En el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado durante los días 23 y 24 de marzo de 2000, se fijo como objetivo estratégico el de "hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". Para conseguir tal logro, se concluyó en la necesidad de mejorar las políticas relativas a la sociedad de la información y a la I+D, de reforzar el proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y de la innovación y de llevar a cabo la culminación del mercado interno.

En este sentido, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha respondido a estos nuevos retos y le corresponde impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la sociedad de la información como herramientas esenciales para modernizar nuestro país y situarlo a nivel de las naciones más avanzadas.

Entre los principales propósitos a alcanzar, se pretende que los gastos en I+D representen, en 2003, el 2 % del Producto Interior Bruto, lo que supone una tasa de crecimiento del 100 % respecto a la situación actual. No olvidemos, que la evolución de este indicador constituye una asignatura pendiente para la inversión privada y pública de nuestro país. Cuando el grupo de países punteros de la Unión Europea viene dedicando, desde hace muchos años, algo más del 2,5 % de su PIB a la I+D y la media europea se sitúa en torno al 2 %, el escaso 1 % que consagra la economía española a ese mismo concepto resulta, a todas luces, insuficiente y avala el objetivo del 2 % fijado por los poderes públicos de nuestro país.

El principal instrumento para la consecución de este fin es el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, que intentará mejorar la coordinación de las tareas científico-tecnológicas de los sectores público y privado apuntalando la integración del sistema ciencia-tecnología-empresa. Esta iniciativa permitirá, entre otros resultados, incrementar la calidad de la investigación y el valor de sus aplicaciones.

En esta línea, se está procediendo a la consolidación y fomento de la política de incentivos fiscales la cual constituye una de las medidas claves para promover la mayor inversión del sector privado. Ejemplo de ello, son las recientes deducciones fiscales que se han aprobado en la materia.

Entre ellas, destacan, en materia de I+D+I, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que incluye a las actividades y proyectos de innovación tecnológica entre las bonificaciones que la legislación preveía anteriormente de manera exclusiva para las actividades de I+D.

Igualmente, la Ley 6/2000, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo de ahorro familiar a la pequeña y mediana empresa, ha introducido novedades en las deducciones del Impuesto de Sociedades con la finalidad de facilitar el acceso y manejo de información de transacciones comerciales a través de Internet y mejorar los procesos internos de las compañías mediante el uso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

Asimismo, la Disposición Adicional de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 sobre actividades y programas prioritarios de mecenazgo y otros incentivos de interés general, recoge con relación al artículo 67 de la Ley 30/2000, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general, una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con el propósito de facilitar el conocimiento de esta normativa por parte de los contribuyentes y la incorporación de lo dispuesto en ella en sus procesos de toma de decisiones, se ha elaborado esta Guía de Incentivos Fiscales para la Ciencia y la Tecnología, en la que se analizan de una manera pormenorizada, y desde un punto de vista teórico y práctico, los aspectos básicos de los incentivos fiscales.

La mencionada Guía se estructura en seis capítulos. Tras un primer capítulo de introducción, los capítulos II y III presentan, respectivamente, las deducciones por actividades de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica y las existentes para el fomento de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. En cuanto al capítulo IV, éste incluye precisiones sobre los incentivos fiscales contenidos en la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, sobre actividades y programas prioritarios de mecenazgo y otros incentivos de interés general. Por último, los capítulos V y VI incorporan la relación de normas que regulan las deducciones y las direcciones que pueden ser de utilidad para obtener mayor información sobre dicha temática.

La publicación de la Guía de Incentivos Fiscales para la Ciencia y la Tecnología pone de manifiesto la toma de conciencia existente en los poderes públicos españoles y su desarrollo debe favorecer el impulso de acciones conjuntas entre los sectores privados y públicos. Los beneficios obtenidos repercutirán en el nivel de competitividad de nuestra economía con la consiguiente mejora en nuestra sociedad.