A comienzos de año, el ministro irlandés de Educación, Noel Dempsey, cuestionaba en una conferencia si las universidades deben seguir teniendo el doble rol de ofrecer enseñanza y dirigir la investigación. Asimismo, el ministro puso en tela de juicio el actual sistema de enseñanza predominante en Europa, donde la Administración Pública patrocina la enseñanza superior.

A efectos de realizar un análisis con alguna validez en un espacio restringido, es necesario introducir elementos de simplificación que no distorsionen demasiado las conclusiones. En esta dirección introduciremos dos marcos. El primero consiste en delimitar dos conceptos: sistema de generación de conocimientos (SGC) y sistema de generación de riqueza (SGR) o estructura productiva. Se puede hacer muchos matices, pero esencialmente el SGC se debería corresponder con las universidades y el SGR con las empresas. El segundo marco consiste en dejar clara una obviedad, que hablar de financiación es hablar de dinero, también para el caso de la universidad. Y el dinero es un medio de pago de productos o servicios que debería fluir desde el SGR al SGC para que las universidades, incluidas en el último, se financiaran. Parece que no es así porque si lo fuera no nos estaríamos preocupando ahora del tema. Puede argumentarse que a este esquema le falta una segunda pata: las subvenciones de la administración a las universidades. No lo parece en la medida en que no cabe esperar cambios sustanciales por diversas razones, entre las que cabe destacar que el incremento en el número y tamaño de nuestras universidades en los años pasados ha llevado a una situación en la que las administraciones se encuentran en el límite de lo que pueden aportar considerando que las universidades compiten por los recursos con otras necesidades. Además, hay cierto consenso en que el componente más deficitario es el que debería provenir de la financiación privada, no de la pública. Sí, es cierto que podría añadirse una tercera pata: la introducción de un sistema de créditos, como el recientemente propuesto en Inglaterra, para que las tasas de los alumnos se acercaran al coste de sus estudios. Pero esta pata tiene implicaciones políticas cuyo análisis excede al de este artículo.

Sobre la base de esos marcos podemos definir el problema: el SGC no es capaz de producir bienes y servicios valorados por el SGR. En realidad se trata de dos posibles problemas: a. el SGC no los produce y/o b. sí que los produce pero el SGR no atribuye valor a lo producido. En otro caso el SGR retribuiría por esos bienes y servicios al SGC y el problema no existiría. Además, doble ahorro, ni yo habría escrito estas líneas, ni Usted, lector, estaría perdiendo el tiempo leyéndolas.

No es que no se hayan probado iniciativas. Los Consejos Económicos y Sociales como interfases con la sociedad, la Fundación Universidad Empresa, los Parques Científicos que han nacido como setas para ofertar facilidades a las empresas aunque muchas veces se hayan quedado en negocios inmobiliarios, etc. A juzgar por los resultados, las distintas iniciativas han tenido, en el mejor de los casos, impactos modestos. ¿Por qué? ¿Qué maldición se cierne sobre nuestras universidades que les impide obtener remuneración por sus servicios? Casi es peor invertir la pregunta: ¿qué maldición se cierne sobre nuestras empresas que les impide obtener servicios de nuestras universidades que valoren lo bastante como para remunerarlos? Esta última formulación es más interesante si se entiende, como suele, retóricamente, afirmarse que las universidades se encuentran al servicio de la sociedad. Si no es así, la sociedad pierde la opción de acceder a servicios que podrían ser necesarios para recorrer la senda del progreso. Así que no tenemos un agente sino dos y entre ellos una potencial dialéctica. Pero este escrito pretende abordar el lado de la universidad. El lado de la empresa se puede, simplemente, enunciar: nuestras empresas recurren poco al conocimiento, que podrían esperar de la universidad, porque el conocimiento para lo que es útil es para la investigación y para la innovación. Pero estos dos objetivos se dan, normalmente, en función de los excedentes de las empresas y nuestro tejido industrial está mayormente constituido por PYMES, con escasos excedentes. Tenemos un problema serio de atomización y de falta consecuente de escala que permita abordar significativamente el desafío de la I+D desde una perspectiva empresarial. No faltará quién ataque esta afirmación con argumentos de "gurú del management" resaltando la importancia de la innovación para el futuro. No hay duda de que es así pero no podemos ignorar nuestra realidad si queremos mejorarla. A nadie se le ocurriría atacar a un país en desarrollo por no hacer investigación, suficiente tienen intentando comer. Esto nosotros ya lo hemos resuelto pero es ingenuo pensar que ya hemos resuelto otros temas estructurales que actúan como cuello de botella.

