecuencia obligada de la naturaleza misma de la investigación, y responde a criterios ya arraigados y contrastados, tal y como sucede en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

 

Inicio de una carrera investigadora

El trabajo de los investigadores contratados consistirá en la realización de actividades, programas o proyectos de investigación que permitan ampliar, perfeccionar o completar su experiencia científica. De esta forma, se supera el tradicional contrato para la realización de obras o servicios, que exigía la ejecución de un proyecto definido.

Además, la modalidad permitirá que los investigadores queden integrados plenamente al Régimen General de la Seguridad Social, aspecto que no quedaba reflejado antes.

La duración del nuevo contrato (5 años) posibilitará ampliar, perfeccionar y completar la experiencia científica de los investigadores.

 

Garantiza la calidad de los trabajos desarrollados de investigación

La Ley establece que la actividad desarrollada por los investigadores será evaluada, por lo menos, cada dos años y podrá anularse el contrato si no se supera favorablemente la evaluación. El control garantizará la idoneidad de los investigadores y la calidad de los trabajos desarrollados.

 

Establece retribuciones dignas y adecuadas para los nuevos investigadores

La retribución de los investigadores contratados no podrá ser inferior a la del personal investigador que realice idénticas o similares actividades. Esta solución fomenta la inserción de investigadores ya formados, e incluso acreditados en el mundo científico, al Sistema Español de Ciencia y Tecnología.



Laboratorio, Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Hace extensiva la nueva modalidad a todos los agentes institucionales del Plan Nacional de I+D

Los nuevos contratos no sólo se aplicarán a los organismos públicos de investigación. Todos los agentes institucionales ejecutores de los programas del Plan Nacional de I+D+I, entre los que se incluyen la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Instituciones Públicas o privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de I+D+I podrán realizar estos contratos.

 

Registro de avales firmados por centros Oferta de centros.
(Sin incluir CSIC y UNED)
CC.AA. Total por CC.AA. Distribución relativa Total por CC.AA. Distribución relativa
Andalucía 302 8,4% 161 8,0%
Aragón 96 2,7% 35 1,7%
Asturias 82 2,3% 20 1,0%
Canarias 51 1,4% 34 1,7%
Cantabria 34 0,9% 16 0,8%
Castilla-La-Mancha 25 0,7% 35 1,7%
Castilla-León 165 4,6% 153 7,6%
Cataluña 861 23,8% 502 24,8%
Extremadura 8 0,2% 5 0,2%
Galicia 142 3,9% 90 4,5%
Islas Baleares 70 1,9% 17 0,8%
La Rioja 6 0,2% 3 0,1%
Madrid 1096 30,3% 501 24,8%
Murcia 90 2,5% 64 3,2%
Navarra 54 1,5% 32 1,6%
País Vasco 76 2,1% 60 3,0%
Valencia 458 12,7% 293 14,5%
Totales 3616 100,0% 2021 100,0%

 

Registro de avales firmados por centros Oferta de centros
  Área temática Total por área Distribución relativa Total por área Distribución relativa
1 Física y Ciencias del Espacio 501 13,9% 176 7,6%
2 Ciencias de la Tierra 186 5,1% 109 4,7%
3 Ciencia y Tecnología de Materiales 181 5,0% 103 4,4%
4 Química 336 9,3% 182 7,8%
5 Tecnología Química 87 2,4% 76 3,3%
6 Biología Vegetal y Animal. Ecología 254 7,0% 133 5,7%
7 Agricultura 168 4,6% 122 5,2%
8 Ganadería y Pesca 86 2,4% 83 3,6%
9 Ciencia y Tecnología de Alimentos 108 3,0% 90% 3,9%
10 Biología Molecular, Celular y Genética 666 18,4% 419 18,0%
11 Fisiología y Farmacología 177 4,9% 125 5,4%
12 Medicina 157 4,3% 146 6,3%
13 Ingeniería, Mecánica, Naval y Aeronáutica 21 0,6% 33 1,4%
14 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 30 0,8% 44 1,9%
15 Ingeniería Civil y Arquitectura 25 0,7% 31 1,3%
16 Matemáticas 136 3,8% 47 2,0%
17 Ciencias de la Computación y Tecnología Informática 38 1,1% 64 2,7%
18 Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 49 1,4% 62 2,7%
19 Economía 45 1,2% 59 2,5%
20 Derecho 17 0,5% 20 0,9%
21 Ciencias Sociales 51 1,4% 52 2,2%
22 Psicología y Ciencias de la Educación 31 0,9% 32 1,4%
23 Filología y Filosofía 130 3,6% 50 2,1%
24 Historia y Arte 134 3,7% 73 3,1%
  Totales 3614 100,0% 2331 100,0%

 

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La nueva regulación garantiza la retribución digna de los investigadores, que nunca podrá ser inferior a la del personal investigador que realice idénticas o similares actividades.
 
Los contratos se podrán aplicar en la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, las Universidades y las Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de I+D+I.