En este artículo se aborda una visión del impacto de la Ley de la Ciencia, promulgada en 1986, en la consolidación de nuestro sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa, así como los retos, que a nuestro juicio, tienen que abordarse de cara al futuro inmediato

Al cumplirse 20 años de la publicación de la Ley de la Ciencia en 1986, si aplicamos la máxima del Evangelio de “Por sus frutos los conoceréis”, parece que tenemos poco que celebrar, pues todos los indicadores de informes recientes sobre innovación y competitividad en España, indican que vamos perdiendo posiciones de forma aparentemente irreversible en el contexto internacional

La “Ley de la Ciencia” fue una apuesta colectiva, encaminada a producir conocimiento científico y técnico a través de la investigación. Perseguía, mediante el Plan Nacional de I+D, promover la investigación y el desarrollo tecnológico incrementando los recursos económicos y humanos, así como recoger prioridades y presupuestos con carácter cuatrienal. En los veinte años de vigencia, se han cumplido los objetivos de fomento, pero no los de conexión y coordinación

En 1986 el Sistema español de Ciencia y Tecnología es impulsado por dos hitos: la incorporación de España a la UE y la promulgación de la Ley de la Ciencia. Se introduce la necesidad de elaborar “planes nacionales de I+D” para coordinar y priorizar las actuaciones de la Administración General del Estado en ciencia y tecnología. No obstante se han visto limitadas por dos elementos: la polarización de los planes nacionales hasta 2000 hacia el sistema público y la escasa cooperación y coordinación con las CCAA

Son muchas las administraciones, y dentro de éstas los organismos, que en España financian y regulan acciones dirigidas al fomento de la ciencia. Desde ministerios a administraciones locales, pasando por universidades o comunidades autónomas. El hecho de que existan múltiples voluntades públicas con políticas propias actuando en un mismo territorio, ni es excluyente de la ciencia, así sucede en la mayor parte de las competencias, ni de nuestro país, siendo lo habitual en aquellos de corte federal como Alemania, o para cualquier Estado en el marco de la Unión Europea