Por tanto, ahora ya tenemos bastante circunscrito el tema: el SGR retribuirá al SGC por aquello en lo que reconozca valor para sus fines, siempre y cuando lo pueda pagar. En este punto existe un desequilibrio fundamental entre lo que la empresa pide y lo que la universidad puede dar. Esta bastante claro que nuestros sectores más pujantes (los que pueden pagar) son el turismo, la construcción, la manufactura, la agricultura y algunos servicios. Es falso que se trate de sectores en los que el I+D sea poco relevante. Puede serlo y mucho. Pero no se trata, precisamente de los sectores en los que nuestra capacidad investigadora es más pujante. Tenemos excelentes investigadores en biomedicina, en biología molecular y en bioquímica, en física teórica y de materiales, en matemáticas y en algunos otros campos. Pero, miren, por muy buena voluntad que se ponga no se ve viable que una constructora contrate, por ejemplo, a un biólogo molecular. Hay un divorcio entre nuestra estructura productiva y nuestra estructura generadora de conocimiento a efectos de su potencial de interacción.

La relación de sectores "pujantes" lleva, inmediatamente, a plantear que nuestro futuro puede ser sombrío. Se trata de sectores amenazados. El turismo, por la competencia potencial del Norte de África, el Caribe y el Norte de Europa. La construcción, por el riesgo de la burbuja inmobiliaria y las futuras alzas en los tipos de interés. La manufactura, por la competencia de hecho de los países asiáticos. La agricultura, por la competencia de los países emergentes. Los servicios, porque si fallan estos otros elementos de la economía real, simplemente, no se contratarán. ¿Quo vadis economía española? Ahí es dónde se echa en falta al SGC liderando sectores que reemplacen a los que se nos queden obsoletos, contribuyendo a promover la diversificación, contribuyendo a fomentar el incremento en la productividad por la vía de la generación de empleos más cualificados, con mayor valor añadido, salarios más altos. Contribuyendo, en fin, a la Europa tecnológica dibujada en las declaraciones de Lisboa y de Barcelona. Sería un gran servicio que la sociedad debería pagar y que resolvería los problemas financieros universitarios. Pero no. Las afirmaciones de un par de líneas más arriba no pasan de retóricas a juzgar por los resultados. Y como el servicio no se produce, lógicamente, la sociedad no paga. Nótese que cuando se hace referencia a las universidades americanas ricas, se alude a entidades bien conectadas y abiertas a la estructura productiva, no entidades volcadas, salvo testimonialmente, a la resolución del día a día interno. Hay que insistir: apertura no quiere decir jornada de puertas abiertas una vez al año, quiere decir transacción, aunque sea de intangibles.

Todo esto nos lleva, inexorablemente, a la siguiente pregunta: ¿por qué no se abren las universidades y, con ello, explotan el potencial de sus profesores e investigadores? Obviamente, contestar a esta pregunta requiere contestar, antes, a otra: ¿existe ese potencial? Para tratar de dar una respuesta hay que matizar la pregunta anotando dos premisas. La primera es que en cualquier organización el elemento clave son las personas, los recursos humanos en otra nomenclatura. La segunda es que no todo el mundo tiene por qué ser valioso en un SGC, lo que no quita para que personas poco idóneas en este campo puedan ser valiosísimas dedicadas a otro tipo de actividad. Una vez dicho esto, puede afirmarse que la fuerza de la evidencia apunta a que el potencial es bastante menor que el que podría deducirse de los puros números. En caso contrario, existencia de un potencial alto, no estaríamos afrontando este problema. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los mecanismos de captación y gestión de los recursos humanos rozan lo desastroso, estando mucho más supeditados a los equilibrios de poder de los grupos internos de cada universidad que a la captación de activos valiosos. Lógicamente, si la captación de activos humanos no tiene que ver con el objetivo de desempeñar roles de interés para la sociedad, difícilmente se podrá cubrir tal objetivo. No es preciso hacer énfasis en la dificultad de gestionar esos recursos humanos.

De todo lo dicho hasta aquí se sigue que existe un componente circular en el problema. Hay escasa permeabilidad de las universidades con la sociedad que se realimenta con los mecanismos universitarios de captación de recursos humanos. Justo la dirección opuesta a aquella en la que habría que ir. Habría que añadir que la estructura de toma de decisiones no facilita una salida de ese círculo, como no lo hace que, al final, no existe una exigencia de responsabilidad sobre las decisiones que se tomen. No es necesario hacer hincapié en el hecho de que se vulnera el espíritu del precepto de autonomía universitaria, que pasa de ser un instrumento para que cada universidad desarrolle sus capacidades de acuerdo con sus prioridades específicas, a significar simplemente que las universidades son autónomas, viven aparte del mundo.

Por tanto el problema de la financiación de las universidades es consecuencia de sus dinámicas y no se puede desligar de ellas. Es un problema grave, sobre todo para la supervivencia de las universidades. Empezaba este escrito hablando del SGC del que las universidades deben ser un componente significativo, pero no el único. La sociedad es viva y, por tanto, dinámica. Si las universidades no asumen ese papel otros agentes irán ocupando su lugar en el SGC recepcionando los fondos correspondientes a la utilidad que supongan para la sociedad, detrayéndolos de los que las universidades puedan obtener. En este juego de múltiples factores cada universidad es responsable de su propio destino, pero dada la dificultad del cambio en la estructura de toma de decisiones cabe esperar que en bastantes casos se mantenga, por inercia, la actual y el futuro de la mayoría de ellas resulte comprometido.