Recientes estudios sobre los sistemas nacionales de ciencia y tecnología coinciden en destacar el relevante papel jugado por los incentivos fiscales con respecto al fomento de la innovación desde la Administración pública.

Los incentivos fiscales presentan tres grandes ventajas en este sentido:

• Suponen una forma indirecta de impulso de la innovación, cuyo alcance es general y, en principio, carente de sesgos perniciosos en la aplicación de la medida política en cuestión.

• Implican para la Administración un menor coste de gestión en términos relativos con respecto a medidas de impacto equivalente.

• La propia empresa interesada puede evaluar de manera continua el interés que para ella representan tales incentivos, con la diferente modulación que establecen las versiones sucesivas de la normativa.

En términos generales, la premisa básica que debe cumplir un sistema coherente de ayudas e incentivos fiscales a la innovación es su carácter favorable a la creación y desarrollo de nuevas empresas. No olvidemos la enorme importancia que representan los proyectos de spin-off en la aplicación práctica de nuevos conocimientos desarrollados en la empresa originaria. Estos planteamientos organizativos, cada vez más en boga, permiten llevar a cabo la idea novedosa sin las cortapisas que representa una estructura anquilosada. Además, proporcionan una limitación del riesgo económico para la empresa que inicialmente desarrolla la innovación, lo que facilita su despegue. Puede observarse cómo las medidas de política económica favorecedoras de la empresa lo son también de la innovación, y viceversa.

Junto a este principio impulsor de las nuevas empresas, la normativa fiscal orientada hacia el fomento de la innovación debe configurar, junto las legislaciones mercantil y laboral, un marco institucional coherente y estable. Esto no significa que deba ser inmutable, sino que debe evolucionar de manera armónica a medida que se transforma el entorno (globalización de los mercados, avances científicos radicales, transformaciones sociodemográficas y culturales), teniendo en cuenta los cambios que se producen en el marco europeo orientados hacia la armonización de diferentes políticas económicas, entre las que se encuentra en lugar destacado la fiscal.

En este sentido, merecen ser destacados los esfuerzos que viene realizando la Comisión Europea para difundir entre todos los Estados miembros aquellas mejores prácticas que pudieran contribuir eficazmente a un mejor resultado colectivo en este terreno.

Así, ya el Consejo Europeo de Lisboa trazó las pautas que debiera seguir toda normativa (incluida la fiscal) que pretenda propiciar la innovación:

• Moderación: el cambio social y económico, junto con el crecimiento de la responsabilidad social que asumen las empresas europeas, hacen aconsejable buscar el consenso con los diferentes agentes concernidos.

• Ambición: la responsabilidad del legislador nacional no debe coartarle a la hora de buscar una respuesta socialmente aceptable a los nuevos problemas.

• Eficacia: la legislación debe alcanzar los objetivos establecidos, debiéndose evaluar el impacto global neto de los diferentes instrumentos normativos aplicados al fomento de la innovación.

La propia Comisión Europea reconoce la enorme importancia que los incentivos fiscales tienen para la innovación, pidiendo a los Estados miembros que realicen un esfuerzo suplementario en aras de la simplificación y armonización de todas las ayudas estatales que se conceden al amparo de los artículos 87 y 88 del Tratado de la Unión.

Las colaboraciones recogidas en este número de Madri+d iluminan diversos aspectos de tan compleja situación. Cuestiones tales como la misma definición de lo que fiscalmente se admite como "Investigación y Desarrollo", los diferentes criterios de valoración (por ejemplo, con respecto a la amortización de los activos inmovilizados materiales e inmateriales) admisibles para acceder a la medida de fomento, la contabilización de los diversos procesos que conlleva cada etapa del proceso de innovación (tal vez un tanto restrictiva), son analizados por varios expertos que nos ofrecen una visión actual y constructiva.

Por último, queda abierta (pendiente de un ingente esfuerzo investigador que está siendo realizado dentro y fuera de España) la cuestión de la adecuada contabilización (con el consiguiente efecto fiscal) de los diferentes activos intangibles vinculados con el capital intelectual de la empresa, imprescindible para llevar a cabo con éxito una labor continua de innovación.

En suma, podemos decir que el cuadro que presenta la fiscalidad vigente aplicable a las actividades de I+D ha sido calificado por varios expertos como favorable, si bien en este, como en otros terrenos de la política económica, siempre es factible una labor de mejora considerando, por ejemplo, modelos y planteamientos eficientes aplicados en otros países.

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