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Una invitación a cenar

Tuve la suerte durante casi una década de compartir con Amador Fernández-Savater la dirección de la (extinta) revista Archipiélago. En pocas ocasiones puede uno encontrarse con una persona tan inteligente, generosa y bienhumorada como en el caso de Amador, lo que no quiere decir, afortunadamente, que siempre esté de acuerdo con él. En los últimos días ha corrido como pólvora en la red el post que incluyó en el blog de la Editorial Acuarela que ahora dirige refiriéndose a la cena ministerial a la que le habían invitado a participar con motivo de la desestimación de la Ley Sinde(scargas). Ese post, que ha sido masivamente retweeteado y ha sido luego publicado en un ejercicio de reingeniera informativo por El País, se titulaba “La cena del miedo” que fue, al parecer, el ingrediente con el que se cocinaron las viandas servidas. Es cierto que la culpabilización o la persecución masivas sin que prevalezcan las garantías jurídicas indispensables no parece una estrategia adecuada. La vigilancia tecnológica perfecta, la pesadilla de un gran hermano tecnológico ajeno al control jurídico efectivo, que pueda intervenir en las comunicaciones privadas sin el resguardo que la Ley procura, no parece que sea la estrategia que un Estado de derecho deba adoptar. La naturaleza elusiva de la red, su arquietectura nodal, permitirá eludir casi todos los controles que se interpongan, por otro lado. Hasta aquí puedo convenir con el autodenominado movimiento por el procomún o el acceso libre su preocupación por esa posible violación jurídica. No creo que alentar el miedo sea la fórmula pedagógica que nos haga entendernos ni aprovechar todas las potencialidades que la red nos ofrece.

La Ley de Propiedad intelectual, en el Artículo 2 de su Título 1º dice que “la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”. No hace falta ser Catedrático de Derecho en Salamanca para interpretar el sentido de la Ley: cada cual puede disponer soberanametne del contenido original que cada uno pueda producir. Solamente resulta irrenunciable la propiedad moral, pero es plenamente conferible la propiedad material o patrimonial de lo creado. El copyleft es, en definitiva, copyright, no son extremos antagónicos, sino potencialidades contenidas en el mismo texto de la ley. En estas circunstancias, lo que habría que explicar, en una pedagogía verdaderamente amplia de la propiedad intelectual (no en la estrecha y atrabiliaria iniciativa de Esdelibro), es por qué, en algunas ocasiones, puede resultar extremadamente beneficioso desprenderse patrimonialmente de lo creado, haciéndolo circular, para verlo exponecilametne acrecentado. La generación de contenidos científicos en abierto es el ejemplo por antonomasia de este extremo, porque el fin principal de la ciencia es, precisamente, ese: construir conocimiento a partir del conocimiento heredado en una hilazón sin fin; o, también, el ejemplo por excelencia de la Wikipedia, donde el esfuerzo sumado de cientos de miles de personas logra construir el mayor repositorio de conocimento abierto de la web. Las licencias Creative Commons -creación común y compartida, creación comunitaria-, no son distintas al Copyright: son, simplemente, la posibilidad de graduar a voluntad la disponibilidad legal de lo creado, haciendo posible que cualquiera ponga a disposición de los demás el contenido generado si así lo desea y si piensa que de su contribución puede derivarse un beneficio personal y general. Las leyes no pueden ni deben coaccionar la creatividad si los autores han decidido, voluntariamente, valerse de este recurso legal.

En Free Culture, el libro con el que Lawrence Lessig llamó la atención sobre este enrevesado asunto, se discutía la manera en que las grandes corporaciones pretendían acaparar los derechos de las obras huérfanas, evitando su reutilización y extendiendo, en la medida de sus fuerzas, el ámbito temporal de aplicación del copyright, pero en ningún caso -y Lessig lo reiteraba sin ambages-, abogaba por la piratería o el hurto de contenido sin la aquiescencia de sus legítimos propietarios. Es un silogismo inicuo aludir a que la naturaleza virtual e infinitamente reproducible de los bienes digitales nos obliga casi a una suerte de intercambio incontrolado de contenidos, a un tráfico de copias y difusión sin barreras, a la justificación, en fin, de la descarga y la copia. En esto -igual que me ocurre con Amador-, tengo que disentir de uno de los abogados más inteligentes e intelectualmente inquietante que conozco: Javier de la Cueva, del que tanto he aprendido. Es otro silogismo trivial aludir a que compartir e intercambiar es esencialmente bueno: claro, también lo es en el mundo físico y analógico, igual que lo sería que todos dispusiéramos de alimento y vivienda gratuitos y, a ser posible, de un trabajo bien remunerado y gratificante. La esencia reproducible de los bienes digitales y las posibilidades de comunicación y transferencia ilimitadas que la red nos ofrecen no son razón suficiente para enajenar forzosamente ningún contenido si no media la voluntad de su autor.

Por eso quiero yo invitar a cenar, ahora, a Amador y a Javier, y también a la Ministra y al resto de los comensales miedosos que abogaban por soluciones tajantes, para intentar explicarles este punto de vista conciliador: las penalizaciones sin control jurídico, el gran hermano vigilante, no son la solución; las campañas arteras de los gremios editoriales y de las asociaciones que gestionan los derechos de autor (parte interesada poco proclive a perder sus privilegios), tampoco lo son; una pedagogía integral de la propiedad intelectual que explique que los autores pueden disponer soberanamente de sus derechos, sí  lo es; una didáctica que exponga hasta qué punto puede resultar extraordinariamente beneficioso, para el autor y la comunidad, liberar los contenidos creados valiéndose de la fuerza irreductible de la web y de la condición inagotable de los bienes digitales, también me parece que puede ser una solución satisfactoria para todos las partes; el copyright, paradójicamente, recobra vigencia en la web, porque la sobreabundancia informativa exige intermediadores cualificados, brokers o curadores digitales, que pongan su criterio selectivo a trabajar y se beneficien de ello; utilizar con conocimiento las licencias que nos permiten operar voluntariamente de una u otra forma, en diferentes contextos, también será la solución; emplear licencias aún más novedosas, como la Public Domain Mark 1.0, para calificar como obras de Dominio público a aquellos contenidos sobre los que no existe restricción alguna -evitando el uso abusivo que las corporaciones puedan hacer sobre las obras huérfanas-, también lo es.

Pago yo.

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