XX aniversario de la Ley de la Ciencia. La sanidad, la Ley de Cohesión Sanitaria y la Ley de la Ciencia

     
José Antonio Gutiérrez Fuentes
Director de la Fundación Lilly
Ex director del Instituto de Salud Carlos III
 

La Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en su Artículo Primero, dice:

“Para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica que el artículo 149, 1.15, de la Constitución encomienda al Estado y, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44, 2, de la misma, se establece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que se regirá por la presente Ley.”

Más adelante, en el Artículo Segundo, define el Plan Nacional:

    Se orientará fundamentalmente a la realización de los siguientes objetivos de interés general:

    • El progreso del conocimiento y el avance de la innovación y desarrollo tecnológicos.
    • La conservación, enriquecimiento y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales.
    • El crecimiento económico, el fomento del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo.
    • El desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la industria, el comercio, la agricultura y la pesca.
    • El desarrollo de los servicios públicos y, en especial, de los de vivienda, comunicaciones y transportes.
    • El fomento de la salud, del bienestar social y la calidad de vida.
    • El fortalecimiento de la defensa nacional.
    • La defensa y conservación del Patrimonio Artístico e Histórico.
    • El fomento de la creación artística y el progreso y difusión de la cultura en todos sus ámbitos.
    • La mejora de la calidad de la enseñanza.
    • La adecuación de la sociedad española a los cambios que conlleva el desarrollo científico y las nuevas tecnologías.

El CAPÍTULO II, “De los Organismos Públicos de Investigación”, en su Artículo Decimotercero, otorga personalidad de OPI al Instituto de Salud Carlos III:

    "El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC,) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero (IGME), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud Carlos III, se regirán por la presente Ley, por su legislación específica y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado."

Por su parte, y 17 años después de la Ley de la Ciencia, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en su CAPÍTULO IV,
“De la Investigación” (Sección I. La Investigación en Salud), en el Artículo 44, Principios, se dice:

"Es responsabilidad del Estado en materia de investigación en salud, y sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas:

  • Establecer las medidas para que la investigación científica y la innovación contribuyan a mejorar de manera significativa y sostenible las intervenciones y procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores.
  • Garantizar que la actividad investigadora y de transferencia de resultados a la práctica clínica se desarrolla y se sustenta científicamente de manera demostrable.
  • Garantizar la observancia y el cumplimiento de los derechos, la protección de la salud y la garantía de la seguridad de la sociedad, los pacientes y los profesionales involucrados en la actividad de investigación.
  • Incorporar la actividad científica en el ámbito sanitario en el Espacio Europeo de Investigación.
  • Facilitar que en toda la estructura asistencial del Sistema Nacional de Salud se puedan llevar a cabo iniciativas de investigación clínica y básica, fomentando el desarrollo de la metodología científica y de la medicina basada en la evidencia."

Y en el Artículo 45, titulado “Iniciativa sectorial de investigación en salud en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica":

