Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00fam. 1 Pozuelo de Alarc\u00f3n Juicio de Faltas n\u00fam. <\/SPAN>307\/2005 <\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN><\/FONT><\/B>SENTENCIA<\/SPAN><\/B> <\/SPAN> <\/SPAN> <\/SPAN> <\/SPAN>En <\/SPAN>Pozuelo de Alarc\u00f3n, a once de octubre de dos mil cinco. <\/SPAN>D. Alfredo Mu\u00f1oz Naranjo<\/SPAN><\/SPAN><\/B>, Magistrado-Juez de Instrucci\u00f3n n\u00fam. 1 de Pozuelo de Alarc\u00f3n y de su partido judicial, vistos los autos de <\/SPAN>Juicio de Faltas <\/SPAN>tramitados con el n\u00fam. 307\/2005<\/B>, y seguidos por una presunta falta de da\u00f1os, de una parte, en calidad de denunciante (Sr. X) que comparece, representado por el Procurador (Sr. Y) y asistido por el Letrado (Sr. Z); y de otra parte, en calidad de denunciado,<\/SPAN> <\/SPAN>Sr. H, que <\/SPAN>comparece. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. Comparece la \u201cCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACI\u00d3N MONTECLARO\u201d<\/SPAN>, en calidad de perjudicada, representada por el Procurador por el Procurador (Sr. Y) y asistida por el Letrado (Sr. Z). <\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN> <\/SPAN> <\/SPAN>ANTECEDENTES DE HECHO<\/B> <\/SPAN>PRIMERO.- A este Juzgado de Instrucci\u00f3n le correspondi\u00f3, por turno de reparto, denuncia por un presunto delito de da\u00f1os<\/SPAN>, por el que se incoaron Diligencias Previas 403\/2005. A la vista de las diligencias practicadas se acord\u00f3 transformar el procedimiento en Juicio de Faltas mediante Auto de fecha 16.8.2005 y convocar a los implicados <\/SPAN>a juicio. La vista oral se celebr\u00f3 el d\u00eda 11.10.2005. SEGUNDO.- <\/SPAN>El representante del Ministerio fiscal inform\u00f3 y solicit\u00f3 la libre absoluci\u00f3n de (Sr. H) por entender que los hechos no tienen trascendencia penal y que, en su caso, podr\u00eda tratarse de una cuesti\u00f3n civil. El Letrado de la acusaci\u00f3n y de la entidad perjudicada solicit\u00f3 la condena de (Sr. H) como autor responsable de una falta de da\u00f1os <\/SPAN>y solicit\u00f3 que se le impusiera una pena de multa de 10 d\u00edas a raz\u00f3n de 2 euros diarios y que indemnizara a la Comunidad de Propietarios en la cantidad en que fueron tasados pericialmente los da\u00f1os. <\/SPAN>\u00daNICO.- De la prueba practicada ha resultado probado que el d\u00eda 15 de enero de 2005, (Sr. H) hizo marcas con pintura (dos franjas paralelas, una de color blanco y otra de color rojo, de unos pocos cent\u00edmetros), en <\/SPAN>16 farolas propiedad de la \u201cCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACI\u00d3N MONTECLARO\u201d. Estas marcas estaban destinadas a se\u00f1alar el recorrido de una v\u00eda pecuaria. No solicit\u00f3 permiso al Ayuntamiento en la creencia de que estaba desarrollando una actividad en beneficio de la colectividad y tampoco solicit\u00f3 permiso de la Comunidad de Propietarios porque desconoc\u00eda que, en esa urbanizaci\u00f3n, los viales y el mobiliario urbano fuesen propiedad privada de esa entidad. <\/SPAN>La \u201cCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACI\u00d3N MONTECLARO\u201d aprovech\u00f3 esta circunstancia para pintar el resto de las farolas <\/SPAN>de la urbanizaci\u00f3n. <\/SPAN> <\/SPAN>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/B> <\/SPAN> <\/SPAN>PRIMERO.