La innovación tecnológica, junto con la investigación científica y el desarrollo de la sociedad de información, constituyen los pilares sobre los que se asienta el desarrollo de las sociedades en el siglo XXI. Afirmación que quedó ratificada en el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en marzo de 2000, al establecer el impulso a las políticas anteriores como un objetivo estratégico de la Unión Europea, de forma que la mayor competitividad de las empresas permita un crecimiento económico sostenido y una mayor cohesión social.

En el impulso de estas políticas el sector público juega un doble papel: por la vertiente del gasto público subvencionando proyectos y por la vertiente de los ingresos concediendo incentivos fiscales a las empresas. En estas páginas nos centraremos en este último aspecto, analizando cuáles son y cómo se articulan los incentivos fiscales orientados a fomentar la innovación tecnológica introducidos por la Ley 55/1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

El artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 43/1995, LIS en adelante) establece que los sujetos pasivos podrán deducir de su cuota líquida un porcentaje de las inversiones realizadas en intangibles (inmateriales) y en activos fijos (amortizaciones) relacionadas con actividades de innovación tecnológica.

A estos efectos se considera innovación tecnológica "la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras substanciales de los ya existentes" (redacción dada al art. 33.3 por el Proyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que acompaña a los PGE 2002). Son nuevos productos o procesos aquellos cuyas características o aplicaciones difieren, desde el punto de vista tecnológico, sustancialmente de los ya existentes. Esto es, el producto o proceso no se inventa (caso de actividad I+D) sino que ya existe, pero se introducen características y aplicaciones nuevas.

La LIS realiza una enumeración positiva y negativa de las actividades consideradas como innovación tecnológica. Así, amplía el ámbito de la deducción a las siguientes actividades:

1. Materialización de nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño.

2. Creación de un primer prototipo no comercializable.

3. Proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que no pueden convertirse o utilizarse en para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.

4. Diagnóstico tecnológico tendente a la identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas realizadas por Universidades, Organismos públicos de investigación y Centros de Innovación Tecnológica -reconocidos y registrados como tales según el RD 2609/1996-, cualquiera que fuese el resultado de estas actividades.

Por el contrario, considera excluidas del concepto de innovación tecnológica a aquellas actividades que:

1. No implican una novedad científica o tecnológica sustantiva: esfuerzos rutinarios de mejora de la calidad; adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos específicos impuestos por un cliente; cambios periódicos o de temporada; y modificaciones estéticas o menores de productos existentes con fines diferenciadores.

2. Se corresponden con producción industrial y provisión de servicios o distribución de bienes y servicios: planificación de la actividad productiva; preparación e inicio de la producción; reglaje de herramientas y actividades distintas del diseño industrial; incorporación o modificación de instalaciones, máquinas, equipos y sistemas; solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; control de calidad y normalización de productos y procesos; estudios de mercado y establecimiento de canales de comercialización; y la formación del personal.

3. Consisten en la explotación, sondeo o prospección de minerales e hidrocarburos.

Para que los gastos de innovación tecnológica den derecho a deducción tienen que cumplir los cinco requisitos siguientes:

1. Afectación: que estén relacionados directamente con la actividad o proyecto emprendido (costes de personal de investigadores, técnicos y personal asimilado, y el personal de apoyo; costes de materias primas, materias consumibles y servicios; y amortización del inmovilizado).

2. Efectividad: que se apliquen de forma efectiva en la realización de actividades objeto de deducción.

3. Temporalidad: que tengan la consideración de gastos contables efectuados en el periodo impositivo.

4. Individualización: que consten de forma separada para cada proyecto emprendido.

5. Territorialidad: que la actividad de innovación tecnológica principal se efectúe en España. Los gastos de la actividad realizados en el extranjero solo dan derecho a deducción hasta el límite el 25% del importe total invertido; el computo de este porcentaje debe realizarse globalmente para todo el proyecto -gastos realizados en el extranjero a lo largo del proyecto con respecto a la cuantía total del proyecto-, sin considerar como se distribuyen temporalmente a lo largo del mismo.

Ahora bien, no todos los gastos realizados en innovación tecnológica dan derecho a deducción, sino únicamente los correspondientes a los siguientes conceptos:

1. Proyectos cuya realización se encargue a Universidades, Organismos públicos de investigación y Centros de Innovación y Tecnológica (RD 2609/1996).

2. Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que deberán incluir las especificaciones técnicas y características específicas de los elementos descriptivos necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización del producto.

3. Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "Know-how" y diseños, siempre que no se adquiera a una persona o entidad vinculada y con el límite máximo 50 millones de pesetas anuales (500.000 euros). El exceso de inversión no incluida en la base de deducción se pierde, esto es, no puede imputarse a períodos impositivos posteriores.

4. Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares. Dado que este tipo de certificaciones exige acudir a empresas especializadas, la base de la deducción la constituye el coste de estos servicios, no así los gastos de implantación o adecuación a las normas

A fin de evitar la duplicidad de beneficios fiscales, no se computa en la base de la deducción el 65% de las subvenciones percibidas; si la subvención es de naturaleza corriente se imputa al período en el que se produce el devengo, mientras que si la subvención es de capital se computa a medida que se amortizan los activos adquiridos con la misma.