  • El Ministerio de Sanidad y Consumo, previa consulta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y teniendo en cuenta las propuestas y los proyectos que puedan presentar las comunidades autónomas, elaborará una iniciativa sectorial de investigación en salud, que propondrá, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para su discusión en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, a efectos de su integración en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, dentro del procedimiento que se acuerde para su elaboración.
  • Las propuestas contenidas en la iniciativa sectorial de investigación en salud deberán coordinarse con las que procedan de otros departamentos ministeriales con competencias en investigación científica y desarrollo tecnológico con el fin de asegurar una estrecha interacción con otras actuaciones en biomedicina, biotecnología y otras áreas de actuación relacionadas con el campo de la salud.
  • Para la elaboración de la iniciativa sectorial se tendrán en cuenta las siguientes necesidades y objetivos:
    • Las necesidades de salud de la población y el impulso de la innovación asistencial y la modernización de la estrategia de la I+D biomédica, en servicios sanitarios y de salud pública.
    • La participación de todos los agentes sociales afectados.
    • La transferencia de resultados de investigación, debidamente verificados, a la práctica clínica.
    • La consideración, en su caso, de los resultados científicos en la toma de decisiones por parte de los órganos responsables del Sistema Nacional de Salud.
    • La mejora de la calidad en la gestión de la investigación, mediante la implantación de sistemas eficaces de intercambio de información, evaluación y administración económico-financiera.
    • El impulso, a través del Instituto de Salud Carlos III, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de otros organismos públicos de investigación y de las universidades, de la modernización de los centros y redes de investigación del Sistema Nacional de Salud.
    • El incremento de la colaboración con los centros privados de investigación, así como con los centros extranjeros, favoreciendo la concurrencia de recursos en aras de objetivos comunes.
    • La conciliación de la actividad investigadora con la normativa vigente y con los principios éticos aceptados por las instituciones y por la comunidad científica.
  • La ejecución de las actuaciones que se deriven de las propuestas contenidas en la iniciativa sectorial de investigación en salud que se incorporen en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, y cuya gestión recaiga en el Ministerio de Sanidad y Consumo, se realizará de acuerdo con las modalidades de participación recogidas en él y estará sometida a un sistema de evaluación con la participación de expertos nacionales y extranjeros basado en el uso de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y de las Comisiones Técnicas de Evaluación del Fondo de Investigación Sanitaria.
  • La financiación de las actuaciones mencionadas en el apartado 4 y que gestione el Ministerio de Sanidad y Consumo deberá hacer uso de los instrumentos de financiación previstos en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y con cargo a partidas presupuestarias del citado departamento ministerial, sin perjuicio de la existencia de acuerdos de cofinanciación con entidades públicas y privadas.
  • En materia de recursos humanos vinculados a la investigación en salud, se fomentará la movilidad y el intercambio de investigadores de distintos centros, públicos y privados, nacionales y extranjeros, así como la constitución de grupos de investigación con una dimensión adecuada, que favorezca masas críticas amplias, y se promoverá su formación continuada.
  • Los órganos y organismos dependientes o vinculados al Ministerio de Sanidad y Consumo responsables de la gestión de las actuaciones del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica se coordinarán con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la evaluación global de aquéllas y su posible actualización durante la ejecución del mencionado plan.

Y añade en el Artículo 46, “Cooperación entre los sectores público y privado”, lo siguiente:

  • Se crea la Comisión Asesora de Investigación en Salud, como órgano asesor de cooperación entre el sector público y el privado en el ámbito de la sanidad.
  • Sus funciones, composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente. En todo caso su composición deberá garantizar la adecuada representación de las comunidades autónomas.”

Y en el Artículo 47, “Los derechos, la salud y la seguridad de los pacientes en la investigación”:

    “El Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con la Comisión Asesora de Investigación en Salud, velará por que la investigación en salud se realice según las normas de buena práctica científica y bioética.”

Más adelante, la misma Ley de Cohesión, en su SECCIÓN II. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, en el Artículo 48, define las Funciones del Instituto de Salud Carlos III:

  • El Instituto de Salud Carlos III fomentará la investigación en salud:
    • En los aspectos organizativos de la investigación, por medio de:
      • La planificación y priorización de la investigación con la finalidad de adecuar sus planes de trabajo anuales a los objetivos de la iniciativa sectorial de investigación en salud.
      • La vertebración de los recursos dedicados a la investigación del Sistema Nacional de Salud, mediante la asociación de centros de investigación del Sistema Nacional de Salud y la acreditación de institutos y redes.
      • La potenciación de la investigación, con asesoramiento, difusión de resultados, apoyo a investigadores y registros en la materia.
    • En el desarrollo de programas de investigación propios.
  • Las comunidades autónomas participarán en los órganos de gobierno del Instituto de Salud Carlos III y de las fundaciones vinculadas a éste.
  • Para contribuir a la vertebración de la investigación en el Sistema Nacional de Salud, el Instituto de Salud Carlos III:
    • Se asociará a los centros de investigación del Sistema Nacional de Salud.
    • Acreditará institutos y redes de investigación cooperativa para concentrar la investigación en los objetivos previstos del plan y fomentar la investigación de excelencia.
    • Facilitará sus propios recursos de investigación.”

Y añade una descripción de sus funciones en los Artículos 49 al 52.


De la lectura de estos Artículos legales, el lector sacará la idea de que en materia de investigación y en particular en investigación biomédica, España dispone de legislación suficiente y abundante. Desde mi punto de vista esto es así, máxime cuando las citadas Leyes aun no han sido plenamente implementadas, y sobre todo considerando deseable que el marco legal que dé amparo al desarrollo de cualquier actividad, y particularmente a la científica, se mantenga estable. Por supuesto, ello no excluye la deseable posibilidad de introducir actualizaciones y mejoras a los textos citados.

