La Ley de la Ciencia veinte años después: ¿dónde estaban las mujeres?

En la exposición de motivos que habían llevado a la formulación de la denominada Ley de la Ciencia de 1986 se hacía hincapié en la “necesidad de corregir los tradicionales males de nuestra producción científica y técnica” (insuficientes recursos económicos y humanos, desordenada coordinación y gestión de programas, etc.) así como la voluntad de terminar con el “clima de atonía y falta de estímulos sociales” de la investigación en España. De ese modo se intentaba garantizar “una política científica integral, coherente y rigurosa en sus distintos niveles de planificación, programación, ejecución y seguimiento” para conseguir aumentar los recursos necesarios para la investigación de modo que fueran rentables económica, social y culturalmente.

     
Eulalia Pérez Sedeño
Directora de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología



Paloma Alcalá
CEPA

 

En la exposición de motivos que habían llevado a la formulación de la denominada Ley de la Ciencia de 1986 se hacía hincapié en la “necesidad de corregir los tradicionales males de nuestra producción científica y técnica” (insuficientes recursos económicos y humanos, desordenada coordinación y gestión de programas, etc.) así como la voluntad de terminar con el “clima de atonía y falta de estímulos sociales” de la investigación en España. De ese modo se intentaba garantizar “una política científica integral, coherente y rigurosa en sus distintos niveles de planificación, programación, ejecución y seguimiento” para conseguir aumentar los recursos necesarios para la investigación de modo que fueran rentables económica, social y culturalmente.

La Ley de la ciencia supuso una buena identificación, en esos momentos, de problemas e indicadores. Los legisladores eran conscientes de que la promoción de la investigación científico-tecnológica en los años subsiguientes a la promulgación de la Ley exigía un aumento en el número de nuevos investigadores, así como el aprovechamiento de la experiencia de los ya existentes. Ahora bien, siendo como era una ley volcada en las personan componentes de la comunidad científica, en los individuos, no en las instituciones, ¿se estaba teniendo en cuenta a las mujeres, no sólo como componentes actuales, sino potenciales, de la comunidad científica?

Los datos de 1986 mostraban de manera clara la pérdida que se producía a partir del doctorado. Si de los estudiantes universitarios que se licenciaban, algo más de la mitad eran mujeres, en el doctorado y en la lectura de tesis de cada diez apenas cuatro lo eran; en el profesorado, las mujeres quedaban reducidas a la cuarta parte: de cada diez profesores 2,5 eran mujeres y, como colofón, en el estamento de mas prestigio y poder, que es el de cátedras de universidad, la proporción era de sólo una mujer por cada nueve hombres (en realidad, 0,7 mujeres). La pérdida de mujeres a lo largo de la carrera académica e investigadora se manifiesta perfectamente en la siguiente gráfica ‘tijera’:

Gráfico 1.

Fuente: Eulalia Pérez Sedeño (2003)[1]. y elaboración propia

A primeros de los años noventa comienzan a surgir los primeros estudios cuantitativos sobre la situación de las mujeres en la academia española[2] . Dichos estudios ponen de manifiesto la tradicional discriminación jerárquica y territorial. Es decir, las mujeres se quedan en los niveles más bajos del escalafón y en las áreas que tradicionalmente se han considerado ‘adecuadas’ para las mujeres (humanidades y áreas biomédicas éstas últimas relacionadas con la esfera del cuidado, tradicionalmente ‘femeninas’, ahora con estatuto universitario).

La voz de alarma surge, sobre todo, por la enorme pérdida de mujeres a lo largo de la carrera docente e investigadora, que ya se había detectado en los años ochenta, pero que apenas había suscitado comentarios, excepto entre unas cuantas estudiosas de esta cuestión. Seguramente eso se debía a que nuestro país ha carecido de sensibilidad hacia los problemas de las mujeres, ha habido una enorme ceguera acerca de las consecuencias en todos los terrenos y niveles del desaprovechamiento de recursos humanos y porque ingenuamente se había pensado que el tiempo corregiría esa anomalía. Pero, las series disponibles y los datos más recientes[3] muestran que no sólo no es así, sino que las pérdidas son aún mayores.

Gráfico 2

Fuente: E. Pérez Sedeño (2003)

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, en veinte años, la situación ha variado muy poco. Obsérvese cómo, a pesar de que las doctorandas han aumentado un 13,2 % y las doctoradas un 11,4 %, las profesoras sólo han crecido un 8,2 % y las catedráticas de universidad un 5,8 %. La superposición de las tijeras de 1986 y 2005 es sumamente elocuente:

Gráfico 3

(1) Se han repetido las tesis aprobadas en 2002/2003 al no haber sido facilitada esta información por la universidad para el curso 2004/2005
Fuente: Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2004-2005, INE y elaboración propia.