- Los hechos no son constitutivos de infracci\u00f3n penal<\/SPAN>. En la actuaci\u00f3n del denunciado no existe <\/SPAN>\u201canimus damnandi o nocendi\u201d<\/SPAN> ya que actuaba en la creencia de estar realizando una funci\u00f3n social al marcar el recorrido de v\u00edas de utilizaci\u00f3n p\u00fablica, como lo son, entre otras, las v\u00edas pecuarias<\/SPAN>. Estas marcas en bienes demaniales son <\/SPAN>pr\u00e1ctica habitual y revisten, sin duda ninguna, un inter\u00e9s p\u00fablico ya que sirven de gu\u00eda a quienes transitan por ellas<\/SPAN>. Pero ya se acepte la tesis expuesta por reiteradas sentencias del Tribunal Supremo (vgr. 10 junio 1986, 24 febrero 1981, 2 diciembre 1982, 6 diciembre 1984 y 7 marzo 1988) que viene exigiendo ese especial elemento subjetivo del injusto \u201canimus damnandi\u201d, como directa y exclusiva intenci\u00f3n de causar da\u00f1o; <\/SPAN>o se acepte la concepci\u00f3n mayoritaria en la doctrina cient\u00edfica, que estima el delito de da\u00f1os est\u00e1 ayuno de elementos subjetivos especiales a salvo algunos casos en que se confiere relevancia a espec\u00edficos estados an\u00edmicos (as\u00ed, los previstos en los art\u00edculos 558.1 y 562 del C\u00f3digo Penal derogado) proclamando que la actuaci\u00f3n ha de ser intencionada; <\/SPAN>en todo caso comete infracci\u00f3n penal de da\u00f1os quien dirige su conducta a destruir, menoscabar o inutilizar un bien ajeno -o, excepcionalmente, uno de su propiedad- con intenci\u00f3n o conciencia de ello. Es discutible, en el caso de autos, <\/SPAN>que se haya producido un deterioro de las farolas, ni mucho menos <\/SPAN>destrucci\u00f3n o inutilizaci\u00f3n de las mismas. Ha de tener la consideraci\u00f3n de da\u00f1os a efectos de la configuraci\u00f3n del tipo toda destrucci\u00f3n, deterioro o menoscabo, tanto f\u00edsico como econ\u00f3mico, causado, por lo general, en bienes ajenos y, excepcionalmente en los propios. Tampoco consta claramente que se haya producido una p\u00e9rdida del valor de uso de la cosa, que algunos sectores de la doctrina cient\u00edfica consideran inscribible en el delito de da\u00f1os. De hecho, consta en la denuncia, as\u00ed como en las manifestaciones vertidas en el acto del juicio <\/SPAN>que se procedi\u00f3 a pintar las farolas para tapar aquellas marcas ante el temor de que fueran \u201cc\u00f3digos secretos entre bandas para dejar se\u00f1ales al objeto de posibles robos en chalets, dado que se estaban produciendo muchos robos por la zona y al efecto de evitaci\u00f3n de los mismos\u201d (folio 22 de las actuaciones). Es decir, ni siquiera el denunciante consideraba que las marcas deslucieran las farolas afectadas. <\/SPAN>SEGUNDO.- Por otra parte, no puede olvidarse que el principio de intervenci\u00f3n m\u00ednima que rige el Derecho Penal <\/SPAN>impide que pueda utilizarse esta v\u00eda para dar satisfacci\u00f3n a los derechos de las personas si existen otros mecanismos en el ordenamiento jur\u00eddico que puedan servir para conseguir tal satisfacci\u00f3n por medios menos restrictivos de derechos. <\/SPAN>Resulta significativo que el Letrado en su informe manifestara que su pretensi\u00f3n no era tanto que el denunciado fuera condenado sino obtener una reparaci\u00f3n de los presuntos da\u00f1os. Si esta fue la intenci\u00f3n, la v\u00eda adecuada no es el procedimiento penal sino la jurisdicci\u00f3n civil. TERCERO.- En este supuesto procede que las costas por actuaciones judiciales sean declaradas de oficio en virtud de lo previsto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. <\/SPAN> <\/SPAN>CUARTO.- Una vez concluida la <\/SPAN>vista <\/SPAN>se procedi\u00f3 a dictar sentencia de viva voz al amparo de lo que establece el art. 246,2 LOPJ y notificada en ese mismo momento a las partes con los requisitos del art. 248,4 LOPJ. <\/SPAN>QUINTO.- Con arreglo a lo dispuesto en el art. 123 del C\u00f3digo Penal procede declarar de oficio <\/SPAN>las costas ocasionadas en la tramitaci\u00f3n de este procedimiento. <\/SPAN>Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n al caso. <\/SPAN> <\/SPAN>HECHOS