Los instrumentos que la Ley de la Ciencia crea, muy en particular el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (PNID), y en nuestro caso el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), han de tener un desarrollo adecuado y suficiente. Del análisis de los textos legales previamente citados, y de su espíritu, puede deducirse que los objetivos del legislador no se han materializado en los ansiados niveles de progreso científico e investigador, y que los instrumentos citados tampoco han sido capaces de un desarrollo suficiente.

En el caso del PNID, que cada cuatro años se renueva con una amplia participación de la comunidad científica, la administración central y las comunidades autónomas, sus directrices, teórico marco de desarrollo de la ciencia española, son sólo orientativas y la aplicación de las mismas termina dependiendo del interés particular de cada región, institución o grupo.

La falta próxima de resultados motivadores explican en parte la persistencia de un distanciamiento entre ciencia y sociedad, a lo que se añade la deficiente información y escasa involucración de los ciudadanos en estos temas, que hacen preciso un gran esfuerzo de acercamiento y comunicación por parte de los científicos y las instituciones implicadas.  

Todo ello, sin dejar de reconocer que la investigación científica contribuye no sólo al desarrollo de la economía y la competitividad tecnológica de las empresas, sino que determina también, y fundamentalmente, el aumento de la expectativa y calidad de vida de los ciudadanos.

Hace apenas cuatro años (Marzo 2002), el Consejo Europeo reunido en Barcelona estableció, como objetivo para que Europa no quedara relegada en los ambientes científicos internacionales, que el gasto global en I+D en la UE-15 debería alcanzar un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2010, y que a ello debería contribuir el sector empresarial privado hasta con un 75 por ciento.

Mientras tanto, en España, aun reconociendo el notable esfuerzo realizado por todos los agentes involucrados, el PNID 2000-2003 no vio cumplidas las metas establecidas. Así, si bien se logró por primera vez superar el 1% del PIB en términos de gasto aplicado a la I+D, no se llegó al objetivo propuesto del 1,29 por ciento al finalizar el Plan en el 2003 (recordemos que la media de los países que integran la OCDE se sitúa en el 2,2 por ciento del PIB)

Debemos ser conscientes de que ante una situación de crecimiento económico europeo ralentizado, el esfuerzo inversor público difícilmente podría avalar el logro de esta meta, lo que hace imprescindible lograr que el sector privado tire de la I+D, complementando el esfuerzo público. En efecto, lo que el Consejo Europeo pide a la iniciativa privada es que se haga cargo de al menos dos tercios de la financiación del gasto total en el año 2010, partiendo del 56% del 2000. En otras palabras, que las industrias inviertan para entonces en I+D el equivalente al 2,25 por ciento del PIB europeo.

En España, el no haber conseguido los objetivos de inversión planteados en el PNID, tiene mucho que ver con no haber logrado acrecentar la inversión empresarial en estos conceptos, que en 1997 se hacía cargo del 0,40 por ciento de la inversión nacional, y en 2001 del 0,52 por ciento. Ello supone que, para alcanzar los objetivos planteados por el Consejo Europeo, las empresas españolas deberían estar siendo capaces (desde entonces) de multiplicar por cuatro, en los años sucesivos hasta el 2010, las inversiones que destinan a I+D.

Sin embargo, los indicadores conocidos señalan que tampoco el PNID 2004-2007 lleva camino de lograr las metas propuestas, como llegar a una inversión del 1,4 por ciento del PIB, lograr que hasta el 29 por ciento de las empresas sean innovadoras, etc.

Ante esta situación, el actual gobierno ha promovido (Junio 2005) un plan especial de impulso a la I+D a través del llamado INGENIO 2010, que rebaja de forma realista estas metas, y asume que el reto europeo no va a ser fácil de alcanzar en España (ni en Europa). Partimos de dos premisas claras: nuestro país cuenta con la mitad de empresas innovadoras que el resto de países de su entorno y el esfuerzo total en I+D sigue siendo insuficiente. Si a esto unimos la falta de perspectiva, la indefinición de los objetivos, la falta de continuidad, la soledad e incomprensión del investigador, las estructuras organizativas obsoletas y el atraso histórico acumulado en investigación, el tan ansiado 3 por ciento se convierte tan sólo en un gran sueño. Aun así, es bienvenido este nuevo impulso que pretende hacer crecer la inversión, determina tres diferentes estrategias de actuación y apuesta por una gestión moderna y eficaz.  

