Veinte años de ley de la Ciencia. Una generación después

     
Alfonso González Hermoso de Mendoza
Universidad Rey Juan Carlos
 

Con tres meses de diferencia en el año 1986 sucedían dos acontecimientos aparentemente inconexos. El uno de enero España se incorporaba como miembro a la actual Unión Europea, el catorce de abril se aprobaba la Ley de la Ciencia.

La democracia obtenía su pleno reconocimiento y se iniciaba un proceso de rápidas transformaciones para adecuar la economía al libre mercado. En paralelo las Cortes Generales manifestaban su compromiso por la ciencia y los valores que ésta encarna. Como señala Francisco Rodríguez Adrados “la ciencia nace como una derivación de la reflexión ético-política”. Democracia, mercado y ciencia, las instituciones sobre cuya conjunción occidente ha cimentado su civilización, se concitaban para construir un proyecto de convivencia nacional.

Pasados veinte años, España es un país moderno, reflexivo y próspero. Las medidas racionalizadoras se han visto soportadas por un entramado de directivas y reglamentos y facilitadas por una ayuda solidaria sin precedentes de 130.000 millones de € de otros países de la Unión Europea. Sin embargo, no se ha cerrado el triángulo virtuoso entre ciencia, sociedad y empresa. La política científica ha sido incapaz de establecer la conexión entre la actividad productiva y la generación de conocimiento científico y tecnológico. Igualmente ha fracasado a la hora de hacer evidente a la sociedad cuánta ciencia y tecnología hay detrás del bienestar de que disfruta y, lo que esto significa de esfuerzo colectivo, compromiso a largo plazo, creatividad y rigor.

En el décimo aniversario de la Ley de la Ciencia, Lafuente y Oro hablaban de los años perdidos. 10 años después podemos hablar de la década de la frustración. Los hijos de la Ley de la Ciencia, una generación que en su conjunto se sentía capacitada para dar el salto en su proyección internacional y para poner su conocimiento al servicio del bienestar y la competitividad nacional, han visto cómo se cerraba el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Pacto de Estado por la Ciencia nunca se llegó a firmar y cómo la distancia de nuestra inversión en I+D en relación con los países de la OCDE no solo no se mantenía constante, sino que aumentaba. En la memoria resuena el compromiso del III Plan de desarrollo de alcanzar 1,5% del PIB de inversión en I+D en el año 1975.

El tiempo ha exprimido una Ley de la Ciencia, en la que ahora se reflejan las insuficiencias del sistema. Su espacio ha pasado a ser compartido por la Ley de Cohesión Sanitaria, la Ley de Agencias, el programa INGENIO 2010 y, sobre todo, por la presencia de las CCAA.

En el presente monográfico se recogen 22 artículos que desde distintos y complementarios puntos de vista analizan el impacto de la Ley de la Ciencia en el sistema nacional de ciencia y tecnología, ofreciendo una experta reflexión sobre su futuro.

La convicción de que nos encontramos ante un momento crítico está presente en la mayoría de los agentes. De nuevo, nunca como ahora parece que las expectativas se alían con las necesidades para transformarse en oportunidades. Situación que investigadores, gestores, empresarios y ciudadanos en general están en condiciones de aprovechar para colocar a la ciencia y a la tecnología en el lugar que le corresponde en la sociedad española.