El problema que se plantea se pone plenamente de manifiesto cuando analizamos cómo han ‘progresado’ las carreras de las mujeres en la academia, al examinar la evolución de las distintas categorías de profesorado en estos años. Si analizamos dicha evolución sobre el total de profesoras universitarias, por un lado, encontramos que ha disminuido el número de mujeres en las categorías de ayudantes y asociadas, esto es profesorado no permanente, de 1986 a 2005, pues han pasado de ser el 46,13 % al 35,90 %. Es decir, las mujeres han alcanzado cierta estabilidad en las universidades. Sin embargo, las funcionarias se estancan en la categoría de titulares de universidad (sólo han aumentado un 0,93 % y las catedráticas han disminuido un 0,27 %: el techo de cristal no sólo existe, sino que parece que va bajando y puede llegar a aplastar a las mujeres[4]:

Gráfico 4

Fuente: Estadística de la Enseñanza Universitaria en España, INE, y elaboración propia

En cambio, los hombres tienen mayor capacidad de promoción. Si los funcionarios varones suponen el 43,39 % del total de profesorado masculino, el porcentaje de catedráticos es del 12,76 %, frente al escaso 3,78% de catedráticas, como muestra el gráfico 5:

Gráfico 5

Fuente: Estadística de la Enseñanza Universitaria en España, INE y elaboración propia

La situación actual en el CSIC, el mayor Organismo Público de Investigación, es semejante. Aunque el porcentaje de profesoras de investigación es superior al de la categoría equivalente en la Universidad, catedráticas, el mayor número de mujeres se concentra en la categoría inferior, la de científico titular. Con respecto a cómo se distribuyen las categorías sobre el total de mujeres por un lado, y de hombres por otro, hay que resaltar que mientras sólo el 11,09 % de investigadoras alcanza la máxima categoría, el 26,1 % de investigadores del CSIC llega a ser profesor de investigación:

Personal científico del CSIC (a 31-XII-2005)

  HOMBRES MUJERES % MUJERES
PROFESOR DE INVESTIGACIÓN 423 86 16.9
CSIC      
INVESTIGADOR CIENTÍFICO CSIC 425 186 30.4
CIENTÍFICO TITULAR CSIC 771 472 37.9
TOTAL PERSONAL CIENTÍFICO 1.619 744 31.4
Fuente: Comisión Mujer y Ciencia, CSIC

Seguramente el hecho de que la Ley de la Ciencia no reparara en la situación de las mujeres en el sistema nacional de CyT tuvo que ver con la inexistencia de Planes de fomento de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En efecto, para que las mujeres accedan a la igualdad no bastan los cambios legislativos. Hay que eliminar los obstáculos para que éstas participen en la cultura, el trabajo y la vida política y social. Con estos objetivos se creó por Ley 16/1983, de 24 de octubre, el Instituto de la Mujer como organismo autónomo, que se reestructuró en mayo de 1997. El primer Plan de Igualdad tuvo un periodo de vigencia comprendido entre 1988 y 1990.En él se pretendía, sobre todo, “asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico con el texto constitucional en materia de protección y garantía de la igualdad, eliminando las disposiciones legales discriminatorias existentes, hasta ese momento, en nuestra legislación; especialmente, en materia civil, laboral y penal”. En este plan se generaron directrices para y se crearon figuras encargadas de velar por la igualdad y la coeducación en las enseñanzas no universitarias. No es hasta el segundo Plan (1993-1995) cuando se contempla la adopción de medidas para garantizar la igualdad real y no sólo la formal, sobre todo en el ámbito de la educación, la formación y el empleo.

La tradicional invisibilidad de las mujeres y sus trabajos seguramente no fueron ajenos al hecho de que se obviara un fenómeno que, a semejanza de lo que había pasado en otros países occidentales, ya se estaba produciendo en nuestro país desde finales de los años setenta. Las Universidades Autónomas de Madrid y Barcelona son las primeras en crear un Seminario de Estudios de la Mujer, ya en 1979. En 1980, con una beca de Antropología como germen, se crea el Seminario de Estudios de la Mujer en la Universidad del País Vasco. En la Universidad de Barcelona, surge en 1982 el Centre d'Investigació Historica de la Dona (CIHD). "Todos responden a una misma necesidad: abrir un espacio para transformar el conocimiento sobre las mujeres y el conocimiento mismo, de transformar la universidad y la sociedad"[5] , si bien centrados en estudios de humanidades y ciencias sociales.