La investigación sanitaria y farmacéutica

En enero de 2000 la Comisión Europea (comunicación del Parlamento y Consejo Europeos al Comité Económico y Social) presentó el proyecto Hacia un Espacio Europeo de Investigación, como un nuevo reto de la integración europea. El objetivo de este proyecto era el aumento del impacto de los esfuerzos de I+D, el refuerzo de la coherencia de las actividades y de las políticas científicas vigentes en la UE y, en definitiva, la definición de una auténtica política científica para Europa. La materialización de este ambicioso, y necesario, proyecto requiere del apoyo y compromiso activo de los países miembros, de la coordinación de las actividades investigadoras entre cada uno de ellos, y del desarrollo de sistemas y métodos modernos para su gestión.

Mientras tanto, los observadores extranjeros vaticinaban para España un optimista panorama económico y financiero para los primeros años del siglo, con crecimientos que superan a los de los países de la OCDE. Ante esta situación de bonanza económica, que se mantiene, debemos preguntarnos si definitivamente queremos y podemos subirnos al tren de la modernidad como protagonistas y no solo como usuarios de los avances que dicha modernidad conlleva.

Somos muchos los que creemos que el momento de la gran apuesta por la Ciencia y la investigación está pasando, y que no nos va a esperar indefinidamente. El tren lleva mucho tiempo en marcha y lo ocupan preferentemente los países que lideran el concierto internacional. Nosotros estamos hoy en condiciones de subirnos al tren, aunque sea en el vagón trasero, e ir ganando posiciones.

Existiendo el convencimiento y la decisión política, el esfuerzo pueda llegar a dar los frutos apetecidos. En otras palabras, si se disponen los recursos y se gestionan adecuadamente, serán los propios ciudadanos, conscientes de las bondades de que así sea, los que reclamen y apoyen la imprescindible continuidad en el esfuerzo investigador que permita llegar a la generación de nuevos conocimientos y desarrollos.

Los objetivos que en le campo de la investigación, y en la biomedicina en particular, determina el vigente PNID, son claros, responden a un notable esfuerzo de priorización, y suponen un importante crecimiento del esfuerzo inversor.

Sin embargo, junto al aparente convencimiento político de apostar por la investigación, existen otros condicionantes o prioridades -políticos, económicos, presupuestarios, etc.- que no facilitan la materialización de las premisas recogidas en el PNID. La consecuencia no es solo que no llegan los anhelados recursos a los investigadores, sino que se desfavorece la creación del clima de confianza que debe tirar de la inversión privada.

Pero, siendo esto una realidad, ¿podríamos gestionar mejor los recursos, aun siendo escasos? En biomedicina debemos tener claros los objetivos globales como país, pero de ello ya se ocupa el PNID que los define y prioriza, por cierto con criterios muy similares al correspondiente Programa Marco Europeo.

Para tratar de responder a la pregunta, consideremos algunos conceptos fundamentares, como la distribución de los recursos y estructuras, y la responsabilidad directiva. De los crecientes recursos públicos ya se encargan las administraciones a través de las correspondientes Leyes de Presupuestos.

Están en marcha iniciativas, contempladas en la Ley de Cohesión, tendentes a fomentar la investigación asociativa a través de la formación de redes que pongan en contacto y faciliten las sinergias entre centros, instituciones y grupos. Sin duda la iniciativa apoyada en la existencia de un Mapa de la Investigación Biomédica, promovido por el ISCIII, facilitará la mejor utilización de los recursos, la determinación de objetivos, e incluso la movilidad de los investigadores.

Idealmente, el trabajo en red se organiza en torno a procesos de colaboración horizontales, emanándose la iniciativa desde la base, desde los centros o grupos investigadores, que a partir del planteamiento de sus objetivos, buscan y proponen los “socios” adecuados que complementen sus capacidades. Para formar redes, los participantes deben identificar en primer lugar los motivos por los que deciden trabajar en red. En cualquier caso, el motivo debe radicar en el alto grado de complejidad de la investigación a abordar y la conveniencia de compensar costes o explotar tecnologías, experiencias y conocimientos especializados. El trabajo en red se puede utilizar ad hoc para afrontar problemas de programación y de recursos. Bien planteado, y en algunas ocasiones, esta forma de trabajar puede llegar a convertirse en un modus operandi en lugar de ser un enfoque a controlar y aplicar constantemente. Pero, en la mayoría de los casos, será de utilidad para proponer y abordar planteamientos científicos puntuales y limitados temporalmente a su propia solución.

