{"id":132348,"date":"2014-03-27T12:32:32","date_gmt":"2014-03-27T11:32:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/migraciones\/?p=132348"},"modified":"2017-05-30T11:50:34","modified_gmt":"2017-05-30T10:50:34","slug":"violencia-y-control-de-las-fronteras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/migraciones\/2014\/03\/27\/132348","title":{"rendered":"Violencia y control de las fronteras"},"content":{"rendered":"

Despu\u00e9s de que en aguas de Ceuta fallecieran ahogados quince inmigrantes subsaharianos que pretend\u00edan acceder a nado al territorio de soberan\u00eda espa\u00f1ola y cuyo empe\u00f1o fue obstaculizado por la acci\u00f3n de la Guardia Civil, llama poderosamente la atenci\u00f3n que el debate p\u00fablico apenas sobrepase el nivel de las habituales escaramuzas partidistas y las cuestiones de fondo queden soslayadas. Ese grave suceso no es un caso aislado, sino una expresi\u00f3n m\u00e1s de un problema estructural al que los pa\u00edses ricos deben dar una respuesta cabal. Se da sin m\u00e1s por sentado que los Estados est\u00e1n legitimados jur\u00eddica y moralmente a ejercer un control discrecional sobre la inmigraci\u00f3n. Cabe cuestionar este supuesto y preguntarse qu\u00e9 es lo que faculta a los Estados a emplear la violencia f\u00edsica contra quienes sin armas intentan acceder irregularmente al territorio de su jurisdicci\u00f3n, a hostigarlos e incluso a agredirlos.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>Muchos Estados ricos, no s\u00f3lo Espa\u00f1a, hacen uso de la fuerza coercitiva para impedir la entrada a los candidatos indeseados a la inmigraci\u00f3n bajo la cobertura de un presunto derecho de admisi\u00f3n. Quienes tratan de cruzar las fronteras estatales se topar\u00edan as\u00ed con el empleo leg\u00edtimo de la violencia estatal. Las fronteras tienen guardias, despu\u00e9s de todo, y estos guardias tienen armas, aunque a veces se les denomine medios antidisturbios. Que estas pr\u00e1cticas sean raramente cuestionadas en nuestro mundo no significa que no sean censurables. Si se da por buena la primac\u00eda de la vida humana como fundamento de la vida social, lo m\u00ednimo ser\u00eda que quienes proponen usar la violencia f\u00edsica tuvieran que justificar, de una manera que se respete la igualdad moral de todos, por qu\u00e9 se tiene el derecho de actuar de este modo. Los Estados no pueden exigir el reconocimiento del derecho a emplear fuerza coercitiva para rechazar a los candidatos a la inmigraci\u00f3n sin justificar de manera motivada en cada caso la imposibilidad de actuar de otro modo. No es que los inmigrantes tengan privilegios ni derechos especiales, es simplemente la aplicaci\u00f3n de una idea en la que todos coincidimos: el uso de la violencia tan s\u00f3lo es leg\u00edtimo si guarda una estricta proporcionalidad con los riesgos percibidos.<\/span><\/p>\n

Contra la inmigraci\u00f3n irregular se emplea, de manera m\u00e1s o menos consciente, un lenguaje b\u00e9lico. Es habitual referirse en general a este tipo de inmigraci\u00f3n como una amenaza<\/em> e incluso como una invasi\u00f3n<\/em>. Vale que todos empleemos met\u00e1foras en el lenguaje coti<\/span>diano, pero no es honesto pretender pasar por hechos lo que no son sino im\u00e1genes o figuras estil\u00edsticas. Los inmigrantes no tienen armas, ni conforman un colectivo organizado, ni pretenden dominar ning\u00fan territorio. En la misma l\u00ednea, se arguye el indeclinable deber de los Estados de defender la integridad de sus fronteras. Esto nadie lo pone en duda ante una amenaza militar, ante un ej\u00e9rcito que pretendiera ocupar el territorio soberano de un Estado. Pero es igualmente un abuso del lenguaje blandir este deber ante individuos cuyo \u00fanico m\u00f3vil es la supervivencia o la mejora de las condiciones de vida y que, en absoluto, buscan destrozar las vidas o las haciendas de la gente del lugar en donde buscan instalarse.<\/span><\/p>\n