Tras los colectivos pioneros, van surgiendo aulas de género, grupos de investigación feminista, seminarios multidisciplinares, algunos de los cuales llegarán a ser institutos de investigación, por toda la geografía española. Con propiedad puede decirse que la década de los ochenta vio consolidarse lo que desde el principio mostró una significativa capacidad de desarrollo, consolidación debida muchas veces más al esfuerzo, constancia y buen hacer de las profesoras e investigadoras, unido a la adhesión por parte del alumnado a los nuevos modos de conocer y enseñar, que al respaldo institucional, donde todavía, incluso hoy, continúan existiendo resistencias. Si en 1991 había quince centros o grupos especializados, en 1995 eran treinta y uno, que se habían convertido en cuarenta y dos en 1999 y en cerca de sesenta en 2006[6].

Como consecuencia de ello surge, en 1996, una convocatoria que se incluye como Programa Sectorial sobre Estudios de las Mujeres y de Género, en el III Plan Nacional de I+D y que a partir del año 2000 pasaría a denominarse Acción Estratégica de Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, también vinculada al Plan Nacional, a través del área de Socioeconomía. La creación de dicho Programa o Acción Estratégica estaba motivada por la necesidad de formalizar un área de conocimiento en el que, como ya hemos señalado, se venía trabajando en nuestro país.

El principal objetivo era fomentar la investigación en temas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres que se enmarcaran “en las líneas de investigación propias de los seminarios, institutos, centros y aulas de estudios de las mujeres que incorporan una perspectiva de género en su tarea investigadora”. Las líneas prioritarias incluían pobreza, educación, salud, violencia, trabajo, medios de comunicación y medioambiente.

El 50 % de la financiación de estos proyectos corrió por cuenta de la CICYT en los cinco primeros años, es decir de 1996 a 2000, pero a partir de esa fecha, los fondos se obtuvieron únicamente del presupuesto del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Desde el comienzo, el importe en euros dedicado a este programa se reveló escaso, así como el número de proyectos subvencionados (341 en diez años). Más significativo aún de la poca importancia que se le da a esta Acción Estratégica es el porcentaje de esta Acción con respecto al importe total del Plan Nacional en el año 2005, el 0,022 % con relación al PIB, el 0,00013 %, o con respecto al presupuesto de la Administración General del Estado, el 0,00000039 %[7] . Esta escasez de medios produce necesariamente una insuficiente financiación, en comparación con los proyectos solicitados. Por ejemplo, en el año 2004 sólo se aprobaron 24 proyectos de los 180 solicitados y, en el 2005, 34 de 150 solicitudes presentadas. Con respecto al dinero concedido, solo supuso el 15,30 % del solicitado (se concedieron subvenciones por valor de 1.098.190, frente a los 7.173.550 € solicitados)[8].

Por lo que se refiere a la convocatoria del Plan Nacional de 2004[9] , sólo en dos de los veintitrés programas en que está dividido hay proyectos con perspectiva de género, en concreto en Humanidades (tres proyectos) y Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (diez proyectos). Dentro de las Humanidades, las subcategorías en las que encontramos proyectos de género o que incluyan la perspectiva de género son Historia (uno) y Filología (dos) de un total de 273 proyectos financiados en dicha área, lo que significa que este tipo de estudios constituyen un 4,76%, testimonial. Igualmente testimonial es el monto de la financiación de este tipo de proyectos: en Humanidades asciende a 101.000 €, es decir, el 1,26 % de la partida total destinada a esta área. Respecto al programa de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas la financiación asciende a 495.660 euros, lo que supone un 3,29 % de las partidas destinadas a Ciencias Sociales. Así pues la cuantía total destinada a financiar proyectos de género en el año citado dentro del PN es del 0,21%[10] .

El Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) merecería un análisis especial, ya que la investigación relacionada con la salud es especialmente sensible a problemas de género y ha recibido amplia atención académica. El FIS financia, entre otros, proyectos a través de las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa que responden a las prioridades del PN y cuyo objetivo es la realización de proyectos de investigación cooperativa de interés general. Estos proyectos se financian a través del Instituto de Salud Carlos III, los grupos que los llevan a cabo tienen carácter multidisciplinar, dependen de las diferentes administraciones públicas o de la empresa privada y deben pertenecer a un mínimo de cuatro CCAA.

En el año 2004, se financiaron 212 proyectos de esta modalidad con una asignación total de 32.000.000 €, de los que sólo uno contempla específicamente la perspectiva de género en su análisis y contenidos y que fue financiado con 136.605 € (es decir, el 0,42% del total de financiación de la convocatoria).

