La brecha global de la movilidad humana

La integración de las distintas economías nacionales no ha venido acompañada de una integración de los habitantes del planeta. El resultado es una situación paradójica: un globalismo selectivo, cuya plasmación más palmaria se encuentra en el actual régimen de fronteras. Las fronteras se conciben cada vez más como artefactos de control cuyo objetivo último no es otro que bloquear el tránsito no deseado. Los controles fronterizos se han convertido en no poca medida en una suerte de máquinas clasificadoras (Mau 2021). Para dar cuenta de este fenómeno nada mejor que recurrir a un oxímoron: globalización fronterizada.

En lo que respecta a la libertad de viajar, la brecha global no ha ido sino aumentando con el tiempo y nunca ha sido tan grande como ahora. En función de la nacionalidad de la que sean titulares, las personas disfrutan de unas posibilidades legales muy diferentes para moverse a lo largo del planeta. Se trata de un régimen de movilidad asimétrico, pues mientras que para los ciudadanos de países ricos es frecuente la exención de visados, a los ciudadanos de otros muchos países se les impone el requisito llevarlo en regla para poder viajar (Lessenich 2019: 147-156).

Quienes, por ejemplo, poseen un pasaporte japonés, surcoreano, español o alemán pueden viajar a 190 países espontáneamente, esto es, sin necesidad de tramitar visado (con todo lo que conlleva de papeleo previo y de pago de costosas tasas en embajadas o consulados de los países de destino), mientras que, sin visado previo, un haitiano tan solo puede desplazarse a 49, un sirio a 30 y un afgano a 27. Según The Henley Passport Index, que está basado en datos proporcionados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), estar provisto de determinados pasaportes abre las puertas para hacer turismo o negocios a través de las fronteras. Sin ellos las opciones vitales se restringen severamente.

La nacionalidad del país en que uno se encuentre representa de facto un prerrequisito para el pleno disfrute de los derechos humanos. No poseer la nacionalidad del país en que reside le sitúa a uno en una situación de relativa desventaja.La posesión de una nacionalidad u otra tiene graves efectos en términos de igualdad: si para algunos es un privilegio que les asegura un futuro prometedor, a otros muchos les determina un escenario vital sumamente limitado, diferencias de expectativas que pueden conceptualizarse en términos de «prima por ciudadanía» y «penalización por ciudadanía» (Milanovic 2020: 161-164).

La suerte del nacimiento restringe en no poca medida no sólo la movilidad social intergeneracional, sino también la movilidad humana a lo largo y ancho del planeta. La nacionalidad, no obstante, es una cualidad conferida por la ley en virtud, en la mayoría de los casos, de un hecho biológico. Como sucede igualmente con el género o la etnia, no es un atributo que corresponda a un criterio de logro moral y que quepa ser esgrimido como argumento para discriminar a nadie ni para determinar lo que merece cada cual, pues las personas solo son responsables de aquello sobre lo que tienen algún tipo de control y está en sus manos cambiar. Nadie, pues, debería ser premiado ni penalizado por nacer en un país o en otro.

El actual estado de cosas resulta favorable, sin duda, para quienes forman parte de los países ricos y disfrutan de los privilegios y ventajas asociados a su estatus nacional. Lejos de ser natural, es un orden modelado y controlado por sus beneficiarios. De cara a quienes habitan en los países pobres, ¿cómo justificar tales prebendas? Es difícil argüir que esta sea una manera justa de organizar el mundo. Es claramente perjudicial para mucha gente. La resistencia a cambiar el statu quo revela una decidida voluntad de mantener las altas cotas de bienestar de los países más desarrollados y, a la postre, depreservar sin cambios un mundo estructuralmente injusto.

Más allá de que los afanes por blindar las fronteras no sean más que una mera ilusión y una propuesta desmentida a diario por la realidad de la migración irregular masiva, numerosos estudiosos han destacado el problemático estatus normativo de unos límites territoriales que no sólo son históricamente contingentes, sino que con frecuencia son el precipitado institucional resultante de procesos socio-históricos en el que se dan cita graves injusticias y desafueros, tales como conquistas, colonizaciones, cesiones sin consentimiento o compras ilegales de territorios (Foucher 2012).

Si ya su origen puede ser puesto en cuestión, igualmente lo pueden ser algunas de las funciones estructurales que en la práctica se asignan a las fronteras, entre las que sobresale, aunque pocas veces sea explicitada, la de marcar oportunidades espacialmente diferenciadas para las personas: un modo de consagrar las profundas desigualdades económicas existentes entre los Estados y, en definitiva, de dar carta de naturaleza a injusticias globales. Estas formas de inequidad se perpetúan por la falta de cauces legales para poder migrar de manera razonable.