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Incluso dando por bueno que un deber irrenunciable de los Estados sea el de proteger la inviolabilidad de sus fronteras, \u00bfeso les habilita a tratar como aut\u00e9nticos enemigos a quienes intentan superarlas impulsados por la necesidad? \u00bfPueden ser repelidos con armas de fuego u otros medios que atenten contra su integridad f\u00edsica? Parece que no, al menos si nos tomamos m\u00ednimamente en serio el sentido de los derechos humanos proclamados por la mayor\u00eda de los Estados. Lo que puede hacer un Estado de derecho, que haya suscrito tratados internacionales en tales materias, es tratar de detener a quien entra en su territorio sin disponer de la documentaci\u00f3n requerida. Y una vez detenido, puede expulsarle tras los correspondientes tr\u00e1mites. Ello no implica, sin embargo, que carezca de los derechos que, al margen de su nacionalidad, le son propios como ser humano. Por ello, en primer lugar, debe ser socorrido si se encuentra en peligro. Si accede por v\u00eda mar\u00edtima, y su integridad f\u00edsica corre riesgo, la prioridad absoluta, un deber ineludible, es proceder a su inmediato rescate. Adem\u00e1s, por supuesto, debe ser tratado siempre con el debido respeto. Tiene tambi\u00e9n el derecho a ser escuchado e incoar un procedimiento para obtener asilo. <\/span><\/p>\n

No es, por tanto, contradictorio afirmar que los inmigrantes irregulares tienen derechos humanos b\u00e1sicos y sostener al mismo tiempo que pueden estar sujetos a deportaci\u00f3n. Esto es algo que, una vez rescatados, habr\u00e1 que determinar en cada caso. Sus derechos humanos se derivan simplemente de su condici\u00f3n de seres humanos y la obligaci\u00f3n de los Estados de garantizarlos proviene simplemente de su presencia dentro de su espacio soberano.<\/span><\/p>\n

No cabe <\/span>sostener que el uso de la fuerza coercitiva<\/em> por parte de un gran n\u00famero de Estados pueda contemplarse como meras restricciones a la libertad<\/em>, similares a las que se emplean, por ejemplo, para mantener el orden p\u00fablico. <\/span>Dif\u00edcilmente puede arg\u00fcirse que el trato que los Estados otorgan a los inmigrantes irregulares es la mera aplicaci\u00f3n del control que de modo habitual ejerce sobre las personas que est\u00e1n en su territorio. Si antes de entrar en contacto, se les repele violentamente, se est\u00e1 desatendiendo la obligaci\u00f3n general de ayudar a la personas en estado de necesidad.<\/span><\/p>\n

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El principio de no injerencia en los asuntos internos, un presupuesto apenas cuestionado hasta hace poco en las relaciones internacionales, sirve de coartada para eludir cualquier cr\u00edtica en materia de justicia. Los Estados ser\u00edan una suerte de cotos vedados en los que no ser\u00edan de aplicaci\u00f3n los elementales principios de justicia. Las fronteras pol\u00edticas actuar\u00edan de un modo similar a como lo hacen los l\u00edmites f\u00edsicos de la propiedad privada, que delimitan el \u00e1mbito de lo que es de uno y lo que no lo es, un \u00e1mbito en el que el<\/span> propietario hace libre uso de sus bienes y permite o excluye el acceso de los dem\u00e1s. Sin embargo, en la comunidad internacional se ha ido convirtiendo en una convicci\u00f3n firme, pese a los contradicciones y claroscuros observables, la idea de que las violaciones graves y continuadas de los derechos humanos representan una condici\u00f3n suficiente para poner en suspenso la obligaci\u00f3n de no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Muchos Estados, que defienden intervenciones semejantes en terceros pa\u00edses, vuelven a reivindicar para s\u00ed una soberan\u00eda irrestricta cuando se trata de asuntos de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

A\u00fan aceptando que las comunidades pol\u00edticas tienen el derecho a excluir a algunos candidatos no deseados a la inmigraci\u00f3n, este derecho no puede ser ejecutado a cualquier precio. Esa cobertura est\u00e1 lejos de poder justificar el tipo de pol\u00edticas de exclusi\u00f3n que las sociedades ricas llevan a cabo en la actualidad. Gran parte de lo que estamos haciendo ahora es profundamente injusto, y debe ser reconocido como tal. Nuestro sentido de la justicia, aquello que conforma los presupuestos normativos de nuestra sociedad, exige mucha m\u00e1s discusi\u00f3n p\u00fablica tanto de los fundamentos morales de ese posible derecho a excluir como del modo de implementarlo.<\/span><\/span><\/p>\n

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[Este art\u00edculo ha sido publicado previamente en The Economy Journal<\/em>: www.theeconomyjournal.com\/magacines\/imigration0\/index.html
\nEn este enlace puede encontrarse tambi\u00e9n la versi\u00f3n en ingl\u00e9s bajo el t\u00edtulo \u00abEurope should open its external borders\u00bb]<\/span><\/p>\n

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