Las fórmulas de trabajo, en cada caso, podrán formalizarse a través de joint ventures, consorcios, otros tipos de relaciones contractuales o mediante el simple planteamiento de pactos o alianzas basadas en la mutua confianza.

Ahora bien, no se debería caer en la tentación de ver en las redes la panacea que resuelva los actuales problemas de nuestra investigación, sino la de un instrumento más de gestión (el FIS estimula la formación de redes como una fórmula más de su estrategia gestora), de gran utilidad cuando se plantea y utiliza correctamente, y en los casos adecuados. De hecho, las redes, unidades mixtas o fórmulas parecidas, estimuladas presupuestariamente, corren el peligro de convertirse en meros recursos de los participantes para acceder a una mayor cantidad de medios financieros. Estas fórmulas, por el contrario, deben nacer del convencimiento propio de los participantes, sin condicionantes externos rígidos, y con vocación de pervivencia, siempre que los planteamientos individuales y los resultados así lo aconsejen.

Por otro lado, el concepto de suma virtual de recursos a través de estas fórmulas, no debe suponer que ignoremos la necesidad de apostar por el refuerzo y la creación de centros o instituciones con la suficiente masa crítica y capacidad, no solo de generar conocimiento de calidad y competitivo, sino de convertirse en referentes de las citadas redes.

Además, por esta vía se facilitaría la que se ha dado en llamar transferibilidad del conocimiento básico a los diferentes desarrollos o aplicaciones. Resulta ciertamente lamentable el enorme distanciamiento que seguimos observando entre las actividades investigadoras de la mayoría de los grupos que trabajan en las universidades y OPIs y aquellos que lo hacen en los hospitales. Aunque resultaría complejo el análisis de esta circunstancia, insistimos en la posibilidad de provocar la deseada aproximación a través de estrategias gestoras promovidas por las diferentes Agencias financiadoras.

Otro aspecto que no debería pasar desapercibido, es el de la conveniencia de integrar en estos esfuerzos asociativos al sector privado (así se contempla ya en las recientes convocatorias del FIS), no solo por los recursos que este podría aportar, sino por la posibilidad de encontrar intereses científicos y beneficios comunes, favoreciendo la transferencia y aplicabilidad.

En este sentido, deberíamos profundizar en fórmulas que rompan la estanqueidad entre los intereses investigadores públicos y los privados. Estamos acostumbrados a ver como la industria (principalmente la farmacéutica) invierte cantidades importantes de recursos en la investigación clínica, sin que por el contrario participe, hasta donde sería deseable, de los recursos públicos, aunque sólo sea en proyectos colaborativos con instituciones de ámbito público.

Son muy importantes los recursos que puede disponer el sector privado, y es esa una de las metas que se definen en los planteamientos globales de las administraciones. Seguimos siendo un país que además de invertir una cantidad insuficiente, no conseguimos que la participación privada supere el 50% en términos de inversión global en I+D. Hemos de decir que esto último no es válido para el sector de biomedicina, pues si en este caso contemplamos las inversiones privadas en investigación de desarrollo farmacéutico, sobretodo en fases tardías, se supera con creces dicho porcentaje. Pero dicho esto, no es menos cierto que las industrias farmacéuticas estarían dispuestas a afrontar otro tipo de investigación en España (varias nacionales, y algunas multinacionales ya lo hacen) si se dieran las circunstancias por las que venimos abogando: decisión política de apoyo a la I+D y coherencia, estabilidad y continuidad de los planteamientos.

Otro aspecto fundamental concierne a la función de dirección. Mientras que la teoría de la dirección puede considerarse como una ciencia en un sentido limitado, la práctica de la dirección es ciertamente un arte. Existe una base de conocimientos deseables -principios, proposiciones y fundamentos- que constituyen la teoría. Pero la práctica de la dirección requiere algo más: imaginación, creatividad, sentido común y experiencia.

En el caso de la tecnología y la investigación, la gestión eficaz requiere un enfoque técnico acompañado del entendimiento de la complejidad de las organizaciones modernas y de la propia función investigadora, sobretodo en biomedicina. Sin embargo, no existen figuras en número suficiente que reúnan estas condiciones (conocer la biomedicina, conocer la I+D y tener habilidades gestoras), y debemos abogar por fomentar estas iniciativas, incluso creando programas o cursos que faculten o titulen para ello. En ciencia es hora de pasar de la “sabiduría por la sabiduría” a la “gestión de la sabiduría”.

