Proposición no de ley relativa a la aprobación de una estrategia española para la educación superior

En sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2016 en la Comisión de Educación y Deporte, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley relativa a una estrategia española para la educación superior.

La representante del Grupo Parlamentario Popular comenzó su intervención señalando que esta proposición no de ley ya fue aprobada en la pasada y breve legislatura, pero que, por su trascendencia era necesario volver a abordarla e incidir en los impulsos y fortalezas que nuestra universidad requiere. Continuó recordando la exposición de motivos de la proposición que destaca que, las universidades españolas participan en la construcción de nuestra sociedad a través de la formación de ciudadanos cultos, libres, críticos, creativos, con los mejores conocimientos, habilidades y competencias.

Asimismo, las universidades españolas cumplen con la función social de generar y transmitir conocimientos, impulsando la investigación e innovación, aspectos esenciales para mejorar su posicionamiento internacional y para convertirlas en la verdadera palanca con la que promover la economía del conocimiento, especialmente en las regiones donde se encuentren. Por ello, dijo, era necesario hacer que nuestro sistema universitario sea cada vez más competitivo, un sistema en el que seamos capaces de hacer que nuestras universidades perseveren en la senda de la excelencia que han iniciado con gran esfuerzo y acierto: el de la internacionalización, pero también el de la relevancia y servicio al territorio al que pertenecen, porque las universidades pueden ser, deben ser el motor que permita la creación de riqueza.

Este es el reto, continuó diciendo, que nos marca también la Agenda Europea 2020 para la Educación Superior en los próximos años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la aprobación de la proposición ya que considera que la Estrategia Española para la Educación Superior debe ser un compromiso compartido entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las instituciones, las organizaciones y los colectivos: los profesores, los investigadores, el personal de administración y servicios, los alumnos y los equipos directivos.

A esta proposición no de ley se presentaron tres enmiendas, del Grupo Mixto, de Esquerra Republicana y del Partido Socialista.

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