Y, ¿cuál es la participación de las mujeres en la investigación financiada con fondos públicos, a través del Plan Nacional en sus diversas convocatorias y modalidades? En primer lugar, hay que señalar la dificultad que hay siempre en encontrar datos desagregados por sexo se extiende a este terreno. Disponemos de datos del PN a nivel global, pero no discriminado por Investigadores principales (IP) e Investigadores Participantes (I). Por ejemplo, sabemos que en 2004, en los 15.449 proyectos solicitados participaban 30.856 investigadoras mujeres y 73.479 varones; y que se concedieron 7.219 proyectos en los que participaron 17.133 mujeres y 42.555 varones. Pero esos datos dan poca información, pues no sabemos cuántos proyectos están liderados por mujeres y si ese número está a la par con el número de investigadoras capacitadas para dirigir proyectos.

Esa información sí está disponible en el caso de los proyectos del Plan nacional que gestiona la Dirección General de Investigación del MEC. De los 6.478 proyectos solicitados en la convocatoria de 2005, 1.771proyectos (es decir, el 27.33 %) están liderados por mujeres. De esos 1.771 proyectos se concedieron 838, es decir, se concedieron un 43,31 % de los solicitados por mujeres. Pero si examinamos el porcentaje de proyectos concedidos a grupos liderados por mujeres con respecto al total de los solicitados, a las mujeres se les concedió el 12,9 %, mientras que a los hombres se les concedió el 38,1 %. Y de los proyectos concedidos (3.321) las IP mujeres sólo consiguieron el 25,23 % frente al 74,46 % que lideraron varones. Parece que el techo de cristal en los proyectos de investigación está en torno a ese veinticinco por ciento que impide, de alguna forma, que las mujeres sean responsables principales de los proyectos de investigación.

Sin embargo, es posible que las cosas cambien. En las últimas convocatorias del Plan Nacional de I+D+i se han introducido medidas que intentan favorecer y fomentar la plena incorporación de las mujeres a la investigación y a la carrera científico-tecnológica. Dichas medidas se basan en dos derechos contemplados en nuestra Constitución, a saber, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, derechos autónomos, complejos y dinámicos. Pues bien, las medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres (como las acordadas en el Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2005) son acciones que pretenden compensar situaciones de desigualdad preexistentes. Porque si la ley trata como igual lo desigual, perpetúa la desigualdad: sólo tratando de manera desigual a los desiguales, se podrá igualarlos (teniendo en cuenta que lo opuesto a igualdad es desigualdad y a identidad, diferencia).


[1] PÉREZ SEDEÑO, E., (dir.), (2003), La situación de las mujeres en el sistema educativo de ciencia y tecnología en España y en su contexto internacional”, Programa de Análisis y estudios de acciones destinadas a la mejora de la Calidad de la Enseñanza Superior y de Actividades del Profesorado Universitario (REF: S2/EA2003-0031). http://www.univ.mecd.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=2148 o http://www.ifs.csic.es/mujeres/documentos.htm

[2] Véase Mujer y Ciencia, FECYT, 2005.

[3] Ibidem y Pérez Sedeño, E., González García, M. I., Miranda Suárez, M. J., Ortega Arjonilla, E., Sanz González, V., "La cuestión de género en la investigación española", “La cuestión de género en la investigación española”, Radiografía de la Investigación Pública en España, RED CTI – CSIC, Biblioteca Nueva, 2006.

[4] Obsérvese que los porcentajes que aparecen en los dos gráficos siguientes no suman el 100%, pues se ha prescindido de algunas categorías, dado que no son porcentualmente significativas.

[5] BALLARIN DOMINGO, Pilar; GALLEGO MENDEZ, Mª Teresa; MARTINEZ BENLLOCH, Isabel (1995). Los estudios de las mujeres en las Universidades españolas 1975-91. Libro Blanco. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.

[6] Véase AUDEM (Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres: http://www.audem.com

[7] Datos extraídos del Informe sobre la Acción Estratégica de Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para el SISE, realizado por Mariano Álvarez Page (IM-MTAS), José Luis Burgos Fresno (IM-MTAS), Capitolina Díaz Martínez (UMYC-MEC), Elena Peñafiel Sanz (SGPI-MTAS), Eulalia Pérez Sedeño (IF-CSIC) y Carmen Vidal Perucho (CINDOC-CSIC).

[8] Ibidem.

[9] Proyectos que se aprueban en 2005.

[10] Pérez Sedeño et al. 2006.