En el caso de gastos subcontratados, el sujeto que realiza el encargo es el que tiene el derecho a practicar la deducción, puesto que la empresa que lleva a cabo la actividad no esta asumiendo ningún coste sino que está prestando un servicio (lo que es coherente con la interpretación del artículo 37.2 LIS). El tratamiento fiscal de las actividades subcontratadas es distinto atendiendo a dos variables: la residencia fiscal de las entidades y el lugar de realización de la actividad:

• Si ambas entidades son residentes en territorio español y la actividad se realiza en territorio español, la deducción la practica la entidad que encarga el proyecto.

• Si ambas entidades son residentes en territorio español y la actividad que se realiza en el extranjero no supera el 25%, la deducción la practica la entidad que encarga el proyecto.

• Si la entidad que encarga el proyecto reside en territorio español y la entidad que ejecuta el proyecto reside en el extranjero, no se puede practicar deducción alguna ya que la actividad no se realiza en territorio español.

• Si la entidad que encarga el proyecto reside en el extranjero y la entidad que ejecuta el proyecto reside en territorio español, la deducción la practica la sociedad que ejecuta el encargo puesto que la sociedad que incurre en el gasto de la actividad no puede practicarla al ser extranjera.

El porcentaje de deducción es diferente según el tipo de actividad de innovación tecnológica que se realice:

• 10% con carácter general

• 15% de los gastos por proyectos cuya realización se encargue a Universidades, Organismos públicos de investigación y Centros de Innovación y Tecnológica, reconocidos y registrados como tales según el RD 2609/1996.

El artículo 37 LIS establece el límite para el conjunto de las deducciones destinadas a incentivar la realización de determinadas actividades en el 35% de la cuota íntegra minorada en las deducciones por doble imposición interna e internacional. La deducción se eleva al 45% cuando las deducciones generadas en el período por actividades de investigación científica e innovación tecnológica y para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación exceda del 10% de la cuota líquida resultante.

El limite anterior opera conjuntamente para las siguientes deducciones:

• Deducción por actividades de investigación científica e innovación tecnológica (art. 33 LIS)

• Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación (art. 33 Bis)

• Deducción por actividades de exportación (art. 34)

• Deducción por inversiones en bienes de interés cultural, producciones cinematográficas y edición de libros (art. 35)

• Deducción por gastos de formación profesional (art. 36)

• Deducción por creación de empleo para trabajadores minusválidos (art. 36 Bis)

El exceso de deducción no practicada por insuficiencia de cuota se puede deducir en los ejercicios impositivos que concluyan en los diez años siguientes, respetando los límites anteriores.

Por otra parte, hay que tener en cuenta otras dos restricciones que operan a la hora de practicar la deducción:

• Un mismo gasto solo puede dar lugar a una deducción. Así, por ejemplo, el coste de un investigador minusválido se imputa o bien como deducción por innovación tecnológica, o bien como creación de empleo, pero no por ambos conceptos.

• Los activos fijos afectos a proyectos de innovación tecnológica deben permanecer en funcionamiento durante cinco años (tres en el caso de bienes muebles) contados a partir de su adquisición, o bien durante la vida útil si esta fuese inferior.

El sujeto pasivo puede plantear consultas a la Administración Tributaria, cuya contestación será vinculante, sobre la interpretación y aplicación de la deducción por actividades de innovación tecnológica en los términos establecidos en el artículo 107 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963).

A tal fin se dirige un escrito a la Dirección General de Tributos en el que constará:

• Denominación social, NIF y domicilio de la entidad consultante, así como el nombre, NIF y domicilio fiscal de su representación (debidamente acreditada), lugar, fecha y firma.

• Los antecedentes y circunstancias del caso.

• El objeto de la consulta indicando las disposiciones al amparo de los cuales se considera vinculante.

• La DGT podrá solicitar la presentación de documentación adicional.

• El plazo de contestación máximo son seis meses, no operando el silencio positivo.

• La consulta deberá presentarse antes de finalizar el plazo voluntario de presentación de la declaración del IS en que vaya a surtir efecto, de lo contrario la contestación no sería vinculante para la Administración.

Asimismo, desde el 1-1-2000, el sujeto pasivo puede solicitar acuerdos previos de valoración de los gastos correspondientes a proyectos de innovación tecnológica que den derecho a deducción (art. 9 Ley 1/1998).

La solicitud se presentará por escrito antes de realizar el gasto y en ella constarán, al menos, los siguientes datos:

• identificación de la persona o entidad solicitante

• identificación y descripción del proyecto (actividades, periodo de realización y gastos de ejecución)

• propuesta de valoración de los gastos (regla de valoración aplicada y circunstancias económicas en que se fundamenta la misma)

Tanto la Administración Tributaria como el sujeto pasivo pueden aportar informes periciales o proponer la práctica de pruebas relacionadas con el contenido de la propuesta de valoración. Y, una vez instruido el expediente, la Administración comunicará al contribuyente la propuesta de resolución para que pueda formular alegaciones en el plazo de 15 días.

La resolución motivada se formulará en un plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud o desde que se sustancia la misma a requerimiento de la Administración. En ella se aprobará la propuesta formulada por el contribuyente al inicio o en el transcurso del procedimiento, o se desestimará, indicando los gastos y actividades específicas a los que se refiere, el método de valoración aplicable y el plazo de vigencia de la valoración, que no podrá exceder de tres años. La ausencia de contestación en el plazo señalado implica la aceptación de la propuesta del sujeto pasivo, esto es, opera el silencio administrativo positivo.

Al igual que ocurre con las consultas vinculantes, la resolución no podrá ser recurrida, sin perjuicio de que si lo sean los actos de liquidación dictados en aplicación de los criterios de valoración establecidos en la misma.