En ciencia, se entiende la dirección, o gestión, como el proceso para facilitar el alcance de determinados objetivos, con y por medio de otros. Para ello, la función de dirección entraña tres elementos destacados:

  • Su esencia recae en la capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar la actividad
  • Su meta final es alcanzar los objetivos propuestos
  • El directivo es responsable de los que trabajan para él.

Ello supone que el directivo asume dos tipos de responsabilidades: funcionales y de dirección de personas. De su correcto cumplimiento dependerá, en buena parte, el funcionamiento de la estructura en cuestión.

Consideración especial merece la dirección de los grandes centros de investigación (entendemos que extensible a la función directora de cualquier otro organismo de contenido técnico) biomédica. La necesidad de que esta sea una dirección con objetivos, y la certeza de que el alcance de estos en ciencia debe situarse en el medio-largo plazo (5-10 años), hace imprescindible la estabilidad y continuidad de los planteamientos (dando por hecho que estos hayan sido correctamente planteados, y avalados, a ser posible externamente, por grupos de expertos), salvo que el devenir del propio entorno científico global, y no otra razón, hiciera deseable modificarlos.

Es por ello muy perjudicial el relevo al frente de la función directiva en estas instituciones (generalmente públicas) por razones ajenas a las puramente técnicas y/ó científicas. Por otra parte, resulta ciertamente difícil para el director ejercer un liderazgo y la autoridad imprescindibles, cuando su posición, lejos de facilitar estas circunstancias, resulta ser la de mayor inestabilidad del centro que debe gestionar.

Se hace patente por ello la necesidad de una profesionalización directiva y gestora, y el establecimiento de marcos de consenso para una política científica de Estado que, entre otros planteamientos, preserve este tipo de funciones de dirección del avatar político.

Otro aspecto concierne a la creciente preocupación del mundo occidental por su escasa habilidad para convertir los resultados de su ciencia en innovación tecnológica, entendida como el proceso de transformar las ideas científicas y técnicas en productos y servicios que sean éxitos comerciales. En España, la relativa mejora en la calidad y cantidad del nivel científico no ha encontrado correlato en la productividad de las empresas, y en definitiva, de la prosperidad del país. Una estrecha colaboración entre científicos, financieros y empresarios es necesaria para que la mejora de la calidad investigadora repercuta en el sector productivo. En definitiva, resulta imprescindible una política científico-técnica que permita el acoplamiento de la I+D españolas con las necesidades y oportunidades que precisan los entornos productivos tecnológico y financiero.

El nuevo milenio se abre con adelantos espectaculares de la investigación en el mundo desarrollado que ha llevado a una baja mortalidad infantil y un aumento de la expectativa de vida gracias al control de numerosas enfermedades.

Sin embargo, el envejecimiento de la población ha traído el incremento de las enfermedades crónicas y/o degenerativas y la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer. El SIDA y otras enfermedades infecciosas emergentes, o reemergentes, son la gran amenaza y retos de la investigación biomédica y en Ciencias de la Salud para el siglo XXI.

Se ha recorrido un largo camino en la calidad de la investigación en los últimos 30 años del siglo XX y los próximos años del siglo XXI serán decisivos en el desarrollo de la biología básica y su aplicación en la investigación clínica aplicada.

El virus del SIDA, capaz de mutar y llegar a ser resistente a los tratamientos actuales, es un problema grave de salud que afecta a más de 30 millones de personas que han sido infectadas, 3 millones en el último año, y el 95% de ellos en las partes más pobres del planeta. El reto es desarrollar la vacuna frente al HIV cuanto antes.

Otro de los grandes retos de la investigación, ya muy avanzada, es la lucha contra el cáncer que implica el estudio de los procesos celulares y moleculares que tienen lugar en su génesis y desarrollo, así como descubrir la transformación maligna de la célula como enfermedad genética, pero no obligadamente hereditaria. En los próximos años del siglo XXI se incrementará notablemente el conocimiento y la función de los oncogenes y genes supresores con los estudios de genética y biología molecular que harán diseñar nuevas estrategias terapéuticas eficaces para el cáncer y su prevención, y con menores efectos secundarios.

De igual manera, las enfermedades cardiovasculares, las degenerativas, etc. esperan incrementar su conocimiento y atisbar soluciones para los que las padecen. Sólo la actuación coordinada de todos los que se empeñan en ello, ya desde el sector público, ya desde el privado, representado fundamentalmente por la industria farmacéutica, hará posibles los avances necesarios.

España debe ganarse el sitio que le corresponde en estos planteamientos.